La consellera no adscrita, Marta Díaz, durante el pleno de ayer. | Marcelo Sastre

La consellera no adscrita, Marta Díaz, conservará su sueldo de 33.310,77 euros brutos al año por una dedicación parcial del 60%. Una retribución cuya retirada solicitó el PSOE a finales del año pasado al valorar que, tras dejar de formar parte del partido, dicha retribución pertenecía al grupo y no a Díaz.

Tras suspender el primer intento de llevar al pleno este tema en noviembre, ayer se tomó una decisión. El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, dio cuenta del informe jurídico que defiende que la retribución pagada a Marta Díaz se ajusta a derecho. Al menos, conforme a la jurisprudencia.

«La situación que se ha producido en este Consell es novedosa en toda España y, tanto es así, que existe un vacío legal sobre esta cuestión», explicó Juan. Es por ello que se analizó la normativa relacionada con el tema y «la jurisprudencia, que sí es mucho más extensa sobre el régimen de derechos políticos y retributivos de los miembros de las corporaciones locales».

En una de estas sentencias del Tribunal Supremo se establece respecto a los concejales no adscritos que «sus emolumentos serán personales por las tareas que desempeñan», es decir, que los sueldos de los cargos públicos son suyos, no de los grupos políticos a los que pertenecían.

«Es algo que nos puede gustar o no, a raíz de los hechos conocidos, pero no es un debate político sino legal», recalcó.

Marta Díaz desgranó en su intervención el escrito de defensa que había presentado, basado ampliamente en jurisprudencia. Criticó el escrito presentado por el PSOE en el que no se fundamentaba la petición en derecho. «Si la hubiese revisado gente de la Federación Socialista que lleva años en política, en lugar de calentar silla, este escrito no se hubiera presentado», valoró.

Por su parte, Vicent Torres, defendió por parte del PSOE que la decisión de «mantener o modificar» la dedicación de los consellers es una decisión política. Es por ello que consideró que se ha «vestido como una decisión jurídica y no política», algo que calificó de «trampa». Mantuvo que la dedicación debía retornar al PSOE.

Mariano Juan le respondió que no era cuestión de voluntad política y le conminó a «lavar los trapos sucios en casa».

Por su parte, Viviana de Sans, de Podemos, instó al PP a leer el pacto antitransfuguismo, en el que se indica que una cosa es el acta y otra los derechos económicos. «Es verdad que el acta es suya y tiene derecho (Marta Díaz) a estar aquí porque así lo dice la ley, pero mantener una asignación pactada con el PSOE vulnera lo que eligió la ciudadanía».