Una celebración en el centro especial de ocupación Apfem Aktúa.

La deuda del Consell d’Eivissa con cuatro entidades de atención a la discapacidad (Apneef, Apfem, Amadiba y Aspanadif) asciende a más de dos millones de euros. En concreto, la Red de Asociaciones de familias de personas con discapacidad (Discared), que engloba a ocho asociaciones de este colectivo en la isla, cifra como pendientes de pago 2.059.428,95 euros por la prestación de servicios contemplados en la cartera básica de servicios sociales entre 2017 y el 1 octubre de 2019.

En un escrito presentado por el colectivo de asociaciones en el mes de octubre ante el Consell, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, Discared presenta el gasto en el que han incurrido las entidades al mantener abiertos los servicios cuya puesta en marcha autorizó el propio Consell.

El escrito de solicitud desglosa las cantidades pendientes de pago a cada entidad. A esos gastos indican que se han descontado los ingresos obtenidos a través de convenios, subvenciones y cuotas de familias.

Recuerdan que las cifras recogen el «gasto ya ejecutado» que hace referencia a «la atención de los usuarios en los servicios esenciales». Por otra parte, el documento hace hincapié en que es «obligación» del Consell ofrecer estos servicios conforme a la legalidad vigente e insiste en reclamar los conciertos sociales como herramienta para su cobertura.

Apuntan como solución «que se articule una subvención o se formalicen convenios de colaboración directos con las entidades de discapacidad». Recuerdan que estas medidas están recogidas en la Ley 12/2018 de Servicios a las Personas en el Ámbito Social para «garantizar mediante un instrumento jurídico ágil los derechos de las personas a través de las entidades que los representan».

Tres años de reuniones
Discared recuerda en su escrito que la exconsellera de Benestar Social, Lydia Jurado, informó en 2016 a las entidades de que se iban a poner en marcha «con carácter inmediato» los conciertos sociales para la discapacidad.

A raíz de ese anuncio, Discared determinó las necesidades de plazas concertadas en la isla. Con esta información el Consell presupuestó 1.494.945 en 2017 para financiar los conciertos. Las entidades fueron informadas por parte del Consell de la existencia de esta partida e iniciaron la creación de los servicios para lo que incurrieron en gastos extraordinarios para contar con las instalaciones y el personal necesarios. Asimismo contrataron servicios de auditorías con el objetivo de poder concertar con la Administración.

Para poder llevar a cabo la concertación es necesario que los centros estén autorizados y en funcionamiento. «Debíamos cumplir con los requisitos espaciales, materiales, documentales y de personal que nos marcaba la normativa, lo que generó un coste añadido a la situación de precariedad en la que ya nos encontrábamos», indica el colectivo.

Las entidades manifiestan su hastío tras tres años de «reuniones técnicas y políticas para avanzar en la concertación social», encuentros tras los que siempre han recibido la misma respuesta: «Estamos en ello».