El servicio jurídico de vivienda de Sant Josep se reúne con las familias de Cala de Bou

Once familias insisten en que el Banco Sabadell quiere «echarles» para vender sus pisos

| Sant Josep |

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Un momento de la reunión mantenida ayer entre el Ayuntamiento y los residentes de la calle Lugo de Cala de Bou.

Un momento de la reunión mantenida ayer entre el Ayuntamiento y los residentes de la calle Lugo de Cala de Bou.

El Ayuntamiento de Sant Josep organizó ayer la primera reunión entre los vecinos del edificio de la calle Lugo de Cala de Bou y el asesor jurídico ofrecido por la concejalía de Vivienda, el abogado Juanjo Ferrer. En dicho encuentro analizaron la situación que viven después de que el Banco Sabadell «amenazara con echarlos de sus viviendas» raíz de la posible venta del bloque de pisos por parte de la entidad bancaria.

Participaron la concejala de Vivienda, Guadalupe Nauda, el abogado del servicio de asesoramiento jurídico Habita Sant Josep, Juanjo Ferrer, y representantes de 10 de las 11 familias afectadas. En total, viven en el inmueble 33 personas, de las cuales nueve son niños y niñas.

Según el Ayuntamiento josepí, la intención fue «poner las bases de la posible negociación con la propiedad, que aún no ha contestado ninguno de los requerimientos que se le han hecho para iniciar conversaciones». En este sentido, la concejala aseguró que «el Ayuntamiento ha reiterado que se deben respetar los acuerdos alcanzados en su momento y que por ello se ha dado todo nuestro apoyo a unas familias trabajadoras con derechos que no se pueden obviar».

Negociación colectiva
En el encuentro se acordó plantear «una negociación colectiva con las entidades implicadas en esta operación». A través de la interlocución de Habita Sant Josep los afectados reclaman que se mantenga el compromiso de renovar los contratos de alquiler que ahora peligran y poder ejercer el derecho de compra establecido en algunos de los arrendamientos.

Además, todos reclaman «el fin del acoso» que, según denuncian, han sufrido a través de llamadas telefónicas y comunicaciones de las entidades «con las que se les quiere presionar para dejar sus hogares y renunciar a sus derechos».

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don pepe
Hace 2 meses

A las familias trabajadoras y propietarias expulsadas del Don Pepe por el Ayuntamiento, parece que si, se le puede "obviar sus derechos"! Y si un juez se los reconoce, se recurre! Hipócritas?

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Pilar
Hace 2 meses

Que compre ellos,lo que no puede ser que todo se quiere regalado!

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