Evitar el deficit desbocado de unas cuentas públicas que no fuimos capaces de contener ni siquiera durante la recuperación económica en estos momentos es un ejercicio titánico y también una quimera en un escenario en el que la intervención sin titubeos del Estado es más obligada que nunca. Desde este punto de vista, todo esfuerzo lógico y proporcionado es de aplaudir. Pero no todo vale.
Los ahorros de los ayuntamientos han contribuido a maquillar las cifras de déficit que España ha ido presentando a Europa en los últimos años. Entre 15.000 y 30.000 millones de euros es el superávit acumulado de ayuntamientos, consells y diputaciones gracias al que equilibran la contabilidad agregada nacional de las Administraciones Públicas.
A esa cifra no llegaron las administraciones locales por iniciativa propia. No fue fruto de una decisión política, ni resultado del virus de la austeridad.
Estos ahorros son consecuencia de una iniciativa de Cristóbal Montoro que socialistas y otras formaciones criticaban en cada pleno municipal de cada rincón de España.
El hombre de negro del Gobierno de Rajoy limitó la capacidad de maniobra de los ayuntamientos, cercenó su autonomía municipal para poner coto al gasto desbocado y al descontrol financiero de muchas de estas corporaciones.
Obligó a no gastar más de lo que ingresaban, a pagar al día a los proveedores, a cierto control a los sueldos de los políticos y asesores, restó capacidad de endeudamiento, prohibió que gastaran en competencias que no eran propias y puso límites al destino de los ahorros generados por las medidas anteriores y por mayores ingresos de los presupuestados gracias a la reactivación económica.
O amortizar deuda pública, algo que no da votos, que no gusta a los alcaldes y que en un escenario de bajos tipos de interés no supone un ahorro relevante en gastos financieros. O Inversiones Financieramente Sostenibles, actuaciones que no supusieran incremento de gasto corriente y con un plazo de ejecución rápido.
Asfaltar las calles y cambiar las farolas sí. Construir una piscina municipal, no.
Enero, qué lejos queda. En enero de este año, cuando éramos felices, poco antes de la toma de posesión de Pedro Sánchez tras las elecciones de noviembre y el pacto exprés con Podemos, algunos medios desvelaron que la contención financiera de los ayuntamientos iba a ser enterrada para dar paso al descontrol, a la barra libre en el gasto público que caracteriza a la izquierda, pero que lamentablemente no es exclusiva de esta ideología.
La Covid lo cambió todo y el decreto que el Gobierno solía publicar en marzo indicando los plazos de ejecución del remanente y los objetivos permitidos de las inversiones nunca llegó.
Hubo un movimiento que retrasó el debate, calmó a los alcaldes y dio cierto aire a los ayuntamientos: autorizar que el 20% del superávit de 2019 se destinara a gasto social.
Esta autorización es la que ha permitido que el Consell d’Eivissa haya movilizado 4 millones de euros por ejemplo. Cada ayuntamiento ha hecho lo propio. Ayudas a los autónomos, al alquiler, subvenciones para las colas del hambre, entre otras iniciativas, tienen el origen en esta operación.
Las cartas sobre la mesa. Los primeros ediles, incluidos los socialistas, no han parado de reclamar desde entonces que se derogara la entonces denostada por ellos Ley Montoro, que se ha demostrado una herramienta eficaz que ha generado un bienvenido colchón de seguridad, y que el Gobierno permitiera el uso de los miles de millones de euros.
En Ibiza, estamos hablando de más de 200 millones de euros. En Baleares más de 550, aunque las cifras bailan en ocasiones, ya que se confunde con frecuencia los términos.
Desde estas páginas hemos seguido con especial interés este asunto porque estábamos en prealerta, ya que del retraso del Gobierno en mover ficha no se podía deducir otra cosa que Pedro Sánchez estaba preparando una fechoría.
El mediático Miguel Ángel Revilla desveló que en cada una de las 14 videoconferencias dominicales de presidentes autonómicos le reclamó a Pedro Sánchez que moviera ficha con los remanentes sin éxito.
No fue el único. También Francina Armengol ha hecho muchas declaraciones en este sentido, al igual que Vicent Marí y todos los alcaldes.
Por fin, esta semana hemos conocido la propuesta formal que el Gobierno ha enviado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que a grandes rasgos consiste en la siguiente operación:
Las administraciones locales, fruto del chantaje del Gobierno, ingresan voluntariamente sus remanentes, o una parte, al Estado, quien los administraría a su antojo.
