Según han explicado en un comunicado, el pasado año se registraron algunos logros «importantes» en la gestión del agua, pero se siguieron arrastrando problemas como la contaminación de las aguas costeras debidos a la mala depuración.
Sobre el Pacto por el Agua, han recordado que las formaciones políticas «se comprometieron el pasado año a tomar medidas para alcanzar objetivos como garantizar el abastecimiento y prevenir los riesgos de sequía mediante el uso prioritario de agua desalada; mejorar el saneamiento mediante la finalización de la nueva depuradora de Sa Coma; promover la reutilización de las aguas depuradas e impulsar la recuperación de acuíferos y zonas húmedas».
La Alianza también ha puesto en valor en su balance de 2019 el acuerdo entre el Consell de Ibiza y los ayuntamientos para la redacción de una ordenanza de ahorro de agua.
En lo negativo, la entidad ha lamentado que tras la puesta en funcionamiento de la balsa de Sa Rota en Formentera después de dos décadas de inactividad, ésta se haya dejado de utilizar debido a la alta salinidad de las aguas regeneradas por filtraciones en la red de alcantarillado.
La Alianza por el Agua también ha lamentado el «deficiente» saneamiento de las principales depuradoras de Ibiza, criticando que la obra de la depuradora de Sa Coma es un ejemplo de una «deficiente gestión», ya que la instalación sigue paralizada y a la espera de la modificación del trazado de las tuberías y tramitación de las expropiaciones, unos trámites que pueden suponer una demora de la obra de entre dos y tres años.
Asimismo, entre otras deficiencias, la nueva depuradora de Portinatx sigue a la espera de adjudicación cinco años después del inicio de su tramitación. También el emisario de Formentera aún no ha sido reparado con la consiguiente destrucción de las praderas de posidonia.
Además, Ibiza entró en escenario de prealerta por sequía en septiembre de 2019, situación que afectó a la agricultura.
En la isla de Ibiza se ha constatado además que las pérdidas en la red por fugas equivalen a la producción anual de la desaladora de Santa Eulària, lo que significa más de cinco millones de litros de agua, una cifra «insostenible», según la Alianza.
La Alianza ha concluido recordando que es «imprescindible que las administraciones destinen los recursos necesarios para finalizar las infraestructuras de carácter urgente, agilizando los trámites de manera inexcusable».
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