El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a dos años de prisión a Alejandro G.J.P, de 33 años, acusado de un delito de apropiación indebida por transferirse un total de 19.500 euros de la cuenta de un amigo que se encontraba en estado de coma, ingresado en el hospital de Can Misses.
La sentencia hecha pública ayer también condena al acusado a indemnizar con 19.500 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil. No obstante, el tribunal presidido por Diego Gómez-Reino absuelve al acusado de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de coacciones.
Libertad vigilada
Asimismo, el fallo refleja la «eximente completa de anomalía psíquica y, en consecuencia, le imponemos la medida de seguridad de libertad vigilada consistente en el sometimiento a control médico externo, adecuado a su enfermedad, por tiempo máximo de tres años y prohibición, en igual periodo, de aproximarse a la víctima».
En el juicio celebrado el 17 de enero, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron en sus conclusiones finales una pena de tres años y medio de prisión por un delito de estafa y hasta ocho años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Según el relato de los hechos, el acusado aprovechó el ingreso de la víctima en la UCI de Can Misses para realizar una transferencia a su favor de 19.500 euros, dinero «que incorporó a su patrimonio sin que tuviera intención alguna de devolver dicha cantidad».
Entre enero de 2015 y mayo de 2016, el acusado convivía con la víctima, que sufría problemas de salud. Alejandro le hacía compañía y logró «ganarse la confianza hasta conseguir que le otorgase un poder notarial en virtud del cual le permitía, entre otros extremos, realizar operaciones bancarias».
En la vista, el acusado rechazó cualquier acuerdo de conformidad y ante la sala reconoció haberse transferido los 19.500 euros de la cuenta del afectado. En su defensa, argumentó que esa cantidad era la que le correspondía por los cuidados prestados durante tres meses.
Durante el juicio, también declaró por videoconferencia la víctima, quien subrayó que el acusado le había «arruinado la vida y casi acaba con ella».
La sentencia no es firme y las partes pueden apelar en el plazo de diez días.
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