Francesc Antich, en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Baleares en Palma.

Francesc Antich Oliver (mallorquín de Algaida nacido en Caracas en 1958) lleva un mes al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El expresidente socialista del Govern, ex diputado y ex senador afronta su nuevo cargo con optimismo y realiza un balance positivo tras mantener los primeros encuentros con diferentes instituciones y clubes náuticos. Prefiere no entrar en valoraciones sobre cuestiones que se encuentran judicializadas, como el recurso relativo a la concesión por 30 años al Club Náutico de Ibiza, y elude pronunciarse sobre la división social en Sant Antoni respecto el tráfico de buques pesados en este puerto, que depende de la empresa pública Ports de Balears. Hace un llamamiento al esfuerzo colectivo y al diálogo para superar la crisis económica y sanitaria y asegura que en la APB “estamos trabajando al máximo para coordinar con todos los implicados el tráfico de mercancías y pasajeros, así como con la industria náutica de las islas, que es fundamental”.

—¿Qué balance hace de su primer mes al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB)?
—El balance es positivo porque hay mucho trabajo ya hecho. He visto los proyectos que había y hay una gran apuesta por la mejora de los puertos, y a la vez muchos proyectos que respaldan estos avances y una mejor relación entre el puerto y la ciudad. He hablado con las autoridades de los distintos municipios donde se ubican los puertos y la verdad es que todo el mundo agradece muchísimo el trabajo realizado en los últimos años de coordinación con la APB. Hay un ambiente muy bueno. Me he encontrado con un trabajo bien hecho, como en Ibiza, en Palma o en Alcudia, cuyos alcaldes me han transmitido esa valoración.

—Y el primer problema que se encontró fue el embrollo judicial que está sufriendo el Club Náutico Ibiza para renovar la concesión.
—Este tema viene muy judicializado y ha habido distintas sentencias, y cuando yo llego a la APB faltaba apenas un mes para que terminara la autorización de ocupación temporal de las instalaciones, por lo que solicitamos informes avalados por la Abogacía del Estado para saber cuál era el camino para resolver la autorización. Entonces se nos dijo que había que hacer un concurso, que también avaló Puertos del Estado, y por eso decidimos sacar el concurso mientras no tengamos la resolución del recurso de casación (interpuesto ante el Tribunal Supremo) o por un máximo de tres años, que es el periodo por el que se puede dar este tipo de autorización. El concurso es muy social en el sentido de que se da mucha importancia a las tarifas bajas para las embarcaciones y contempla todo el tema deportivo, cultural y náutico. El concurso respeta a los usuarios del club, y sea quien sea el que gane la concesión tendrán preferencia a la hora de seguir en las instalaciones. Nosotros nos tenemos que mover dentro de los parámetros que recoge la ley de concurrencia sobre estos temas.

—Pero no se entiende que una empresa como el Club Deportivo Doce Millas, que carece de arraigo y masa social, pueda arrebatarle la concesión al CNI
—Los tribunales han dicho que el arraigo no se puede contemplar en los concursos según la ley vigente. Uno de los temas sobre los que hemos tenido un debate importante ha sido la necesidad de que la Ley de Puertos del Estado contemple alguna respuesta específica para los clubs náuticos como el de Ibiza. Pero esto aún no se ha hecho y por lo tanto solo cabe aplicar la ley de concurrencia, y ganará el que se adecue al concurso en todos sus aspectos. Hemos procurado que sea lo más objetivo posible. Y es cierto que desde muchos ámbitos se ha pedido que se modifique la ley, pero hasta el momento no se ha hecho.

—Entonces habría que modificar esta ley.
—Sí. Hay un interés político en que se proteja más a los clubs náuticos y en que se cambie esta ley. Me reuní con la asociación balear de clubs y me expusieron que están promoviendo este cambio legislativo y manteniendo contactos con los políticos para que se contemple el trabajo que están realizando.

