Participaron la concejala de Vivienda, Guadalupe Nauda, el abogado del servicio de asesoramiento jurídico Habita Sant Josep, Juanjo Ferrer, y representantes de 10 de las 11 familias afectadas. En total, viven en el inmueble 33 personas, de las cuales nueve son niños y niñas.
Según el Ayuntamiento josepí, la intención fue «poner las bases de la posible negociación con la propiedad, que aún no ha contestado ninguno de los requerimientos que se le han hecho para iniciar conversaciones». En este sentido, la concejala aseguró que «el Ayuntamiento ha reiterado que se deben respetar los acuerdos alcanzados en su momento y que por ello se ha dado todo nuestro apoyo a unas familias trabajadoras con derechos que no se pueden obviar».
Negociación colectiva
En el encuentro se acordó plantear «una negociación colectiva con las entidades implicadas en esta operación». A través de la interlocución de Habita Sant Josep los afectados reclaman que se mantenga el compromiso de renovar los contratos de alquiler que ahora peligran y poder ejercer el derecho de compra establecido en algunos de los arrendamientos.
Además, todos reclaman «el fin del acoso» que, según denuncian, han sufrido a través de llamadas telefónicas y comunicaciones de las entidades «con las que se les quiere presionar para dejar sus hogares y renunciar a sus derechos».
2 comentarios
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A las familias trabajadoras y propietarias expulsadas del Don Pepe por el Ayuntamiento, parece que si, se le puede "obviar sus derechos"! Y si un juez se los reconoce, se recurre! Hipócritas?
Que compre ellos,lo que no puede ser que todo se quiere regalado!