Hoy se celebra en Sant Joan un nuevo encuentro del Consell d’Alcaldes.

La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó ayer el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos. La propuesta salió adelante con la abstención de Izquierda Unidas-Podemos-Comuns. Al producirse un empate con 12 votos a favor del PSOE y otros 12 en contra de PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos, la propuesta salió adelante con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero.

El acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de diez años, así como intereses.

En clave local
Cabe recordar que los cinco ayuntamientos de la isla de Ibiza y el Consell disponen de un remanente que no pueden gastar cercano a los 200 millones. El PP en el Consell d’Eivissa emitió ayer un duro comunicado para calificar de «ataque a la autonomía de las entidades locales» la propuesta que finalmente saldrá adelante.

La portavoz del Grupo Popular en el Consell d’Eivissa, María Fajarnés, explicó que este acuerdo a través del cual el Gobierno puede quedarse con los remanentes de los municipios es un «ataque a las entidades locales de España» y a la autonomía de los ayuntamientos de Ibiza. Además, consideró que se ha perpetrado un «robo, una auténtica confiscación del dinero ahorrado» y, por tanto, les dejan «sin posibilidad de ejecutar proyectos importantes para Ibiza». En el caso del Consell, el remanente asciende a más de 82 millones de euros, según precisó.

Petición de unidad
La portavoz pidió a los grupos de la oposición que defiendan el dinero de los ibicencos y hagan extensible esta queja a Madrid, a los ayuntamientos «y allá donde haga falta». Fajarnés recordó que los ayuntamientos y el Consell son las administraciones que más cerca de los ciudadanos están y saben qué necesidades de inversión hay en los municipios.

«No se puede admitir que, años después de no dejar utilizar los remanentes a las entidades locales, ahora nos quiten los ahorros para poner en marcha la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez», apuntó. Además, reiteró la necesidad de que desde Ibiza «la queja sea a una sola voz y que todos juntos reclamen que se acabe con este robo».

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Los socialistas
Si bien los alcaldes socialistas de Ibiza, Rafa Ruiz (Vila) y Josep Marí Ribas Agustinet (Sant Josep) hicieron ‘piña’ inicialmente con Consell y los alcaldes de Sant Antoni y Sant Joan, así como con Santa Eulària, para reclamar que los ayuntamientos pudieran usar libremente los remanentes, ahora ven con buenos ojos la última propuesta que ha sido aprobada por la FEMP con el voto de calidad de Abel Caballero.

Rafa Ruiz, que también es secretario de Política Municipal del PSIB-PSOE, explicó ayer que los socialistas ven con «buenos ojos» este acuerdo «necesario para poder dar servicio a nuestra gente en un momento de máxima dificultad. Destacó, en este sentido, que en la práctica este acuerdo posibilitará que esta legislatura «los ayuntamientos de las islas puedan destinar cerca de 270 millones de euros más a políticas de proximidad y sostenibilidad en un momento de inmesa dificultad».

El líder de los socialistas ibicencos y alcalde de Sant Josep reconoció, con cierta resignación, que «no es lo que habíamos imaginado, que era la suspensión de la ley de estabilidad presupuestaria, pero por lo visto no se puede hacer». Agustinet recalcó, eso sí, que se este acuerdo «pone sobre la mesa la solución para poder usar estos remanentes porque, de otra manera, no podrían ser usados. Pienso, además, que el Gobierno ha puesto en el tramo final un ‘broche’ que parece bastante poco rechazable porque se trata de poner 5.000 millones más sobre la mesa», expresó y matizó que quiere ser «prudente» y esperar a ver el decreto para hacer un análisis más pormenorizado, «pero de momento puede resultar aceptable y, por lo menos, es una salida y solución viable que hasta ahora no existía».

«Aberración»
El alcalde de Sant Joan tildó ayer de «aberración» el hecho de que la propuesta salga adelante con el voto de calidad del presidente de la FEMP. «Me parece que la propuesta es ir directo a las arcas de los ayuntamientos que, no olvidemos, es dinero de los ciudadanos y que ahora se va a quedar el Gobierno.

Es una interferencia directa en la autonomía municipal que demuestra, una vez más, que los ayuntamientos somos el último escalafón». Carraca recalcó, además, que «ni el Estado ni las Comunidades Autónomas han ahorrado, pero sí que hemos ahorrado los ayuntamientos y ahora se quieren quedar con los remanentes. Se podía haber hecho de otras maneras, por ejemplo, que se liberaran de manera progresiva».

El vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, acusó ayer al Gobierno en sus redes sociales de «confiscar los ahorros de los ayuntamientos y el Consell d’Eivissa.

Nunca en democracia se había atacado la autonomía local de esta forma. Este dinero son ahorros de los vecinos de cada pueblo y debe destinarse a sus pueblos. Cuando digan que tal o cual Ayuntamiento o el Consell no ha hecho esto o aquello, recordad el día en que nos dejaron sin nuestro dinero», concluyó.