Once de las familias que viven en un bloque de viviendas en Cala de Bou pelean desde hace meses por mantener su vivienda. Están al día en sus pagos de alquiler, sin embargo el arrendatario, una entidad bancaria o un fondo de inversión según las fuentes, ha decidido no renovar los alquileres. Una actuación que se está llevando a cabo «mediante presiones», según los inquilinos, a pesar de que la entidad adquirió el compromiso con el Consell d’Eivissa en 2018 de mantenerlos y de que el Real decreto 30/2020 establece la obligación de prorrogar todos aquellos contratos de alquiler a petición de los inquilinos hasta el 31 de enero.
«Son familias que se verán abocadas a acudir a los Servicios Sociales si se les echa de su domicilio. Nos vamos a encontrar con 11 familias en la calle, 33 personas de las que nueve son menores. El (banco) Sabadell debe tomar conciencia de lo que está haciendo y recapacitar respecto a la intención de dejar sin hogar a estas familias», indicó ayer la concejal de Servicios Sociales de Sant Josep, Guadalupe Nauda.
La evolución de los acontecimientos llevó ayer a Unidas Podemos a emitir un comunicado en el que criticaba la actitud del equipo de gobierno del Consell frente a esta situación. La secretaria general de Podemos Ibiza y portavoz de la formación en el Consell d’Eivissa, Viviana de Sans, consideró que la institución se «pone de perfil» frente a este problema.
De Sans señaló que la entidad bancaria que arrendó las viviendas está expulsando a la gente de sus casas «después de que en la anterior legislatura se comprometieron a renovar los contratos y a no dejar a nadie en la calle y después de que en esta legislatura, se supone, también se hayan comprometido con el actual Consell de PP y Ciudadanos».
Desde el Consell defienden que sí se está trabajando en este tema a través de reuniones. Señalan que actualmente el propietario de las viviendas ya no es el Banco Sabadell y que se está intentando localizar al fondo de inversión que ha adquirido las viviendas.
A pesar de ello, según la concejala de Servicios Sociales de Sant Josep, los vecinos siguen recibiendo llamadas y burofax de la entidad bancaria que les arrendó las viviendas para exigirles que la abandonen, en el caso de los contratos que van a vencer y ofreciendo dinero a aquellos que tienen el contrato vigente para que dejen el piso.
Reuniones y más reuniones
Las personas afectadas por esta situación acudieron en un primer momento a la exvicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, que en 2018 negoció con Banco Sabadell la prórroga de los alquileres sociales que tenían con éxito. De Sans indica que en un primer momento les remitió a la directora insular de Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística e Intrusismo en Consell Insular de Ibiza, Naihara Cardona. Cardona es abogada especialista en vivienda.
Según indica el Consell, la reunión se produjo el 7 de octubre. Un encuentro en que expusieron su caso y repasaron toda su documentación. En ese momento desde el Consell indican que se inició una ronda para averiguar qué empresa es responsable, porque no estaba claro que fuera Banco Sabadell.
Posteriormente acudieron a la Oficina de Vivienda de Sant Josep, donde se les remitió a Nauda. Tras reunirse con ella, la concejala celebró un único encuentro con Naihara Cardona en la que trataron la situación de estas familias.
Desde el Consell se averiguó que el banco había vendido las viviendas sin haber informado de ello a los inquilinos. En el proceso de averiguaciones intervino la consellera María Fajarnés y Cardona, según el Consell.
A pesar del cambio de propiedad, la concejala de Servicios Sociales de Sant Josep asegura que sigue siendo la entidad Banco Sabadell quien gestiona el intento de rescisión de contratos. «Si realmente han vendido deberían haber respetado las condiciones de los inquilinos y el acuerdo con el Consell», manifiesta.
En medio de este lío está el futuro de 11 familias que se enfrentan a verse sin techo durante una grave crisis económica.
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