Entrevista

«Llevamos diez años intentando renovar nuestras instalaciones»

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El presidente del CNI considera que cuenta con el apoyo de toda la sociedad ibicenca.

El presidente del CNI considera que cuenta con el apoyo de toda la sociedad ibicenca.

DANIEL ESPINOSA

El Club Náutico de Ibiza (CNI) navega estos días en un mar de incertidumbre como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que le obliga a volver a tramitar los proyectos de reforma previstos en las instalaciones con el fin de que pueda renovar la concesión de la explotación hasta 2050. Se trata de un defecto de forma, y la sentencia ya ha sido recurrida por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), responsable de la tramitación, ante el Tribunal Supremo.

El club se ha adherido al recurso y confía en que, después de largos años de burocracia, por fin puedan tener el respaldo del Alto Tribunal para poder seguir trabajando 30 años más como entidad social y sin ánimo de lucro. El presidente del CNI, Juan Marí Marí (Ibiza, 1959), transmitió esa confianza a los socios durante la asamblea general de la entidad, celebrada el viernes por la noche. El club, que este año conmemora su 95 aniversario, dispone de unos ocho millones de euros para acometer las obras, pero lleva diez años esperando la autorización para ejecutarlas. La sentencia del TSJB obliga a repetir el procedimiento administrativo, pero admite que el CNI ha presentado la mejor propuesta de los concurrentes para renovar la concesión, habida cuenta de su dilatada trayectoria social y deportiva. Por este motivo se respira cierto optimismo entre los socios. Juan Marí, más conocido como Juanito de Can Vadell, médico especialista en otorrinolaringología y presidente del Club Náutico de Ibiza desde 2013, reconoce que nunca se había vivido una situación así en la larga historia de la entidad. En buena lógica, el CNI debería ver renovada la concesión, pero el proceso judicial en el que está envuelto le obliga a adoptar una actitud de cautela y resistencia frente al ‘enemigo’, que no es otro que la empresa madrileña Club Deportivo 12 Millas, que también opta a la concesión, aunque carece de masa social, y cuyo representante legal, Francisco Javier Jiménez Cisneros, se ha mostrado abiertamente contrario al modelo de gestión que lleva a cabo el CNI, que no tiene fines lucrativos.

—El CNI está envuelto en una suerte de pesadilla burocrática y judicial por una cuestión de forma que está generando incerteza entre los socios. ¿Cómo están viviendo esta situación?
—Es una situación incómoda para nosotros. Los socios nos preguntan qué pasa y solo les podemos decir que ahora estamos a la espera de la tramitación del permiso de ocupación temporal hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Esperamos que nos lo renueven porque tendríamos que empezar obras de mejora ya que tenemos un pantalán deteriorado, que se está hundiendo por tantos años de uso. El CNI tiene una masa social, y si no nos dan la seguridad de que seguiremos, no podemos ir a un banco a pedir un préstamo. Y si lo pedimos, lo tenemos que avalar los miembros de la directiva porque somos una entidad sin ánimo de lucro, y cualquier reforma que hagamos necesita el aval de la directiva.

—Pero no debería haber problemas para obtener, de momento, este permiso temporal
—No sabemos qué pasará. La autorización temporal, en teoría, termina el 31 de octubre. Y creemos que nos dirán algo ya, estos días. Para que nos quiten la autorización temporal tienen que concurrir varios requisitos, como que no estuviéramos al corriente de pago, que el mantenimiento fuera un desastre o que no tuviésemos actividad deportiva, pero afortunadamente esto no ocurre y este club es ejemplar en toda la parte deportiva y en todas las competiciones.

—Porque siguen organizando pruebas deportivas, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro, y además con la pandemia…
—Por supuesto. Este mes hemos celebrado pruebas de primer nivel, dos campeonatos de España, uno de Láser y otro de la clase Europa, regatas de Optimist, que se hacen todo el año, la Escuela de Vela y el programa ‘Un mar de posibilidades’, que somos pioneros en España en esta actividad. Invito a la gente que vaya a Talamanca para que vean su trabajo.

—¿Cómo está el litigio sobre la adjudicación de la concesión por 30 años?
—A nosotros se nos dio la concesión y la empresa que la pretende obtener ahora, que se hace llamar club deportivo, recurrió esta adjudicación por defectos de forma. El juzgado del TSJB le dio la razón y entonces la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) recurrió esta resolución esta decisión ante el Tribunal Supremo. Nosotros nos hemos adherido a este recurso porque los litigios abiertos iban contra la APB, no contra nosotros. Dicen que la APB había hecho mal las bases del concurso.

