El hecho de que esta medida limite las construcciones únicamente a un tercio de este polígono ha llevado a la oposición en el Consistorio a criticarla duramente. Indican que asumir el riesgo de las potenciales indemnizaciones que genera no está justificado por la protección paisajística de una zona, en la que ya existe un gran impacto de lo ya construido.
La concejala de Urbanismo, Elena López, defendía por su parte en el pleno del pasado 10 de enero la urgencia de la medida porque «si se pretende proteger aquella zona o pararse a pensar como desarrollarla, debemos evitar la concesión de nuevas licencias que se consoliden basándose en el Plan del 87». Un planeamiento urbanístico que permitía la construcción de hasta tres alturas en las nuevas viviendas y la ocupación de una superficie muy superior a la que permitirá el nuevo Plan de Ordenación Urbana (PGOU).
Hablar con los propietarios
El portavoz del partido Ciudadanos (Cs) en Vila, José Luis Rodríguez, solicitaba ayer a través de la red social Twitter que la concejala de Urbanismo se sentara a negociar con los afectados para «llegar a un acuerdo antes de que los juzgados puedan condenar a pagar elevadas indemnizaciones que hipotequen al municipio».
Rodríguez valora que la solución frente a este posible conflicto judicial pasa por «recuperar la propuesta que le hizo a esta misma concejala la Junta de Compensación, que recoge los parámetros del Plan General que quería aprobar el Ayuntamiento en 2016».
Un convenio que según el Consistorio no se llegó a tramitar porque las medidas que recogía estaba previsto que se incorporara «en el nuevo Plan General y se evitaba así una doble tramitación». Reconocen que el problema se planteó cuando no se pudo aprobar el nuevo PGOU en plazo. «Al ver todo lo que se podía construir con el plan antiguo [...] se tomó la decisión de hacer la moratoria, para replantearnos el impacto ambiental y paisajístico de la zona».
Una medida que entra dentro de la legalidad, de acuerdo con un informe jurídico externo que solicitó el propio Ayuntamiento. Sin embargo, la legalidad de la medida no obsta para que los propietarios puedan solicitar indemnizaciones por los perjuicios que cause la moratoria.
Contencioso administrativo
Desde la Junta de Compensación, manifestaron ayer su voluntad de plantear el recurso concencioso-administrativo frente a la moratoria planteada por el Ayuntamiento, una vez rechazado el recurso planteado. «La Junta entiende que tiene razón y todos los juristas consultados nos dicen que lo que reclamamos está justificado», explicaron.
Insistieron en tender la mano al Consistorio para poner en marcha el convenio planteado en 2015 con los mismos parámetros que se fijaron en aquel momento. «La decisión del Ayuntamiento de paralizar las licencias lo único que va a acarrear son costes a las arcas públicas, que es el dinero de todos», valoraron.
2 comentarios
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Igual de culpables son los que estáis construyendo esos horribles monstruos de ladrillos como los que han permitido la construcción. Ninguno siente un mínimo de respeto y de amor por Ibiza.
Mas vale que se arrodillen rápido y Rafa y Elena firmen el acuerdo de 2015, porque una vez iniciado el contencioso no pararemos hasta el TSJB y luego Ibiza pagara. Y lo mejor de todo que por la negligencia de estos dos, las casas nos saldrán casi a coste o menos con el dinero que nos de el ayuntamiento. Da igual que sea de “todos”, esto es culpa de los que votaron a PSOe y UP