A cambio, el Gobierno ingresaría en 2020 2.000 millones de euros, repartidos de forma proporcional a cada administración local en función de su aportación, para que lo pueda gastar en «agenda urbana y movilidad, cuidados de proximidad y cultura». En 2021, se repetiría la operación con otros 3.000 euros y el resto se dividiría en 10 años.
Así, cuanto más ceda una administración al Estado, más podrá gastar. Magistral atentado a la autonomía municipal.
«Es un robo». En un debate de política general del Consell d’Eivissa del que salió sin rasguño alguno Vicent Marí, el presidente tildó la operación de «robo». Vicent Torres, Viviana de Sans y Marta Díaz, no abrieron la boca.
Como no hay palabra para definir esta innovadora sisa a cara descubierta, cesión, préstamo encubierto, confiscación, inacautación y chantaje han sido algunos de los términos utilizados por los pocos medios que estamos informando sobre este latrocinio contra los municipios. «Tropelía» dijo de forma acertada nuestro articulista Juan Carlos Rodríguez en nuestra edición de ayer.
En pie de guerra. Abel Caballero (PSOE), el estrambótico alcalde de Vigo, el de los diez millones de leds que la ciudada compita con Nueva York en alumbrado navideño, y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), desconvocó el viernes, una hora y media antes de su inicio, la junta de gobierno que debía votar la propuesta del acuerdo.
Lo hizo porque no tiene asegurada la mayoría de un órgano compuesto por 12 alcaldes del PSOE, 11 del PP, uno de Izquierda Unida y otro de Ciudadanos. Pedro Sánchez está solo.
En Baleares, la Felip se ha apresurado a rechazar unánimemente la propuesta enviada por la ministra Montoro y que negocian en estos momentos Pedro Sánchez y Abel Caballero.
La zanahoria de las elecciones de 2023. El mensaje de Sánchez a los alcaldes es claro y maquiavélico: si me cedes voluntariamente los fondos que tienes en el banco y que no te voy a dejar gastar, podrás hacer inversiones, tener acción de gobierno y presentarte a las próximas elecciones con cortes de cinta e inauguraciones a tus espaldas. Si no lo haces, no vas a poder hacer nada, vas a tener muchas necesidades que atender y menos ingresos con los que contar.
Deslealtad del Gobierno. El punto final de esta historia no está escrito todavía. Lo más normal es que el Gobierno haga modificaciones que hagan menos gravosa la propuesta y permitan que no haya vencedores ni vencidos.
El Gobierno tiene todos los instrumentos del Estado de su parte y, por lo tanto, se trata de una negociación desigual, en la que el Gobierno tiene la victoria asegurada: es un caso paradigmático de las lentejas, o las tomas, o las dejas.
Los alcaldes bramaran, incluso lo harán algunos socialistas, pero todos pasarán por el aro, todos cederán voluntariamente los remanentes y los que habían criticado en cada pleno la Ley Montoro callarán, agacharán la cabeza y obedecerán.
8 comentarios
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Estos dos personajes van a quebrar el país. La gestión del covid ha sido desastrosa, no se atreven a decir las cifras reales de fallecidos. Nadie los cree en Europa. ¿A quién extraña que no quieran darles dinero a fondo perdido? Cuéntales a los nórdicos y centroeuropeos lo del ingreso mínimo vital, lo del PER en Andalucía, lo de veintipico ministerios solo para contentar a Podemos.
Es momento de una reorganización de instituciones públicas y políticos, fuera pagas vitalicias....por muy progres que son...no lo van ha hacer
Quina vergonya!!!!
Muy buen articulo. Callaran los que criticaron la ley Montoro,como calló la oposición en el pleno del Consell. El que se mueva o hable, no sale en los carteles en las próximas elecciones.
se imaginan a los padres robando de la hucha de los hijos?? pues eso, siento vergüenza de la imagen que damos al exterior
Correcto jgb, es sólo la punta de la pirámide.. alguien más duda que España está arruinada y estos dos no saben ni por donde empezar para arreglarlo?
Esto es solo la punta de la piramide......nos van a caer ostias como panes gracias a este batiburrillo de izquierda pijo-progre
Sr. Directó, si quiere tanto a montoro cásese con él.