Una de las concesiones de hamacas de Cala Vedella en una imagen de 2019.

Los ayuntamientos de la isla y el Consell tienen ya diseñada una batería de medidas que buscan, sobre todo, rebajar la presión fiscal sobre los ciudadanos de Ibiza por igual. Ante unas perspectivas muy negativas, consideran necesario hacer lo posible por facilitar, por poco que sea, la situación económica de las familias y las empresas.

Las actuaciones implicarán que los administradores de la hacienda pública tengan que hacer malabarismos para poder cuadrar los números presupuestarios.

Uno de los aspectos que puede suponer mayor reducción de ingresos para las haciendas locales es la suspensión del pago del canon por las concesiones de servicios en playas. El alquiler de hamacas, sombrillas y elementos náuticos supone unos ingresos municipales que superan los seis millones de euros a nivel insular.

Sant Josep, el municipio con mayor línea de costa, es el que más ingresos obtiene por este concepto. Recauda en torno a 4,5 millones de euros, el 12 % de su presupuesto municipal que para este año ascendió a 37,8 millones de euros.

Santa Eulària estaba en proceso de adjudicación de las concesiones, con un precio base de 433.465 euros anuales y Vila recauda 407.662 euros a las empresas que explotan estos servicios en las playas del municipio. Sant Joan obtiene unos ingresos de alrededor de 290.000 euros mientras en Sant Antoni son unos 200.000, según fuentes municipales.

Suspensión hasta julio
El concejal de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, avanzó que el gobierno municipal aplazará el pago de las concesiones al mes de julio. «De aquí al 30 de junio sabremos como evoluciona la situación. Quizá el mes que viene se abran las playas, quizá lleguemos a agosto sin abrirlas. Por tanto nos damos un tiempo prudencial para que nadie tenga que pagar nada», explicó. La medida se modulará conforme evolucione la situación.

«Si vemos que entramos en junio y se mantiene la situación, tendremos que plantearnos medidas drásticas», avanzó. Si se diera el peor escenario, apuntó que el Consistorio no cobraría el canon. «¿Hay que cobrar a una empresa por la concesión de un servicio que no ha podido ofrecer? Nosotros entendemos que no. Si esto nos obliga a rehacer el presupuesto, es lo que tendremos que hacer», concluyó.

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Cero ingresos
El presidente de la asociación de Bares, Restaurantes y Concesionarios de playas de Sant Josep, Toni Marí ‘Moreres’, se mostró muy preocupado por un año en el que podría encontrarse con «cero ingresos» si no se recupera el transporte aéreo regular.

Señaló en ese sentido la incertidumbre que genera el no conocer las medidas que implementará el Gobierno para este verano. Es por ello que consideró que el canon de playas no se debería aplicar en el municipio.

Auguró que si se cobra, «más de la mitad de los concesionarios optarán por no instalar los servicios» dado su elevado precio.

Desde su punto de vista lo más importante en este momento «es poder dar cuanto más trabajo posible a la gente», algo que para el empresario será imposible si no obtiene ningún ingreso.

EL APUNTE

Diez bloques de medidas en materia fiscal para toda la isla

Las instituciones de la isla prevén presentar en la jornada de hoy la batería de medidas que han perfilado de forma conjunta. Estará compuesta de diez bloques, la mayoría de ellos orientados a reducir la presión fiscal, además de medidas para incentivar la economía. El objetivo de los ayuntamientos y el Consell ha sido evitar que la situación actual diera pie a generar desigualdades dentro de la isla si cada municipio desplegaba sus propias medidas. A falta de concretar, plantean: el aplazamiento de pago de tributos, facilitar el fraccionamiento para aquellos que lo necesiten sin tener que pagar intereses, reducir el pago de tasas de forma proporcional al período en el que no se haya disfrutado del hecho imponible (terrazas en la vía pública o servicio de basuras de hoteles) o impulsar la obra pública. El documento establecerá unos mínimos que supondrán el grueso de las medidas que se tomen, al margen de que los ayuntamientos puedan tomar medidas concretas adaptadas al municipio.