Los alcaldes y el Consell ceden para llegar a un acuerdo sobre el reparto de los PIOS

El acuerdo prevé el reparto del Consell d’Eivissa de 7.401.061,33 euros entre los cinco municipios. De ellos 5,5 millones de euros corresponderán a los PIOS. Esta cantidad se repartirán de acuerdo con la población del municipio (62,5 %) y la extensión territorial del municipio (37,5 %).

Los en torno a 2 millones de euros restantes corresponden a la cantidad entregada a Vila en concepto de Capitalidad (1,5 millones) y al factor correctivo (401.061,33) fijado para que Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni reciban la misma cantidad por habitante y como mejora a Sant Joan.

En total corresponderá a cada municipio lo siguiente: 2,69 millones de euros para Vila (incluyendo la aportación por Capitalidad), 1.67 millones para Santa Eulària, 1,21 millones para Sant Josep, 1,16 millones para Sant Antoni y 650.884,19 euros para Sant Joan. El cambio supone una mejora de 130.000 euros para Vila y un pequeño descenso de inversión para el resto.

Dentro de estas aportaciones se incluye el sistema de financiación del Parque de Bomberos insular, cuyo mantenimiento pagarán los municipios por adelantado y se devolverán estas cantidades por parte del Consell a través del Pla 5.

Las inversiones que se hagan a través del plan deberán ser financieramente sostenibles.
Los alcaldes acudieron ayer al Consell de Alcaldes con sus propuestas bajo el brazo. El plan que había sobre la mesa establecía un 45 % del importe según el tamaño del municipio y un 55 % conforme a la población.

Vila propuso que este reparto pasase a ser del 30 % por territorio y el 70 % por población. Sant Josep cuestionó si era necesario que el Parque de Bomberos formase parte de esta tabla, dado que la devolución de lo que invierten los municipios requerirá que justifiquen unas inversiones dentro de un plazo concreto. Santa Eulària pedía que el 100 % de los PIOS se repartiera conforme al criterio territorial. Finalmente, Sant Antoni solicitaba un plazo más amplio para justificar las subvenciones y que sea posible cambiar el objeto de la inversión.

Tras la negociación el presidente del Consell, Vicent Marí, quiso destacar que con esta fórmula de reparto de PIOS y financiación del Servicio de Bomberos se ha conseguido un sistema «claro, transparente y del agrado de todos» con la idea de que «permanezca en el tiempo y que atienda a las obligaciones derivadas de la Ley de Capitalidad.

«Hemos tenido momentos de más y menos tensión, pero creo que hemos llegado a una conclusión que es satisfactoria para todos», abundó Marí.

Explicó que los factores de corrección, que suponen 243.915 euros más para Santa Eulària, 94.175 para Sant Antoni y 63.970 para Sant Joan, se han aplicado «para que no haya desfases demasiado grandes y que todos los ayuntamientos estén moderadamente satisfechos».

El coste del Servicio de Bomberos queda repartido conforme a un criterio poblacional, por lo que los costes se repartirán conforme al número de habitantes de cada municipio.
Destacó que la fórmula permite además a los Ayuntamientos prever las cantidades de las que dispondrán en este concepto para poder hacer proyectos plurianuales.

Ahora, el Consell y los ayuntamientos deberán redactar los convenios correspondientes para que sus peticiones de justificación y plazos de ejecución tengan un reflejo sobre el papel.

Los alcaldes
El alcalde de Vila, Rafael Ruiz, apuntó que la administración que encabeza «aspiraba a más», pero agradeció el esfuerzo que se había hecho en la negociación. Insistió en que el gobierno municipal entiende que la capitalidad es un factor que no debía entrar en este plan. Por otra parte, expresó el desconocimiento que existe respecto a la distribución y aportación en materia de Bomberos.

Por parte de Sant Joan, su alcalde Antoni Marí se mostró satisfecho con el acuerdo aunque «los nuevos factores de reparto supongan un pequeño perjuicio» respecto al anterior criterio.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, apuntó que el municipio tiene un equilibrio entre población y territorio, «pero sí que es cierto que la naturaleza de un plan de obras y servicios tendría que primar al que tiene más territorio para cuidar y dar los mismos servicios a todos los ciudadanos».

Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, explicó que sus alegaciones buscaban que los PIOS «tuviesen en cuenta las inversiones plurianuales y no hiciesen como en planes anteriores en los que el 15 de diciembre se tenían que justificar los proyectos». Es por ello que buscará la aceptación de que las obras puedan ser no finalistas «para que no nos encontremos que caduque la entrega de estos fondos».

En cuanto a Sant Josep, el alcalde Josep Marí quiso dejar claro que «un cambio tan importante como es que los ayuntamientos sean a partir de ahora los que lo paguen los bomberos» tendrá que ser digerido por los municipios y plasmado en los presupuestos municipales. Es por ello que planteó que se deberá determinar quién dirige el Servicio de Bomberos o la toma de decisiones respecto a dónde se construirán los dos futuros subparques.