A Catherine le quedan 12 años para pagar la vivienda en la que reside en la escalera 2 de los apartamentos Don Pepe. Hace ya 16 años que vive allí. Compró el piso porque era lo más barato que se podía encontrar en la isla en aquel momento y no encontraba una casa de alquiler en la que le dejaran estar con sus dos perros.
Antes de eso, ella vivía de alquile pero sus caseros fallecieron y los hijos tenían otros planes para la vivienda. Una historia repetida tantas veces en Ibiza.
Durante la crisis sanitaria ha estado tirando de ahorros. El mes pasado ya no pudo pagar su hipoteca. Pidió la moratoria del pago hipotecario que fija el decreto ley 8/2020, pero se la denegaron. Es trabajadora de temporada y en marzo no estaba dada de alta en la Seguridad Social, por lo que no entra en los criterio establecidos por el Gobierno. Aún así, dice que su banco le está poniendo las cosas fáciles. Le han propuesto una moratoria con otras condiciones que está tramitando.
«Si nos acaban desalojando y no se hace nada, toda la vida voy a pagar un apartamento que no existe», se lamenta. Ese es uno de los aspectos peculiares de este caso, repetido por varios propietarios de viviendas. En su momento, los bancos enviaron un tasador que comprobó el estado de la vivienda y no consideró un riesgo la concesión de las hipotecas.
Criminalizados
Las viviendas existen. Se han firmado compraventas ante notario, se han generado plusvalías que se pagaron al Ayuntamientos, se pagan impuestos de basuras y el IBI, diligentemente. Es por ello que los propietarios de estas viviendas, que están ahí y han ido cambiando de manos, se sienten víctimas de esta situación.
Catherine indica, con los ojos brillantes por la emoción, que ha leído comentarios en las ediciones digitales de los periódicos que siente que criminalizan a los propietarios. «Cuidamos del entorno, en general los vecinos somos gente que ama la naturaleza. La gente se piensa que somos okupas o yo que sé. Somos familias normales y trabajadoras», explica.
A muchos les llevó a adquirir una de estas viviendas el precio. Los efectos de estar junto al mar han ido deteriorando estos apartamentos, que se encuentran en un lugar privilegiado, en pleno Parque Natural de Ses Salines, algo que les hace sospechar que las autoridades les quieren echar. «Nos quieren quitar de en medio de un plumazo», le comenta un vecino a otro, mientras le explica cómo está la situación.
David, que vive con su mujer en la misma escalera, teme que sean los siguientes en ser desalojados. Explica que la comunidad de vecinos ya tenía el dinero para hacer las reparaciones necesarias, pero el Ayuntamiento ahora no autoriza los trabajos. Considera que las administraciones deben y pueden hacer algo al respecto. «Los vecinos queremos una solución definitiva, no algo temporal», indica.
A pesar de que se está trasladando a las familias a unos apartamentos, se preguntaban por cuánto tiempo será. Y si no pueden volver a sus casas, ¿qué harán después?
Los últimos enseres
Mientras la grúa retiraba los coches de los alrededores de la escalera 1 de los apartamentos Don Pepe para permitir que los camiones de obra entren a dejar el material para apuntalar, los vecinos pululaban por la zona y hacían corrillos, informándose unos a otros de la situación. Algunos eran residentes en las viviendas desalojadas y les contaban la situación. Podían llevarse los objetos personales, pero no los muebles. Una vez que la empresa contratada por el Ayuntamiento apuntale la escalera podrán acudir a retirar el mobiliario si así lo desean.
Juan Francisco del Valle fue uno de los desalojados junto a su mujer y sus dos hijas. El techo que se derrumbó es el de una casa de su propiedad en la que residían unos inquilinos suyos. Al ver la gravedad del asunto explica que llamó a los bomberos que precintaron la habitación.
Explica que llamó al seguro y que un perito le explicó que era un destrozo reparable. Se puso en contacto con la arquitecta de la comunidad, que también dictaminó que era «aparatoso pero se podía reparar». Debido al parte de bomberos fue cuando acudieron técnicos municipales y sacaron otras conclusiones.
La presidenta y el administrador de la comunidad informaron el martes de que debían desalojar el portal. Entonces, surgieron las incertidumbres. «He preguntado y desde el Ayuntamiento me han dicho que tenemos el plazo de un mes. ¿Pero después de un mes, qué va a pasar con nuestras vidas? Aquí hay cien familias, gente que tiene dos y tres hipotecas, que paga sus impuestos, sus basuras, su comunidad. Todo se ha hecho legalmente. Ahora resulta que esto no es legal, pero sí que nos han cobrado todo», se quejaba Del Valle.
Los vecinos piden una solución y sensibilidad social frente a una situación que se ha ido dejando y requiere una respuesta que ponga orden y no suponga dejarles en la estacada.
5 comentarios
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Lo que no se ha dicho en ninguna de las noticias es que el edificio es ILEGAL y este es el motivo real por el que no se pueden autorizar las obras. Los propietarios no tienen ninguna culpa, muy probablemente no supieran la situación, pero están pagando técnicos y abogados que no les asesoran bien. No es nada fácil solucionar esta situación.
El ayuntamiento lo que quiere es tirarlos abajo y construir unos cuantos apartamentos de lujo a los 4 con dinero. Y después las familias se tendrán que marchar y les importa un carajo. Menudos sin vergüenzas. Mucho animo a las familias.
El siguiente será alguno en figueretas, y algún otro de sanantonio, santaeularia y similar, mamelucos esperpenticos de más de 50 años sin seguimiento en su estado, filtraciones de agua y forjados dañados, estos han aguantado medio siglo, la obra nueva no creo que llega a tanto y la pública ya ni te cuento.
Tipical Ibiza
Siento mucho lo que os está pasando. No sois culpables, sino víctimas de la especulación y del mal hacer de otros. Mucho ánimo a todos y os deseo que todo se arregle de la mejor forma posible.