En ese documento se recogía, en primer lugar, la «necesidad de habilitar algún procedimiento» para que los ayuntamientos de Sant Antoni y Sant Josep pudiesen «modernizar sus planeamientos urbanísticos mientras tramitan sus planes generales». Una modificación que facilitaría la necesidad de ambos ayuntamientos de contar con suelo para nuevas equipaciones o viviendas de protección oficial.
También se pedía una modificación de la Ley de Urbanismo de Balears para facilitar los trabajos de dotación de alcantarillado en zonas consolidadas, según pedía Santa Eulària; Sant Antoni también solicitaba que se pudiera reconvertir la cubierta de edificaciones turísticas «sin incrementar alturas» en zonas de uso para la clientela.
Ninguna de las peticiones fue recogida por el decreto ley presentado por el Govern la semana pasada.
Sant Josep
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, consideró el decreto como un avance muy importante y quiso señalar la importancia de «algunas medidas de las que lo medios hablan poco» que se incluyen en el decreto, como la agilización de la administración o la flexibilización de las plantillas.
Quiso recalcar que la propuesta de plantear un mecanismo para que los municipios pudiesen tener mayor flexibilidad para gestionar el ordenamiento a través de Normas Subsidiarias la planteó directamente el Consell.
«Poco antes del día en que se presentó el documento de propuestas al Govern, el presidente del Consell llamó para informar de que se incorporaría esta propuesta. Yo le dije que era difícil que a estas alturas el Govern lo recogiese en un decreto de emergencia, pero que me parecía bien que se pidiese».
Agustinet aseguró que la intención de su equipo de gobierno es «arreglar» el urbanismo del municipio, algo que si se hace a través de un Plan General (en el que Sant Josep ya trabaja) tardará años y si se hace a través de normas subsidiarias sería un proceso más ágil. Es por eso que indicó que una modificación así sería muy interesante para el municipio pero «ahora mismo la ley manda hacer un Plan General, por lo que, salvo que se modifique, habrá que hacerlo así».
Sant Antoni
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, lamentó que se hubiera perdido la oportunidad de aportar más a Ibiza con el decreto. «Las peticiones que venían desde el Consell d’Eivissa estaban consensuadas y había una muy importante para poder desarrollar la planificación urbanística a través de Normas Subsidiarias. Esto era lo que nos hacía más falta en Sant Antoni».
Si bien indicó que las modificaciones para agilizar la tramitación de reformas mediante declaración responsable en suelo urbano servirían al ayuntamiento para reducir el plazo de espera para la concesión de licencia (que está por encima de los dos años en Sant Antoni), consideró que no tenía sentido que no se permitiera realizar esas reformas en suelo rústico.
Santa Eulària
Desde el municipio del río valoran que se trata de un documento que «no da la respuesta necesaria a las necesidades que tienen los municipios de la isla».
En ese aspecto indican que la dispersión de las viviendas en Ibiza en suelo rústico debía haber motivado que las reformas mediante declaración responsable se extendieran a este ámbito. «Parece discriminatorio cuando hablamos sólo de reformas. No parece razonable con la cantidad de viviendas de este tipo que hay en nuestro entorno».
Por otra parte consideran que el decreto supone una pérdida de autonomía municipal al pasar a ser vinculante el informe del Consell d’Eivissa respecto a las modificaciones puntuales del planeamiento.
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