10 faros

Estación Marítima sin pasajeros

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La descentralización administrativa del Estado a favor de las autonomías ha contribuido de forma directa a la modernización del país, como queda más que acreditado por ejemplo, en el salto cualitativo de la educación y la sanidad pública, las dos competencias más importantes en manos de las comunidades.

Uno de los aspectos negativos, inevitable por otra parte porque no hay duros a cuatro pesetas, es que el proceso de transferencia ha supuesto un formidable incremento de costes que entre todos hemos de sufragar.

No hay debate ni vuelta atrás en un estado que no se llamó federal para no herir susceptibilidades pero que funciona como tal. Solo Vox pone en duda las bondades del estado de las autonomías y, si no fuera porque es un recurso fácil con el que contentar a su masa de votantes, acabaría aceptándolo como ha hecho Ciudadanos, partido que ya no cuestiona el cupo vasco, ni las diputaciones ni este tipo de cosas propias de un principiante.

La crítica a los 17 parlamentos y las 17 televisiones autonómicas tiene su público, pero es incompleta y un tanto falaz. Y es que no me quiero ni imaginar, en sentido contrario, qué estaría pasando si todo dependiera de Madrid o si, por ejemplo, no existieran los consells insulares y todo dependiera de Palma.

Lamentablemente, no obstante, el incremento de costes no es la única contraindicación de la descentralización. Sucede con que los puertos calificados de interés general (La Savina, Ibiza, Palma, Alcúdia y Mahón) dependan de Autoridad Portuaria de Baleares y, por lo tanto, del Ministerio de Fomento y todos los demás de Ports IB, es decir, la Comunidad Autónoma.

Esta semana, el anuncio de la presentación de una moción contraria a que haya tráfico marítimo en el puerto de Sant Antoni por parte de Joan Torres, de Proposta per Eivissa (PxE), ha servido, entre otras cosas, para evidenciar el absurdo que supone que si, como parece, dicha propuesta de acuerdo sale adelante, y Ports Ib, como ha venido diciendo, la acepta como si fuera suya, el puerto de Sant Antoni tendrá una estación marítima moderna, plenamente funcional, inaugurada a bombo y platillo en 2005 por Jaume Matas, Pere Palau y José Sala, que costó más de tres millones de euros, que ha recibido miles de euros de inversiones posteriores, cuenta con pasarela (finger), escaleras mecánicas, ascensores y todo tipo de comodidades, sin uso, sin barcos ni pasajeros a los que atender.
Y, en cambio, el puerto de Ibiza tenga una carpa como estación marítima, casi 20 años después de la inauguración del dique de Botafoc por parte de Álvarez Cascos, Francesc Antich, Pilar Costa y Xico Tarrés.

Así pues, y salvo sorpresa, Sant Antoni tendrá el dudoso honor de inaugurar un nuevo concepto de inversiones sonrojantes con el que competir con el aeropuerto casi sin aviones que ha sustituido al aeropuerto sin aviones (Castellón, Ciudad Real, Murcia, Huesca, La Seu d’Urgell): estación marítima sin tráfico marítimo. Así lleva desde que se aprobó una moratoria que lleva camino de ser definitiva.

Si me permiten la ficción, me arriesgo a vaticinar que si el puerto de Sant Antoni hubiera dependido de Puertos del Estado, nunca habría tenido una estación marítima antes que el de Ibiza.

De hecho, quizá nunca hubiera tenido tráfico regular.

O en sentido contrario, quizá no lo hubiera tenido el de Ibiza, especializándose uno, en el tráfico rodado de pasajeros y mercancías, y el otro en el tráfico de mercancías especiales, cruceros y con Formentera.

Que una misma competencia esté en dos manos diferentes y que éstas gestionen dos instalaciones competidoras separadas únicamente por 45 millas náuticas no ayuda a evitar dislates de este tipo.

La principal ventaja del puerto de Sant Antoni respecto del de Ibiza es que está 35 millas náuticas más cerca del de Denia, una hora menos de trayecto en fast ferry y dos horas menos en ferry. De Sant Antoni a Palma hay ocho millas más que de Ibiza a Palma, una diferencia prácticamente inapreciable en una travesía. Ambos puertos están a la misma distancia del de Barcelona.

El dique de Botafoc. Lamentablemente, absurdos como éste no son excepción en las políticas portuarias (el puerto de Ciutadella merece capítulo aparte), ni exclusivos de líos de competencias.

