Mariano Juan, durante su intervención.

El Consell d’Eivissa se ha marcado el objetivo de fomentar la reactivación económica, social y ambiental de la isla a través de la «reconversión ecológica de las construcciones viejas», que vendría a abarcar todas aquellas que datan entre los años 60 y los 80. Una medida que partirá de una normativa temporal de tres años de duración que facilitará a los propietarios la reforma o rehabilitación de sus inmuebles. Todo ello, además de un incentivo para aquellas de pequeñas dimensiones, por debajo de los 150 metros cuadrados.

Así lo anunció ayer el vicepresidente primero y conseller de Territori, Infraestructures y Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, en la presentación del Plan de Medidas de Agilización y Flexibilización para incentivar la actividad social y económica en la isla de Ibiza. Un paquete de 45 medidas centradas, sobre todo, en trámites burocráticos con el fin de agilizar los procedimientos administrativos, así como potenciar la ordenación territorial, medidas medioambientales y un mayor control sobre el intrusismo.

Este documento que el organismo insular trasladará al Govern balear formula una serie de propuestas a llevar a cabo a nivel autonómico para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19 y ha estado consensuado con diferentes agentes sociales y económicos. De hecho, han participado sindicatos –UGT y CC.OO.–, patronales del sector empresarial –Pimeef, CAEB y Fehif–, todos los ayuntamientos de Ibiza y los partidos políticos con representación en el Consell.

En este sentido, Mariano Juan puntualizó que si bien «aspiramos a que las medidas se puedan aplicar en toda la comunidad autónoma», como mínimo «pedimos que se apliquen al menos en Ibiza».

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Las medidas en cuestión, según detalló el president del Consell, Vicent Marí, afectarían aquellas obras en edificaciones e instalaciones existentes que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni comporten incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas, además de cambios de usos. Asimismo, el Consell Insular también pretende suprimir la tramitación de cédulas de habitabilidad por parte del propio organismo, ya que es un proceso por el que «ya velan los Ayuntamientos» y supone una «duplicidad de procedimientos» entre ambas instituciones competentes.

Declaración responsable

Por otra parte, el organismo insular considera innecesaria la concesión de licencias municipales en determinado tipo de obras que afecten a edificios ya existentes. De esta manera, tal y como explicó el conseller de Territori, bastaría con una declaración responsable, ya que se trata de reformas «que no alteran parámetros urbanísticos». A cambio, los Ayuntamientos deberán impulsar más inspecciones con el objetivo de que se cumpla la normativa sin colapsar los departamentos urbanísticos.

El Consell d’Eivissa también propone reformular los procedimientos que afecten a viviendas de suelo rústico, con el fin de que estos sean más rápidos y dependan únicamente del control del propio organismo. Además, también se valora en el plan que esta tipología de viviendas no requiera de una fase de exposición pública; un trámite «inútil», según Juan, ya que «absolutamente nadie nunca ha hecho alegaciones».

Del mismo modo, Juan expresó la voluntad del Consell de refundir en un mismo trámite la zonificación turística, la agraria y la revisión del Plan Territorial Insular (PTI): «No tiene sentido hacer tres procedimientos separados, que además se podrían descoordinar».