Según apuntó el presidente de la comisión, Antoni Alorda, el proyecto del centro educativo hubo de separarse del que preveía el aumento de población, puesto que no se acreditaba la existencia de los recursos hídricos necesarios.
«A la modificación de la escuela no se le han puesto impedimentos, pero todo lo que concierne al crecimiento de población se ha rechazado», señaló Alorda.
Para el presidente, el problema residía en que el Ayuntamiento «asocia el equipamiento al crecimiento urbano».
Alorda concretó que si el Ayutamiento consigue la licencia de obras para hacer la escuela, no habría ningún problema, pero en caso de que se quiera urbanizar «se deberá acreditar que hay agua».
«Por un solar concreto no se puede paralizar una reordenación por insuficiencia hídrica, pero de una zona completa, sí. De hecho, hay sentencias que dicen que no puedes autorizar un crecimiento si no tienes garantizado que habrá agua, porque ahora mismo se sufre para dar suministro a la población existente», explicó. Indicó que el PGOU actual, aún así, ya prevé crecimiento.
La pelota ahora pasa al tejado del Consell d’Eivissa, que en primera instancia emitió un informe negativo, ya que las modificaciones del plan de ordenación han diseñado una estación de autobuses, con la que no está de acuerdo porque entiende que «está alejada del pueblo y no sería operativa».
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