¿Dónde está el plan para el control de los accesos?

Ambos estados son criticados desde ópticas equivocadas. Y es que el problema no es de forma, sino qué se hace en virtud de cada uno de ellos. El cómo, no el qué.

No entendí la batalla política que armó Pablo Casado en torno al estado de alarma en la primera ola. Entiendo menos aún que lo haya vuelto a cuestionar porque demuestra que no ha aprendido del error, ya que toca estar con el Gobierno, como hace Vicent Marí con Francina Armengol, sin que ello suponga, en absoluto, un cheque en blanco. Tiempo habrá para pasar cuentas.

El Partido Popular está al frente de la salud pública, es un decir, de casi 22 millones de españoles, casi la mitad de la población y, por ello, los gobiernos de Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia y Murcia necesitan seguridad jurídica y un instrumento con el que aplicar medidas de forma rápida y eficaz, sin depender de que un tribunal superior de justicia regional las tumbe.

Si Pedro Sánchez dice por una vez la verdad y el estado de alarma es levantado un minuto después de constatarse que ya no es necesario, bienvenido sea el estado de alarma semestral, un paraguas que no gusta a nadie, porque a nadie emociona que le mutilen sus derechos y libertades, huelga decirlo, pero que no tiene consecuencias prácticas en sí mismo, ya que éstas serán fruto de las medidas que vayan adoptando los barones autonómicos.

Pedro Sánchez ofreció meses atrás aprobar el estado de alarma, si alguna comunidad autónoma lo pedía. Y así lo ha hecho. Los presidentes regionales, calculadora del coste político en mano, han retrasado esa petición al máximo y otros se han apuntado a última hora, como la de Baleares, comunidad que no lo ha necesitado al contar con el aval del TSJB.

Reino de Taifas.

Durante la primera ola fue un desastre que el Ministerio de Sanidad asumiera el mando único, por la obvia razón de que no está preparado para asumir una competencia que está en manos de las comunidades.

Si la competencia no estuviera transferida, seguro que habría habido menos descoordinación, menos galimatías, menos debate político por este hecho aunque sí por la falta de sensibilidad territorial, menos criterios diferenciados y menos argumentos para criticar el estado de las autonomías. Dudo, en cualquier caso, que estuviéramos en mejor situación para hacer frente a la pandemia.

Que quien toma las decisiones esté cerca del problema suele ser una ventaja, máxime en un país en el que se confunde en demasiadas ocasiones España con Madrid y viceversa.

No me imagino a nadie en el Ministerio de Sanidad dedicando un segundo a hablar con los alcaldes de Ibiza, como hizo el Govern durante el miércoles y el jueves, ni tampoco a nadie advirtiendo de que Formentera, Menorca y Mallorca no están en la misma situación que Ibiza y que, por lo tanto, no requieren las mismas medidas, y que Ibiza debe adelantar la hora de inicio del estado de alarma y cerrar el interior de los locales de hostelería porque el índice de contagios está más descontrolado que en las otras islas y creciendo de forma preocupante. Usted tampoco.

Solo hay que ver el poco caso que nos han hecho en los Presupuestos Generales, el REB, las inversiones financieramente sostenibles, la depuradora de Vila, el Club Náutico de Ibiza y en tantas y tantas cosas, como el desastre que supone todo lo que pasa por Costas para reiterar que el problema no es el estado de las autonomías, es que las decisiones que se han tomado aquí han sido en demasiadas ocasiones muy cuestionables.

Vía de agua.

Una de las decisiones que ha dependido del Gobierno central nos han perjudicado, ya que ha sido imposible establecer controles efectivos en los puertos y aeropuertos, ya que, como por fin Armengol se dignó a reconocer, el control de la temperatura es poco efectivo. Recordemos que el Govern incluyó en su propuesta de plan piloto para el turismo alemán, cuando éramos un destino seguro allá por el mes de junio, hacer pruebas PCR a los turistas y el Gobierno de Pedro Sánchez las vetó.

Meses después seguimos igual, sin un plan para cerrar la vía de agua que supone dejar que el virus entre libremente por puertos y aeropuertos mientras aquí luchamos como podemos contra él. Todo marinero sabe que no basta achichar agua cuando hay una vía de agua, hay que taponarla porque si no, el esfuerzo es baldío.

Así que mientras no haya control real en las vías de entrada, el futuro que tenemos por delante, si la ciencia no lo remedia, es tan deprimente como el del hámster que rueda todo el día en su jaula sin moverse del sitio: restricciones para bajar la curva para que ésta vuelva a crecer tras haberse reintroducido el virus por no controlar puertos y aeropuertos, algo que afortunadamente nosotros podemos hacer, no como los territorios continentales, cuyos accesos son incontrolables.

