El portavoz de Ciudadanos, Daniel Becerra, consideró que el convenio firmado supone «ponerle la alfombra roja a un fondo buitre» y exigió que se derogue el convenio y la actuación del Ayuntamiento para lograr que caduque una licencia que implicará «que la situación sea más insostenible en cala Vedella».
Recordó que en 2016 se inició la tramitación de la caducidad formal de la licencia de edificación, sin embargo en 2017 se archivó el expediente y se prorrogó la licencia.
El concejal de Urbanismo, Ángel Luís Guerrero, indicó ayer que la licencia «está totalmente activa conforme a los servicios jurídicos y un juez de lo Contencioso-administrativo» y que la prórroga se entregó «porque así lo dice la jurisprudencia». Por otra parte, informó de que el convenio está en exposición inicial e instó a la oposición a presentar alegaciones si estaban en contra del mismo.
Además defendió que el convenio «paraliza una aberración urbanística» al reducir la edificabilidad en un 35% y la creación de 8.100 metros de zonas verdes y la obtención de 23 aparcamientos públicos. Todo esto justificaría, según el gobierno municipal, el interés público del convenio.
Ofreció a Ciudadanos una transaccional para modificar el convenio e incluir que las zonas verdes deberán ser de acceso público y que las viviendas que se construyan deberán cumplir unos parámetros de eficiencia energética mayores que los establecidos por la ley. Transacción propuesta por la concejala Mónica Fernández, que fue rechazada.
Desde el Partido Popular, Javier Marí consideró el convenio firmado como «muy mejorable». Explicó que el aparcamiento público servirá de poco en la zona que se encuentra, lejos de la playa y la zona de negocios. Por otra parte señaló, con indignación, que el espacio libre público de zonas verdes es una zona de acantilados que el propio convenio indica que «no podrá ser destinada al paso público o disfrute de la ciudadanía». «¿Qué es el espacio libre público, ¿el acantilado? ¿Eso es lo que obtiene Sant Josep?», preguntó.
El concejal por Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, consideró que el convenio se debería iniciar de nuevo. Solicitó a Ciudadanos que incluyera en la moción «que se inicien los trámites para denegar la solicitud de prórroga de la licencia concedida en 2005 y se reinicie el proceso de caducidad de la misma».
Por otra parte la concejala de Vox, Pino Vidal, puso en duda la legalidad del convenio, dado que la propiedad de los terrenos ha cambiado de manos en cinco ocasiones y por tanto, si bien Bastiodon SL es la propietaria de los terrenos, es posible que la cesión de la licencia de construcción no se hubiera hecho en el momento en el que se firmó el convenio, por lo que sería nulo.
La moción no salió adelante con el voto en contra del equipo de gobierno formado por PSOE y Podemos. El convenio deberá pasar de nuevo por el pleno cuando acabe su tramitación.
4 comentarios
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Que pasa Pino? No han dado la impermabilización a tu empresa, he?
con actitudes así es como perderán mi voto
Aquí tenéis otra más de Podemos los que venían a cambiar la política ahora negociando con un fondo buitre.
El comunista de toda la vida votando a favor de más y más cemento en Cala Vadella ,a recony . En San José todo es posible .