El alcalde, Josep Marí Ribas, expresó su «máxima comprensión» hacia los afectados y aseguró que «no nos escondemos y no dejaremos a nadie tirado, ayudando todo lo posible desde los servicios sociales, pero antes que nada tenemos que cumplir las normas, y este inmueble está fuera de ordenación y no se pueden dar permisos para su reparación», expuso, y matizó que «si ellos (los vecinos) argumentan y demuestran que no está fuera de ordenación y el juez nos pide que otorguemos la licencia, así lo haremos, y luego tendrían que presentar un proyecto exhaustivo de ejecución», explicó el alcalde, que se mostró «prudente» ante una pronta resolución del problema.
Según el análisis de los técnicos municipales, el edificio de la playa de es Codolar representa un evidente riesgo para la seguridad, el uso y la habitabilidad de las personas, hasta el punto de que los técnicos consideran que «estamos ante una edificación con un riesgo de colapso imprevisible, fortuito e inesperado, que podría llega a afectar al resto del conjunto del edificio».
La presidenta de la comunidad de vecinos, Silvia Hernández, aseguró por su parte que mantendrán la vía judicial abierta tras la demanda que presentaron el 13 de agosto para poder solucionar esta situación. En estos momentos, los vecinos de las escaleras 1 y 2 del bloque A están desalojados. Hernández mantiene que el proceso, que se encuentra en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, pretende conseguir que el juez declare la legalidad de las edificaciones «y diga que sí se pueden dar licencias para que podamos hacer unas obras que siempre hemos querido hacer desde hace mucho tiempo».
El alcalde recalcó que la primera premisa es la seguridad de las personas, motivo por el cual «tomamos esta decisión dolorosa de desalojar y reubicar a los vecinos». «Lo que ha quedado claro hoy es que las escaleras 1 y 2 están muy mal, con patologías constructivas muy graves», añadió Marí Ribas, quien afirmó que los vecinos tendrían que presentar a continuación un informe técnico exhaustivo, «pero que quede claro que el edificio actualmente está fuera de ordenación y no se pueden dar licencias», reiteró.
Según algunos de los afectados, en el informe municipal, de 132 páginas, «se insinúa que todo el edificio está muy mal, así es que se tendría que derribar, pero no lo dicen claramente. Es preciso que se mojen y digan que el edificio entero está para tirarlo, y si no se derriba, será un problema eterno». Después de la reciente acampada de protesta durante nueve días delante del Ayuntamiento de Sant Josep y cuando se cumplen 100 días desde que se produjo el primer desprendimiento del forjado de un dormitorio de la escalera 1, lo que originó el desalojo, los vecinos creen «tanto el bloque A como el B están igual de afectados. Ahora nos están sacando poco a poco y cuando terminen con los del bloque A harán lo mismo con el B», lamentan.
2 comentarios
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Es que es la única manera legal que se podría hacer, la pena es que Ciudadanos está intentado confundirnos para sacar rédito político.
Y de paso lo contratan para urbanismo, que haría falta tener a alguien que sepa de qué va la cosa