Vicent Marí presenta el Plan Insular de Reactivación y Recuperación Económica, Social y Ambiental.

Muchas horas de reuniones telemáticas en las que volaron las ideas, las propuestas y los intercambios de pareceres con el objetivo final de encontrar un camino que facilitase la reconstrucción económica de Ibiza. La crisis sociosanitaria provocada por la COVID-19 está golpeando con fuerza la isla, y el Consell, los sindicatos y las patronales se pusieron a trabajar desde el primer minuto para buscar una solución. Esta ha llegado en forma de un documento con 45 medidas que lleva por nombre Plan Insular de Reactivación y Recuperación Económica, Social y Ambiental. Un texto que pretender estimular la inversión pública y privada e incrementar la activad de los sectores más afectados.

Fue un texto a contrarreloj en el que se buscó un consenso total que no se alcanzó. Viviana de Sans, portavoz de Podemos, resumió la negociación desde su plaza en la oposición de la siguiente manera: «Estamos agradecidos al Consell por intentar sacar un texto de consenso. Se han puesto sobre la mesa diferentes medidas, hemos dado nuestra opinión, algunas se han modificado y en otras hemos tratado de apoyar, a pesar de no estar de acuerdo en algunas cosas».

De Sans señaló, que pese a este intento de acercar posturas, en el texto final han salido algunas medidas que no comparte: «Hay propuestas de Urbanismo y Territorio con las que no podemos estar de acuerdo». Una línea que comparten los sindicatos. CCOO y UGT rechazaron los aspectos del texto en los que habla de modificaciones en las leyes de Urbanismo.

Donde sí se llegó a un punto de acuerdo fue en la medida más importante de este documento. La ampliación de hasta 25 m2 útiles en viviendas obsoletas de menos de 150 m2 en construcciones en las que se hagan obras de reforma con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y medioambientales básicas en un plazo de tres años. Las características de este punto se alcanzan después de que el PSOE –el único de los actores que no quiso valorar el documento– pidiese que fuese para viviendas de hasta 150 m2; y la puntualización de Podemos de establecer un plazo más corto al original, que era de cinco años.

Mariano Juan: «Todos hemos cedido para llegar a acuerdos»

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El vicepresidente primero, Mariano Juan, valoró ayer la dificultad para llegar a este tipo de acuerdo en tan poco tiempo: «Es imposible llegar a un consenso absoluto en dos semanas y media. Si hubiésemos tenido dos meses, estoy seguro de que así habría sido. Todos hemos cedido para llegar a acuerdos».

Juan confesó que las principales demandas de los podemitas llegaron en forma de plazos, algo que confirmó De Sans: «Nosotros queríamos que todas estas disposiciones fuesen temporales, que tuvieran vigencia mientras durase este periodo de crisis».

El texto que también recoge medidas contra el intrusismo, tiene otros puntos clave. Uno de ellos es la petición de agilizar la actualización de los planeamientos urbanísticos de Sant Josep y Sant Antoni, unas normas que datan de los años 80 y que generan ciertas trabas. También son muy importantes las medidas para simplificar la burocracia, entre estas se incluyen mecanismos para agilizar las subvenciones, las reformas y rehabilitaciones; o normas para suprimir las cédulas de habitabilidad. También se incluye la modificación de leyes nacionales para agilizar adjudicaciones.

El hecho de que todas las partes hayan alcanzado un grado de afinidad a la hora de elaborar el documento que ya está en manos del Govern, da un pequeño margen de confianza a que el texto pueda ser aprobado, o al menos varias de las 45 medidas que componen el texto.