Que el puerto de Ibiza no tenga a día de hoy estación marítima (está en construcción el nuevo edificio en estos momentos) es consecuencia de una tortuosa tramitación política de un puerto que fue construido exclusivamente para albergar grandes cruceros cuya eslora impedía que recalaran en el puerto, que nunca iba a tener plataforma ni iba a consumir terreno al mar porque era entonces pecado mortal, pero al que luego se le añadieron plataformas y muelles, infraestructuras que los socialistas querían ubicar donde está el puerto deportivo Ibiza Nueva, hoy Marina Ibiza.

No cabrían en este artículos los vaivenes políticos y las idas y venidas de un puerto nuevo que no fue diseñado desde una perspectiva global, ni estratégica y que se ha idos construyendo a base de añadidos.

Los socialistas de Sant Antoni no quieren tráfico marítimo en Sant Antoni porque han hecho suyas las tesis de Salvem Sa Badia y que básicamente se resumen en los siguientes puntos negros: afectación a las praderas de posidonia, problemas circulatorios por el tránsito de camiones y turismos por el paseo marítimo para salir del pueblo, molestias por el oleaje de las olas, entre otras cuestiones menores.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, no se atreve a decir que está a favor de que vuelvan los barcos a la bahía, algo que se deduce de sus reflexiones del miércoles pasado en el BNP.

Dice que los problemas que presentan los ferrys son fácilmente resolubles y que no tiene tan claro que el pueblo pueda prescindir de los beneficios que supone tener una línea marítima regular con la Península.

El debate es político y, por lo tanto, no habrá un análisis técnico, ni objetivo, ni riguroso, ni profesional de los problemas ni de sus posibles soluciones ni de los costes y beneficios de una decisión u otra.

Si todo acaba como parece, pronto se abrirá el debate de qué hacer con la estación marítima mientras ésta se deteriora de forma inexorable por falta de uso.
Puertos Ib no la querrá ceder al Ayuntamiento por si cambian las circunstancias y los que ahora abominan los ferris braman por su vuelta.

Decisiones y episodios como el relatado no son puntuales, generan desafección y desconfianza en los ciudadanos que asistimos atónitos tanto a absurdos portuarios como a la pérdida de cuatro millones de euros de fondos estatuarios como si nos sobrara el dinero.

El PSOE, de mal en peor. La semana pasada hablamos de que el PSOE se había quedado solo sorbiendo y soplando en sus críticas a la promoción turística. Vicent Torres ha querido, sin mucho éxito por cierto, responder al rapapolvo de las seis patronales, primero en un twit y posteriormente en un artículo publicado curiosamente en el medio que curiosamente no publicó el histórico comunicado de las patronales. Esta vez toca hablar de fondos estatutarios.

Le ha cogido el gusto el Grupo Socialista del Consell d’Eivissa a hacer el ridículo y a ponerse en entredicho. Les guste más, les guste menos, lo vistan como lo quieran vestir, los principales responsables de que se haya esfumado cuatro millones de euros de Ibiza son los socialistas.

La Abogacía del Estado ha dicho que el convenio no puede prorrogarse porque está caducado. Y está caducado porque dos administraciones del PSOE no lo actualizaron por desidia, sin perjuicio de que ninguno de los proyectos que iban a ser financiados con esos cuatro millones de euros de fondos estatutarios hayan sido finalizados en el plazo previsto.

La letra pequeña de cada uno de ellos desvelará responsabilidades de gobernantes de un partido y otro sin duda, lo que no quita ni pone a la vergüenza colectiva que supone que inversiones pactadas se pierdan y, además, en momento muy inoportuno porque si en algún momento ha hecho falta inversión pública es éste.

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juan
Hace 1 día

el puerto de Sant Antoni NO es un puerto de interés general del Estado, me explico, los Puertos de Interés General del Estado (Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y La Sabina) se rigen por la Ley de Puertos del Estado, son instalaciones del Estado y, a pesar de tener una Presidencia Territorial propuesta por la CA y un Consejo de Administración mixto éste no puede apartarse de la Ley del Estado porque sería "prevaricar" Dicho esto los puertos de Gestión Puramente Autonómica (Sant Antoni, Ciutadella y las mayoría de clubes náuticos que no estén bajo el paraguas de los anteriores) tienen una gestión puramente Autonómica y amparados en unas leyes autonómicas Si en la anterior legislatura se dejaron suspendidos los USOS del puerto de Sant Antoni por indicación y presión del Ayuntamiento y Consell de Ibiza pues que Ayuntamiento y Consell levanten esta restricción, nunca se anexará al Club Náutico porque otra Ley Supra Autonómica lo declara "Puerto de Refugio", o sea el negocio FOTUT !!!

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