Sa Graduada: puesta al día con deficiencias y Covid

El 2 de diciembre de 2019 arrancaba la actividad en unos Juzgados que se hacían más necesarios que nunca tras el incendio que la madrugada del 21 de enero había dejado fuera de servicio los antiguos Juzgados. Un joven enjuiciado por un delito de receptación se convertía en el primer condenado de la nueva sede judicial. Mientras la magistrada Martina Rodríguez dictaba la sentencia in voce en una de las salas de lo Penal, el personal del Instituto de Medicina Legal y Forense desplegaba sus pancartas ante la fachada del edificio. El motivo de la protesta, su emplazamiento en los sótanos del nuevo edificio. A la falta de luz natural y una ventilación deficiente, se sumaron las filtraciones registradas días antes por un episodio de lluvias. Un año después y a pesar de las promesas del Ministerio de Justicia para subsanar esta situación, el problema persiste.

Pero las quejas y problemas no acabaron en el sótano. Los trabajadores y órganos se iban incorporando desde el edificio Cetis y se hacía necesario un emplazamiento específico para el juzgado de guardia. Madrid acabó atendiendo las reclamaciones elevadas desde Ibiza y liberó espacios de la primera planta que estaba reservada para la Audiencia Provincial, órgano que en estos 365 días de vida todavía no ha celebrado juicio alguno en Ibiza. Pero la historia se reservaba un nuevo giro.

Y llegó el estado de alarma
El tránsito hacia cierta normalidad empezaba a tomar forma cuando llegó la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid-19. Los juzgados sufrían las mismas restricciones que el resto de la sociedad. En algunos casos las medidas eran incluso más severas. Se impuso el teletrabajo, las disposiciones judiciales no presenciales y el acceso restringido a las instalaciones.

La recuperación de causas señaladas sufría un nuevo frenazo en seco. Solo se atendían causas urgentes, con preso o de violencia de género. La operatividad vía telemática se ponía a prueba y afloraban las ya «clásicas» carencias de la administración de Justicia.
Tal y como explican a Periódico de Ibiza y Formentera varios órganos judiciales, durante los meses de junio y julio se intentó dar un nuevo impulso con personal de apoyo y turnos de mañana y tarde, pero el esfuerzo apenas se plasmó en resultados dado el enorme volumen de casos pendientes que acumulan los Juzgados de Ibiza.

Urge acabar el edificio
La carga de trabajo se sigue acumulando y en paralelo las instalaciones deberán tener un nuevo impulso. El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, valora positivamente la puesta en marcha de la nueva sede judicial porque era muy necesaria ya que, según incidió, «tras el incendio intencionado de la antigua sede de Isidor Macabich, nos encontrábamos en una situación de desubicación y precariedad en las condiciones de trabajo que mejor no recordar. Y además, porque ya tocaba después del gran servicio que prestó la antigua sede, un edificio con 40 años, entrañable y amable, que se ideó para cuatro juzgados y con el tiempo albergó hasta siete juzgados y varios servicios judiciales». Torres subrayó a Periódico de Ibiza y Formentera que lo ideal sería que el nuevo edificio alcanzase «los niveles de ajustes logrados en el edificio incendiado».

Para ello, el juez decano hizo hincapié en la necesidad de acabar el 40 por ciento del edificio que queda pendiente. «Es evidente que al estar inacabado no rinde como debiera, ya que hay problemas de ubicación y de espacios para servicios tan importantes como la recepción y atención a las víctimas especialmente vulnerables como los niños y los menores».

Juan Carlos Torres remarcó que en los tiempos actuales es prioridad absoluta la sanidad y la salud pero insistió en la necesidad de que el edificio «se acabe cuanto antes. A día de hoy desconozco si en los próximos Presupuestos Generales del Estado hay una partida para la finalización de la nueva sede judicial. Entiendo que la prioridad es combatir la pandemia y que en el 2021 será complicado, pero sería necesario que en 2022 se lleve adelante la finalización de la obra», apostilló.

Más salas de vistas
La petición de acabar el edificio cuanto antes es compartida por el secretario general en las Pitiusas del sindicato CSIF, Juan Nieto, quien añade «la necesidad de más salas para vistas» y que se valore esta necesidad para el ala del edificio que todavía está por finalizar, una segunda fase de la construcción que no tiene fecha y que se puede demorar en el tiempo, visto los retrasos sufridos durante la finalización de la primera fase.

En este sentido, reclamó que se agilice la construcción de la nueva ala anexa al edificio y sugirió al Ministerio de Justicia que tenga en cuenta crear más salas en el nuevo anexo «porque es imposible organizarse a efectos de señalamientos de vistas».

El responsable de CSIF recordó que, a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, todavía no están al completo todas las plantillas en los órganos judiciales ya que se permite el teletrabajo y realizar turnos de mañana y tarde para evitar aglomeraciones.
Asimismo, indicó que hay funcionarios judiciales que siguen trabajando en oficinas situadas en el edificio del Cetis y la previsión es que «en un par de años o tres, según anunció el Ministerio en su momento, se trasladen a ese ala que está por construir». A este hecho se suma que el juzgado de lo Social sigue en una oficina de la calle Gaspar Puig.

Nieto también destacó que cuando se inauguró la sede se detectaron ciertos problemas estructurales que sí se han ido subsanando, «aunque todavía quedan flecos por pulir, como ventanales que no tienen vinilos».

En cuanto al personal, el máximo responsable del CSIF consideró conveniente que el Ministerio de Justicia designase a más personal «para desatascar el trabajo retrasado, no sólo por el incendio sino también por la pandemia». Y mirando con perspectiva, Nieto hizo hincapié e insistió en la necesidad de incrementar las plantillas pensando en los servicios de guardias durante el verano, meses en los que los juzgados de Ibiza sufren la mayor carga de trabajo.