—¿Qué le parece el pronunciamiento del Ayuntamiento de Sant Antoni en contra del tráfico de ferris en este puerto?
—Este tema no es competencia mía directa. No me gusta meterme en otras competencias. Es un asunto de Ports de Balears y ahí no puedo entrar. Jorge Martínez representa a la APB en el consejo de administración de Ports (que se tendrá que pronunciar antes del próximo 31 de diciembre, cuando caduca la moratoria por la que se prohíbe el tráfico de buques de gran calado), pero vamos a estudiar el tema con más profundidad.

—No se entiende muy bien que algunos puertos deportivos dependan de la APB y otros del Govern balear.
—Es un tema competencial. Los puertos de interés general son del Estado y velamos por el buen funcionamiento de la conectividad, el tráfico de pasajeros o mercancías, pero en estos puertos también hay marinas y otros usos..

—¿Pero no deberían tener una regulación similar?
—Puertos del Estado se rige por la Ley de Puertos y Ports de Balears depende de la comunidad autónoma, y por tanto son diferentes, con legislaciones distintas. Es lo que tenemos en este momento y tenemos que gestionarlo con los mejores equilibrios posibles. El otro día aprobamos en el consejo de administración un concurso para la autorización del CNI y otro para una concesión de explotación de los amarres de gran eslora en el puerto de Ibiza. La deriva que afecta al CNI es muy social, mientras que en el otro caso es más económica. Tenemos que buscar este equilibrio en el funcionamiento porque al final el dinero que podemos sacar por una concesión lo podemos dedicar a inversiones para arreglar infraestructuras como las aceras y el carril bici de la avenida de Santa Eulària, que es una inversión que vamos a hacer. Al final, los barcos pequeños tendrán que pagar una tarifa pequeña y los grandes generarán ingresos para invertir y contrarrestar los problemas de la insularidad o para hacer inversiones en el puerto que beneficien a la ciudad.

—¿Cómo va el proyecto de reforma que abrirá la avenida de Santa Eulària a la ciudad?
—Hemos hablado de arreglar las aceras entre el muelle de ribera y el edificio de oficinas de la APB, y en octubre del 2021 se podrán iniciar las obras. Cuando visité Ibiza con el alcalde, le informé de que las obras previstas en Botafoc siguen su curso y hay otros temas pendientes que tratamos con Puertos del Estado para que se aprueben lo antes posible y nos ayuden a acelerar la delimitación de espacios de interés portuario.

—¿Por qué aceptó el cargo de presidente de la APB?
—Esta pregunta me la hacen muchas veces. Francina Armengol me pidió que ejerciera este cargo y acepté porque se trata de una responsabilidad muy interesante poder gestionar las puertas de la comunidad a toda la actividad económica, incluida la industria náutica, con la que es importantísimo que tengamos buenas relaciones. La náutica le da muchos ingresos a la APB que se pueden redistribuir y es una actividad que puede generar muchos puestos de trabajo.

—Llegó al cargo tras la destitución y detención de su predecesor, Joan Gual de Torrella, por su presunta implicación en casos de corrupción. ¿Qué valoración hace de esta situación y de los registros que se practicaron?
—Hay un secreto de sumario sobre este tema y hay que dejar trabajar a la justicia. En la APB vamos a facilitar la labor al juez para que lleve a cabo sus actuaciones. Lo más prudente es que no haga apreciaciones sobre este tema. Vamos a seguir trabajando para que haya transparencia en todo, incluidas las concesiones, sobre las que ha habido más acciones judiciales.

Dicen que ha vuelto a la primera línea de la política.
—Creo que sí. Es un cargo muy importante en estos momentos en que hablamos de reconstrucción, e impulsar industrias como la náutica es un tema importantísimo para unas islas, porque la movilidad y las mercancías son cuestiones de primer orden.

—¿Los barcos son más seguros para viajar? ¿Han notado una mayor demanda frente al avión?
—La pandemia ha rebajado toda la actividad portuaria, por lo que el Estado ha puesto en marcha iniciativas para ayudar a las líneas regulares para que puedan aguantar este descenso de actividad. Es básico que los puertos funcionen bien y haya la máxima conectividad, y por eso estamos otorgando bonificaciones a pasajeros y mercancías, para que se consoliden unas buenas líneas regulares con las islas.

