El diputado ibicenco Miquel Jerez.

El Partido Popular de Ibiza, a través del senador José Vicente Marí Bosó y el diputado Miquel Jerez, alertaron ayer sobre la nueva fiscalidad que pretende aprobar el Gobierno a través de un proyecto de ley para la prevención y lucha contra el fraude y de la modificación de normas tributarias que según los populares «afectaría a transmisores de bienes adquiridos a través del pacto sucesorio».

Según Miquel Jerez, la ley trata a todos los que han suscrito un pacto sucesorio de «potenciales defraudadores» y según explicó ayer «va en contra de la esencia misma de una figura tan arraigada al ordenamiento jurídico español».

Además, el diputado ibicenco por Baleares recordó que el pacto sucesorio es una figura de profundo arraigo en las cuatro islas baleares «y que recibe un tratamiento fiscal que permite transmitir bienes futuros de la herencia, pudiendo adelantarlos para ser entregados en vida a cónyuges o descendientes». En este sentido, Jerez aseguró que «esta figura la emplean muchos padres para que sus hijos disfruten de los bienes y tengan una cobertura patrimonial en caso de verse necesitados y tener que vender en cualquier momento de su vida».

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Por ello, desde el Partido Popular aseguraron que si se aprueba la ley «a los hijos se les condena a no vender mientras sus padres sigan con vida» al tiempo que criticaron abiertamente «el desconocimiento del Gobierno de nuestras figuras propias de derecho civil y su necesario tratamiento fiscal favorable para que pervivan».

Mientras, el senador José Vicente Marí Bosó confirmó que «con esta ley se confirma que la única intención del Gobierno central es recaudatoria, ya que no tiene en cuenta que está perpetrando una agresión en toda regla a las expectativas de muchas familias en tiempos muy duros».

Incluso, el representante popular en el Senado fue más allá. «Las consecuencias de la retroactividad de la norma provocará una inseguridad jurídica enorme y un acelerado descenso en el otorgamiento de pactos sucesorios, a la vez de reducir el tráfico inmobiliario y suponer un efecto recaudatorio inverso».