Entre las medidas principales del decreto está la recalificación automática del suelo urbanizable en rústico común. Algo que, según las primeras estimaciones del Consell d’Eivissa, afectará a 160 hectáreas de terrenos en Sant Josep, Sant Antoni y Vila.
Quedarán fuera de esta recalificación los terrenos de Ca n'Escandell, en Vila, donde está prevista la construcción de más de 532 viviendas de protección oficial (VPO). La norma, que entró en vigor en el momento de su publicación, prevé una excepción para los terrenos urbanizables contemplados en convenios urbanísticos firmados, que estén incluidos en un proyecto de urbanización en tramitación o en los que la actuación prevista no se haya iniciado por causas imputables a la Administración. El proyecto de Ca n'Escandell se podría encuadrar en cualquiera de los tres supuestos, por lo que el propio conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, confirmó que seguirá adelante.
También quedará fuera por estas excepciones la zona de Sa Joveria, en la que existe un convenio de construcción y hay proyectado, un aparcamiento disuasorio.
El suelo urbanizable de Santa Eulària y Sant Joan también quedarían fuera de los supuestos recogidos en la norma, dado que sus Normas Subsidiarias son posteriores al Plan Territorial Insular.
Urbano no consolidado
Respecto a este tipo de terrenos en lo que existe urbanización pero no cuentan con todos los servicios, el decreto ley establece que cada Consell Insular deberá determinar antes del 31 de diciembre de 2021 si ese suelo es urbanizable o rústico. En caso de no hacerlo será el Govern balear la institución que tenga potestad para hacer esta recalificación.
Desde el Consell d’Eivissa criticaron la medida que «en ningún momento menciona la intervención de los ayuntamientos en un proceso de decisión sobre sus territorios» y que supone a los consells asumir una responsabilidad que puede suponer reclamaciones judiciales.
«La ley ni siquiera establece que no exista responsabilidad patrimonial para este tema, algo que sí recoge para el Govern», lamentó el conseller ibicenco de Territori, Mariano Juan, que apuntó que en cualquier caso serán los jueces los que diriman posibles conflictos con la administración.
Por otra parte aseguró que el Consell reunirá a los ayuntamientos para que sean ellos los que valoren los planes que tienen para esas zonas de suelo urbano no consolidado, a pesar de que el decreto no les obliga a ello. Aún así, consideró «inaudito» que sea el Consell o el Govern quien decida si una zona urbanizada «se pueden construir dos plantas o cuatro plantas», algo que consideró que en todo caso pertoca a los ayuntamientos.
Rústico
El decreto fija un apartado de condiciones de ordenación del suelo rústico de las que quedan excepcionadas expresamente las islas de Ibiza y Formentera. La disposición adicional única indica que las previsiones del capítulo III no se aplicarán cuando el Consell haya aprobado definitivamente una revisión o modificación del Plan Territorial Insular (PTI) en los dos años anteriores a la vigencia del decreto ley. Ambas islas aprobaron modificaciones el año pasado
Miquel Mir, valoró que Ibiza tiene un PTI «moderno» que «se acoge a los parámetros ambientales del siglo XXI que supuso un avance en la protección territorial de la isla».
La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, también valoró en la misma línea el Plan Territorial ibicenco, aunque señaló que la protección del territorio «nunca es suficiente» del mismo modo que la gente nunca tiene «un nivel de felicidad suficiente» o tiempo «suficiente para estar con la gente que quiere».
Sin contar con Ibiza
Desde el Consell d’Eivissa, reiteraron su «impotencia y rabia» por el hecho de que no se haya consultado ni informado sobre la elaboración de este texto ni al Consell ni a los ayuntamientos de Ibiza. Algo que dolió todavía más al saber que el Consell de Menorca trabajaba desde hacía dos semanas con el borrador del decreto ley y en el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma también lo conocían.
«Como institución ibicenca nos sentimos ninguneados. Una presidenta del Govern que habla de federalismo interior y de respeto y lealtad institucional y hace estas cosas debería hacérselo mirar», consideró Mariano Juan.
Aseguró que conocieron de la existencia del texto cuando ya estaba aprobado y que recibieron una copia pocos minutos antes de presentarlo ayer a la prensa. «Es triste que te tengas que enterar por la prensa o por Twitter de que el Govern prepara un decreto que le da la vuelta a la normativa urbanística de los municipios de la isla en la que gobiernas», lamentó Juan, una queja que al parecer también manifestó el presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears.
7 comentarios
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no discuto estas VPO en concreto, y menos el concpeto en si de VPO....pero ¿de verdad piensan que la solución para Ibiza es hacer mas pisos?. ¿Cuánto van a tardar los "dueños" de estas VPO en alquilarlas por semanas? ¿no han visto lo llenas que estan ya las playas, las carreteras de junio a octubre (sin coronavirus, claro). Y eso si, en el campo que nadie construya, que es malo. MENOS EDIFICIOS, MENOS HOTELES, MENOS DE TODO
Vamos a enladrillar Ca n' Escandell que los intermediarios necesitan más material para el negociete de los alquileres estivales.
Se libran , pero seguirán diciendo que no hay agua....
Se escribe Ca n'Escandell, para su información.
Todo una lección, y van mil, de gobernar sin complejos. Luego al Pp le cuesta un mundo mover una coma. Este de la política ya no tiene sentido, la falta de consenso debería ser penalizada. Es una vergüenza y además son ocurrencias, lo de aprobar un art ....el 6 la semana pasada y ayer cargárselo demuestra lo mucho que lo poco que piensan....lo dicho un rídiculo y PIlar al frente contra su gente.
VPO a precio de clase alta. Muchos políticos tienen varias propiedades, locales y terrenos ( los menos interesados en arreglar el acceso a la vivienda ) Miiles ibicencos nos veremos obligados a marcharnos mientras esto se llena de pisos pateras ( pensiones residenciales ) o empujan a los trabajadores a la pobreza. Yo estoy mirando la costa tropical de Granada ( busquen fotos ), comparen precios y con un buen nivel de vida y posibilidades para darnos cuenta que la isla la han cagado las moscas carroñeras. O en Granada metropolitana con alquileres de 350 euros ( pueblos de distintas poblaciones ) en un radio de 10 kilómetros a la capital. Y donde las posibilidades de vida, las comunicaciones terrestres, culturales y calidad de vida son iguales y en zonas superiores a la de la isla. Este es el éxito que ha cosechando tantos años de política..
Pues Sres. del PP del Consell ya saben lo que hay en Palma y como se las gastan sus "amigos" del Psoe en Ibiza, que primero pactan una cosa y luego, cuando llaman desde Palma defienden lo contrario. Esto es la guerra y con buenas palabras no se conseguirá nada. Aplíquense al cuenta porque sino nos robarán hasta los pantalones. Cambien el PTI, que es para lo que les hemos votado ya!