Varias personas aguardan para entrar en los juzgados, siguiendo las restricciones impuestas por el estado de alarma. | DANIEL ESPINOSA

Un total de un año y diez meses de prisión y multa de 530 euros. Es la petición de pena a la que se enfrenta un hombre que fue juzgado ayer como presunto autor de un delito contra la salud pública, ya que en junio de 2018 fue sorprendido con diversas dosis de drogas en el acceso a las instalaciones del aeropuerto de Ibiza.

La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó ayer el caso visto para sentencia tras la celebración de un juicio marcado por las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Los hechos juzgados ocurrieron la mañana del 7 de junio de 2018 cuando, en torno a las 11.45 horas, el acusado, de nacionalidad dominicana y sin antecedentes penales, fue sorprendido en las inmendiaciones de la parada de taxis del aeropuerto de Ibiza portando varias dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta.

Según recogía el escrito de acusación, los agentes intervinieron al hombre una bolsa que contenía 9,894 gramos de cocaína y tres bolsitas que pesaban 2,183 gramos de éxtasis. Asimismo, durante la intervención policial se le incautaron un total de 235 euros repartidos en cuatro billetes de 50 euros, un billete de 20 euros y tres billetes de 5, dinero que procedería de la venta a terceros de las sustancias estupefacientes.

Las drogas intervenidas habrían alcanzado en el mercado un valor de 531 euros. El acusado ya espera sentencia como presunto autor de un delito contra la salud pública.
El hombre, que estuvo dos días privado de libertad tras su detención, compareció ayer en una vista oral en la que el acceso se mantuvo restringido.

Otros casos
El juicio a este acusado es uno de los pocos casos que reúnen las condiciones para llevarse a cabo dadas las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus.

El pasado 27 de mayo, la Audiencia Provincial tenía previsto celebrar otro causa por drogas, pero finalmente no hubo conformidad y la vista se aplazó.

En este caso, la Fiscalía solicitaba una pena de siete años y cuatro meses de prisión, y multa de 66.000 euros, para un joven venezolano de 32 años que en septiembre de 2019 fue interceptado cuando circulaba por Sant Antoni con un ‘taxi pirata’ que en su interior escondía un auténtico supermercado de la droga.