—En el caso de que renueven la concesión, ¿qué planes de mejoras tienen previsto llevar a cabo?
—Cuando podamos empezar las obras del pantalán, serían dos fases. Hemos tenido que presentar hasta tres proyectos de reforma del club porque nos pedían siempre modificaciones. El proyecto contempla la modificación de toda la instalación marítima y luego, lógicamente, reformar la parte que está en tierra, y para eso hay un presupuesto de 8 millones de euros desde hace diez años.

—O sea que el conflicto viene de antiguo…
—El conflicto arranca de cuando vencía la concesión del club, en el 2010. El año anterior, el primer club al que le venció fue el de Mahón, que tuvo que ir a concurso público. Pensaron que renovarían, pero quedaron segundos y se lo adjudicaron a una empresa, y desde entonces ese club está tratando de subsistir. A partir de ese momento, solicitamos una prórroga de la concesión aferrándonos a un artículo de la Ley de Puertos de aquel entonces que decía que se podía pedir una prórroga cumpliendo unas determinadas condiciones. En esa época, la APB la dirigía el señor Ángel Matías, que acabó imputado en varios escándalos. Este señor siempre nos dio largas, pidiéndonos cosas y más cosas, como una solicitud de impacto ambiental del proyecto, que presentamos. Fuimos al ministerio y estuvimos cuatro años esperando a que nos la dieran. Cuando nos dieron la resolución, el señor Matías cogió el papel y lo guardó durante un año en un cajón. Luego cambiaron al presidente de la APB y todo fue a mejor porque se dieron cuenta de que cumplimos todos los requisitos relativos al impacto ambiental.

—No parece lógico que haya diferentes criterios según quién gestione los puertos.
—El problema es que hay una Ley de Puertos del Estado que rige a los principales de las islas y luego hay una ley autonómica para el resto de los puertos, que regula Ports de Balears. Nosotros estamos regulados por Puertos del Estado. En Baleares estamos así el Real Club Náutico de Palma o el Club Marítimo de Mahón, pero todos los puertos autonómicos han renovado su concesión por un plazo de 30 años haciendo una inversión para modernizar sus instalaciones, que es lo que hemos propuesto nosotros desde el principio, porque llevamos 10 años intentando renovar nuestras instalaciones.

—Parece que las relaciones con la Autoridad Portuaria han tenido algunas complicaciones.
—En nuestro caso, debo decir que la relación con la Autoridad Portuaria es muy buena desde hace años. No hemos tenido ningún problema con los presidentes sucesivos desde que se retiró el señor Matías, que intentó quitarnos el club y nos subió el canon de aguas (ocupación del espejo de mar) un 400%, y gracias al apoyo que tuvimos de todas las instituciones y los medios de comunicación se renovó y nos dieron la autorización de ocupación temporal. Antes, con el señor Matías en la APB, no teníamos apenas contacto, pero ahora tenemos unas relaciones muy buenas desde que fue presidente Alberto Pons, luego con Joan Gual y ahora con el señor Antich, que no he hablado con él, pero conoce muy bien el problema del club porque era presidente de Baleares cunado empezó todo este follón con la concesión.
—¿Y piensa reunirse con él?
—Sí. Pediremos una reunión, pero él ya se ha reunido con los clubes náuticos y ha dicho que quiere la máxima transparencia y la máxima legalidad, y nosotros la tenemos. Hemos cumplido siempre con todos los requisitos.

—Entonces no debería haber más impedimentos para lograr la concesión.
—Me hago esta pregunta muchas veces y no lo entiendo porque si tiene que haber un club náutico aquí, no se entiende que quieran crear una marina deportiva, porque la gente que está detrás de todo esto es porque buscan un negocio, eso está muy claro. Como le decía, todo comenzó en 2010, cuando estaba este señor Matías en la APB, que iba en contra de los clubs náuticos, y en particular del nuestro. Y el que hizo el informe contra los clubs náuticos era el señor Cisneros, que hoy es el abogado de la empresa Club Deportivo Doce Millas. Cuando presentaron el aval de este club, se vio que estaba a nombre del señor Cisneros, no de la empresa. Supongo que querrían hacer una marina deportiva, pero no lo sabemos.

—¿Ibiza necesita un club social como éste?
—Efectivamente, está regulado que haya siempre en el puerto de Ibiza una náutica social, y hay que recordar que en aguas del municipio hay seis instalaciones deportivas, y cinco son marinas, y se quieren meter también con el único club deportivo sin ánimo de lucro..

