«La posición de Asfinrus es muy legítima, y del mismo modo lo son las de aquellos que dicen completamente lo contrario, como Prou! o el GEN», apuntó ayer el conseller de Territori, Mariano Juan, en respuesta al comunicado de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep.

Asfinrus reclamó este fin de semana en un comunicado la defensa de los intereses ibicencos ante un Govern «mallorquinizado» y recordó al Consell su promesa electoral de modificar el Plan Territorial Insular (PTI).

«Todas las asociaciones de Eivissa deben entender que el modo de poner en marcha una ordenación territorial que perdure y que no esté pasando de un lado a otro como un péndulo cada cuatro años es alcanzar un punto de encuentro», valoró Juan.

Es por ello que indicó que desde el Consell se trabaja en la prometida modificación del PTI, pero se quiere alcanzar mediante un equilibrio entre todas las posturas que supondrá que «todos tendrán que ceder». Un trabajo que anunció que «será lento», pero aportará solidez a la modificación.

Por otra parte recordó que para que esa modificación salga adelante hará falta que reciba el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente y de otras instituciones del Govern, por lo que destacó la necesidad de elaborar un documento que pueda recibir una resolución favorable. «Hay que ser conscientes de que si ponemos recursos públicos para hacer un PTI, que es algo que cuesta mucho dinero, tiene que hacerse una modificación que tenga vocación de durar y que llegue a buen puerto. Hacer un PTI para que lo rechacen en Mallorca no tiene ningún sentido. Sería malgastar dinero público y engañar a la gente», según Juan.

«Mallorquinización»

Juan criticó la «ignorancia premeditada de la realidad de la isla de Ibiza» que existe por parte del Govern.

Recordó que, del mismo modo que en Menorca hay una protección tradicional del rústico o en Mallorca se han dejado de hacer segregaciones, la población ibicenca «ha vivido tradicionalmente en el campo, las fincas han pasado de padre a hijos y se han segregado». Subrayó que será necesario poner límites a esas realidades y ejercer un control, por lo que será necesario alcanzar un consenso para que estas posibilidades estén contempladas y reguladas.

EL APUNTE

Una modificación que requiere trabajo

El conseller de Territori recordó que el anterior ejecutivo del Consell convirtió en definitiva una modificación que era cautelar, algo que hizo que «lo que era sencillo de cambiar se convirtiera en algo complejo». «Una norma territorial cautelar se podía derogar simplemente con un acuerdo de pleno, con lo que se recuperaban esos derechos, pero una vez que se aprueba de forma definitiva es necesario aprobar una nueva normativa», explicó. Juan defendió el anterior PTI, que era «mejorable» y habría sido necesario cambiar, confesó, pero que indicó que en su momento supuso reducir de 90 a 50 el número de licencias concedidas.