La mejor solución, sin duda, es que todo aquel que viaje a Baleares lo haga con una PCR negativa hecha en su punto de origen un máximo de 48 horas antes, medida que lamentablemente no es infalible, pero que supondría un gran paso para que todo el que quisiera venir, estuviera convencido de que somos un destino seguro.

Si la medida no es implementada por la Unión Europea porque atenta contra la sacrosanta libertad de movimientos y España no se atreve, hay que plantearse de forma urgente hacerla nosotros, que para eso tenemos las competencias en salud pública en virtud del estado autonómico, única manera de mandar a los mercados un mensaje de optimismo y confianza en el destino en estos momentos y de que se ponga en marcha la maquinaria turística.

¿Dónde está el plan?

Es responsabilidad exclusiva del Govern de Armengol, la que vetó la cuarentena para viajeros procedentes de zonas con elevada incidencia que propusieron los técnicos, una de las razones por las que se reintrodujo el virus en estas islas, que a día de hoy nadie haya visto un plan sobre cómo se podría abordar esta cuestión, máxime cuando lamentablemente los test de antígenos no son fiables para identificar asintomáticos, cuál sería la inversión necesaria en bienes de equipo, cuál sería el coste del personal necesario, cuál sería el límite de personas que podrían entrar a la hora en cada isla, cuál sería la logística y cuál sería el procedimiento a seguir por la sencilla razón de que no se ha hecho el trabajo, una dejación de funciones como otra cualquiera.

Nos encanta contratar informes y estudios para cualquier chorrada y nos encanta ser casi independentistas (Armengol perteneció al sindicato estudiantil Bloc d’Estudiants Independentistes), pero cuando necesitamos serlo de verdad, cuando necesitamos coger el toro por los cuernos y trabajar duro para ser un destino seguro y confiable, miramos hacia otro lado y seguimos dándonos cabezazos contra el muro del Gobierno, como ha vuelto a hacer esta semana Iago Negueruela, cuya gestión se sigue limitando a pedir ERTE sine die.

No hay excusa. Tenemos recursos y la competencia de salud pública para tomar nuestras propias decisiones y no hace falta tener un MBA del IE para saber que los beneficios de una medida de este tipo superan con creces los costes de implantarla y, más aún, de no hacerlo.

Sabemos que si paramos la economía de las islas durante 15 días, será doloroso, pero el índice de contagios se desplomará, dar un paso atrás para dar dos adelante. Pero de qué serviría tanto sacrificio, si el coronavirus sigue entrando como Pedro por su casa.

Obviamente, es más cómodo esperar a que nos solucionen el problema desde fuera (nuestras fronteras están cerradas de facto por los cierres perimetrales autonómicos) mientras nos tomamos un gin tonic en el Hat de madrugada.

Triste papel de la oposición.

Vicent Torres y Viviana de Sans no están a la altura de las circunstancias y están haciendo el ridículo. Votar en contra de exigir al Govern la recuperación de los cuatro millones de euros de inversiones estatutarias que ha perdido Ibiza es todo lo contrario de lo que necesita la isla. El convenio está caducado desde el 2 de octubre de 2019 por la sencilla razón de que ni Secretaria de Estado de Turismo ni Conselleria de Turismo del Govern balear, ambas en manos del PSOE, adaptaron su contenido a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según el demoledor informe de la Abogacía del Estado que, o bien no ha leído el hombre que cobra 50.000 euros al año por asistir una vez al mes al Pleno del Consell d’Eivissa y poco más o bien su nivel de desprecio a sí mismo y al resto de los ibicencos no tiene límites. Este periódico lleva 15 días pidiendo sin éxito a Govern y Gobierno por qué no se adaptó el convenio y de quién es una responsabilidad que parece compartida.

Viviana de Sans, líder de Unidas Podemos en Ibiza, que no ha abierto la boca sobre el pelotazo en ciernes de cala Vedella, ni tampoco sobre el error de Armengol, debería preguntarse ¿dónde está la contratación del proyecto del futuro Centre Bit que depende del Govern del que forma parte su partido y que se supone parte esencial del cambio de modelo que dicen promover? y ¿por qué no se han liberado todavía los remanentes de los ayuntamientos y consells con los que poder planificar inversiones? antes de criticar al Consell d’Eivissa por no haber presentado proyectos (hasta 25 a los fondos de resilencia europeos) en plena crisis.

Todos los partidos hacen demagogia, especialmente los que están en la oposición, lo que, no obsta, para pedir un poco de seriedad en el reproche y a ser posible predicar con el ejemplo.