El ocio elabora una ‘lista negra’ de los proveedores de fiestas ilegales

Con el fin de atajar esta situación, esta patronal estatal del ocio y todas sus delegaciones en España, incluida la Asociación de Ocio de Ibiza, han iniciado la elaboración de una lista negra de los proveedores de equipos de sonido, imagen o iluminación, «sean quienes sean, ya que están siendo copartícipes de esta situación de ilegalidad y altísimo riesgo», según Boadas: «No podemos perseguir a nadie. Esta medida es para que nuestros asociados sepan quién está participando en un evento ilegal, y luego que decidan si quieren seguir trabajando con estas empresas».

Boadas reconoce que en muchas ocasiones es difícil abortar estas fiestas: «En cuanto tenemos conocimiento de alguna, lo comunicamos a las autoridades locales o regionales que tienen competencia sobre este problema; lo que ocurre es que a veces nos llegan los vídeos cuando ya se ha terminado la fiesta o está a punto de terminar».

No obstante, en algunos casos se trata de villas en el campo de Ibiza «que repiten fiestas una y otra vez, y en ese caso resulta más fácil abortarlas, y lógicamente también se lo comunicamos a Airbnb».

La patronal estatal del ocio, a la que pertenece la asociación Ocio de Ibiza, habilitó este lunes un canal de comunicación (el mail denuncia@spain-nightlife.es) en el que cualquier persona puede denunciar de forma anónima las fiestas ilegales, los botellones o las concentraciones no autorizadas.

Nada más anunciarse esta iniciativa en los medios, la asociación recibió siete nuevas denuncias de todo el país en 24 horas, de las cuales tres corresponden a fiestas privadas en Ibiza. Esta campaña se puso en marcha inicialmente en el ámbito de Cataluña el pasado viernes, y durante el fin de semana ya se recibieron 14 denuncias, en las que los ciudadanos ofrecen datos, direcciones y videos sobre estos eventos.

2.000 euros al día de alquiler
«En Ibiza hemos detectado que se trata de villas que se alquilan a través de Airbnb por más de 2.000 euros al día, y evidentemente sin el más mínimo control de aforo, seguridad ni higiene. El ocio nocturno está cerrado y la gente busca alternativas, pero se está produciendo el efecto contrario al deseado por las autoridades, ya que la gente se reúne en raves, botellones, celebraciones familiares o party boats y nadie controla nada, así es que ha quedado claro que está siendo peor el remedio que la enfermedad».

Spain Nightlife presenta hoy mismo dos recursos ante el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) con la intención de revocar la orden de cierre de los establecimientos de ocio y la limitación horaria.

«Estamos viendo el descontrol que hay ahora con la gran cantidad de contagios, y ninguno se debe al ocio nocturno. Por tanto, ha quedado más que acreditado que esta medida no ha sido eficaz y tendrá que ser revocada por el juez», explica el portavoz: «El virus no se propaga por la hora de cierre de un local sino por la falta de control en todas estas fiestas y aglomeraciones».

En sus recursos ante el TSJC, la asociación solicita la reapertura de las actividades del ocio nocturno legal ya que, en su opinión, se trata de una actividad «de interés general, que respeta escrupulosamente las normas. No como las fiestas clandestinas, que además no pagan impuestos y sabemos que en algunas de ellas se llegan a pagar miles de euros para poder acceder, todo en ‘b’».

La asociación reconoce que esta proliferación de fiestas privadas se debe a que cada vez hay mayor demanda y, por tanto, mayor oferta.

«Lo importante es que la gente se reúna en lugares seguros, en unos establecimientos que son los primeros interesados en que se guarden estrictamente las normas de seguridad e higiene. Lo que no se puede permitir son las escenas que estamos viendo estos días, con gente bebiendo de la misma botella, compartiendo cachimbas, amontonándose sin mascarillas… Eso es lo que no puede suceder, y no solo por nuestros negocios sino, sobre todo, por la salud de todos los ciudadanos y por la economía de todo el país».

Por otro lado, Boadas, que ejerce asimismo de letrado en Spain Nightlife, reiteró la necesidad de contar con ayudas de las administraciones públicas «porque el 80% del sector del ocio nocturno está en riesgo de concurso de acreedores, y si no reciben respaldo oficial desaparecerán muchas empresas».