—¿Qué opina sobre la crispación y los enfrentamientos políticos que ha suscitado la gestión de la pandemia?
—En estos momentos tan difíciles tendría que haber un esfuerzo por parte de todos para llegar a acuerdos. Necesitamos que todo el mundo reme en la misma dirección, con planes recuperación y competitividad que se deben pactar con los agentes sociales y económicos para que todas las energías vayan en la misma línea, porque hay muchas familias que lo están pasando mal y la gente espera que todo el mundo empuje en la misma dirección. Quizás se oye demasiado ruido y hay que intentar buscar fórmulas de diálogo y acercamiento.

—¿Qué le parece que Baleares vuelva a salir mal parada en la distribución de los presupuestos generales del Estado para 2021?
—En lo que a mí me compete, puedo decir que la APB es uno de los organismos que ingresa dinero en las islas y lo invierte en las islas en su totalidad, en inversiones y bonificaciones de mercancías y pasaje. La APB reinvierte en Baleares. Sobre los presupuestos, seguro que se pueden hacer mejores, pero no hay que olvidar que el Gobierno está llevando a cabo numerosas iniciativas para combatir el desastre económico que nos está dejando el virus. Espero que haya acuerdos que permitan mejorar la financiación, que depende de los dos gobiernos y seguro que se pondrán de acuerdo.

—¿Qué opina del caso Hat?
—Poco puedo decir. La presidenta ya ha expresado su opinión y creo que ya se ha debatido mucho. La presidenta dijo lo que tenía que decir.

—La evolución de la pandemia no invita al optimismo en estos momentos.
—Quisiera dar un mensaje de que el Gobierno está dando la cara con la cobertura de los ERTE y numerosas ayudas económicas, y esto llama a la esperanza. Esperemos que con estos fondos que llegan de Europa hagamos un esfuerzo para invertirlos y crear puestos de trabajo. Mientras, solo cabe esperar que la vacuna salga cuanto antes. Creo que la respuesta social del Gobierno de Pedro Sánchez llama a la esperanza para vencer esta situación. Y además veo que hay buena coordinación entre los agentes sociales y el Gobierno, y esto también es esperanzador. El diálogo y el acuerdo en momentos tan críticos es imprescindible y actuar todos a una es la mejor forma de afrontar la situación. Las disputas no sirven en unos momentos tan dramáticos como estos.

—¿La transparencia será norma en la APB a partir de ahora?
—La APB ha venido trabajando con transparencia, lo que pasa es que hay cosas que se pueden mejorar y lo hemos hablado desde que llegué a la dirección. Estamos trabajando para mejorar los procedimientos y en este momento todos en la APB están por mejorar lo que se pueda. Vamos a trabajar en esta dirección porque todos los organismos públicos deberían hacerlo, con eficiencia, transparencia y objetividad a la hora de hace las concesiones o adjudicar concursos.

—¿Un mensaje de ánimo a los socios del CNI?
—El otro día vinieron a verme los miembros de la asociación de clubs náuticos y les dije que, cuando hay concursos en marcha, desde las instituciones tenemos que ser muy imparciales y objetivos. Estamos ante un concurso en el que todos los que se presentan deben tener el mismo trato, y por tanto es lo único que puedo hacer ahora. Solo puedo decir que, en la autorización temporal que se va a dar, los usuarios del club tendrán preferencia a la hora de seguir allí. El adjudicatario del concurso seguro que tendrá unas tarifas muy sociales y tendrá que desplegar una serie de actuaciones náuticas y educativas, pero no puedo apostar ni por unos ni por otros. Son las reglas del juego y quiero ser muy claro en esto.

—¿Se ha vacunado contra la gripe?
—Ya se lo he pedido a mi médico, a ver cuándo me cita.