—¿Convendría que hubiera una regulación específica para que un club así siga existiendo frente a las amenazas de otros proyectos?
—No existe esa figura de protección concreta para clubes como el nuestro. Está regulado por muchas cosas pero no hay una figura específica. Hay que recordar que un club náutico es como si fuera el polideportivo náutico del municipio, pero que es sufragado por los socios y que está sometido a distintas regulaciones. La mayoría de los clubes náuticos de Baleares han podido renovar la concesión y modernizar sus instalaciones, como ha ocurrido en Sant Antoni, en Santa Eulària o en Mallorca y Menorca. Se han reformado, pero el problema viene con la Ley de Puertos del Estado, que no contempla esta protección especial para los clubs náuticos, que somos los que tenemos actividades que no hace ninguna marina deportiva. Y ahora, como ejemplo, podemos decir que tenemos una flotilla muy buena en distintas categorías, como el Optimist, Snipe, Europa, Laser y cruceros. Eso solo lo tiene un club como el nuestro.

—¿Y qué interés tiene esta empresa, cuánto podría ganar con la explotación de los amarres?
—Si un club náutico va a un concurso, normalmente lo gana el que proponga la mejor oferta económica, y ahí no se puede competir porque un club ofrecerá ocho millones, por ejemplo, pero vendrá una empresa y pondrá 38. Por eso, en 2014 se hizo una modificación de la Ley de Puertos y dejó el tema del trámite de competencia de los proyectos. Siempre lo tenía que hacer un club náutico sin ánimo de lucro y cumpliendo unas condiciones, y se supone que limitados a clubs náuticos o deportivos. El CNI pidió este proyecto, ¿y quién se va a meter contra nosostros?, ¿el club náutico de Sant Antoni o el de Palma o el de Santa Eulària? Es inconcebible. Y esta gente, basándose en la ley de la competencia, se presentan al concurso. Primero se presentaron como una sociedad anónima y se lo negaron, y entonces cambiaron el nombre por el de Club Deportivo Doce Millas. Y encima el aval estaba a nombre del señor Cisneros, y ahí nos saltaron todas las alarmas al comprobar que este señor que antes asesoraba a la APB en tiempos de Matías es el que está detrás de esta empresa.

—¿Qué mensaje transmite a los asociados?
—Que estén tranquilos porque estamos trabajando al máximo para lograr la concesión. Ellos saben el trabajo que está haciendo toda la directiva y estamos preparados para todos los escenarios, pero que estén tranquilos porque creo en la lógica y estoy convencido de que estos señores no nos pueden quitar el club. Hemos hecho las cosas muy bien y todo ha sido legal, y hemos actuado siempre según las normas que nos ha marcado la APB, como es el caso de la reforma del muelle exterior, que hemos modificado hasta tres veces siguiendo los criterios de la APB.

—¿Sienten el apoyo de los ibicencos?
—Sí, tanto por parte de los políticos como por la gente. Nuestra propuestas han sido aprobadas siempre en las instituciones desde hace años. La gente sabe las actividades que hacemos, creo que no hace falta demostrarlo. Quiero dar las gracias a todas las autoridades, a los políticos y a los ciudadanos, que siempre nos han apoyado. Todos están a nuestro favor, sin excepciones.

—¿Cómo es el perfil de la masa social que respalda al club?
—La mayor parte de los socios son de Ibiza, pero también hay socios de fuera, de la península. Como entidad deportiva, es la más antigua de Ibiza y la que posiblemente cuenta con el mayor número de socios (1.250) de la isla. Es importante reseñar que los niños no forman parte del club como un socio normal hasta que cumplen los 18 años. Mientras tanto, son socios deportivos, y ahora tendremos a unos 200.

—¿Cuánto cuesta ser socio y quién puede ser miembro del Club Náutico?
—Ahora no podemos hacer socios porque estamos en una situación en precario. Solo admitimos a familiares directos de los socios, que pagan una cuota simbólica de 180 euros de entrada y luego la cuota de socio general, que son 15 euros al mes porque son precios sociales. La mayoría de los barcos son de unos ocho metros y pueden pagar unos 300 euros al mes, unos precios que nada tienen que ver con los que cobran las marinas cercanas, que son privadas. Nosotros somos diferentes porque el socio que tiene el amarre adjudicado paga en su momento la adjudicación y luego una cuota mensual.

—¿Pero hay amarres disponibles?
—No, desde hace muchos años no hay amarres disponibles porque no sabemos en qué condiciones se pueden adjudicar. Desde el año 2010 no se ha dado ningún amarre fijo. Y hay lista de espera para ser socio.

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