Una foto bien vale 23 millones. Vicent Marí regaló a Francina Armengol la foto de la inauguración de Ca na Putxa, a pesar de que hasta ese momento el Govern se ha venido desentendido de colaborar en su financiación y de que se trata de un proyecto propio. ¿Servirá el gesto para que Armengol saque la chequera y cumple con el compromiso de pagar el 30% de la inversión? | DANIEL ESPINOSA

Bien porque Menorca cuenta con un partido de corte separatista, Més per Menorca, los votos de cuyos diputados valen su peso en oro en determinados momentos, bien porque coincide el color político del gobierno de la plaza Biosfera con el del Consolat de Mar, bien porque gobiernan aquí políticos de escasa talla, menor visión y nula capacidad de influencia como durante el mandato del socialista Vicent Torres, bien porque es inmerecida la fama de buenos negociadores de los herederos de los fenicios, es una constante que Menorca salga más beneficiada que Ibiza de las negociaciones con el Govern. La inaudita aportación del Consell d’Eivissa a proyectos autonómicos, como la Escuela de Hostelería, es solo un ejemplo de ello.


Esta semana hemos conocido otro lacerante episodio a cuenta del transporte público, en este caso salpimentado por un bochornoso intento de engaño institucional, otra fake new más que eriza los pelos.


Prácticamente a la misma hora que el miércoles los conselleres de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, y de Universidad e Investigación, Martí March, y la presidenta Francina Armengol firmaban un decreto de medidas urgentes para compensar el déficit que las restricciones a la movilidad ha generado en las empresarias concesionarias de las líneas de transporte público, la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, presentaba junto al portavoz de los separatistas menorquines, Josep Castells, también militante de ERC, el acuerdo que garantiza el apoyo de los dos diputados ecosoberanistas a los presupuestos. El típico cambalache.


A cambio de dos votos, el Govern riega Menorca con nueve millones de euros extra, siete para inversiones y actuaciones varias, un centro sociosanitario y una depuradora las más importantes, y otros dos para el transporte público.


Para que ni Ibiza y ni Formentera se soliviantaran demasiado con el favoritismo repugnante, se incluyeron en el acuerdo de forma tramposa 2,2 millones para el transporte público de Ibiza y otros 300.000 euros para Formentera. Un cortafuegos contra las críticas con letra pequeña.


Lo que no sabíamos en ese momento es que el acuerdo sobre el transporte era una filfa, además de una nueva felonía para Ibiza en forma de hachazo.


Al día siguiente, el Grupo Socialista, es de suponer que con la aquiescencia de Pilar Costa; el hijo de Agustinet, Jordi Marí Tur, el único de los cinco que luce una mínima actividad en su expediente (nueve preguntas en comisión); Irantzu Fernández; Enric Casanova; y Helena Benlloch, trata de que dicho fondo sea pagado con cargo a la financiación que reciben los consells a través de lo que se conoce como una enmienda de afectación. Es decir, los socialistas, que 24 horas permitieron el lucimiento ante su parroquia a Més per Menorca con el cuento de que eran fondos extra, en realidad no querían aportar ni un euro más de los que ya estaban previstos y encima trataban de cercenar la autonomía de los consells, que dejaban de ser soberanos sobre una parte sus fondos.


Mientras los aparentemente beligerantes separatistas de Més per Menorca dormitaban en la comisión de presupuestos satisfechos por la hazaña perpetrada, el portavoz adjunto del Grupo Popular, el ibicenco Antoni Costa, quien, además de profesor de Economía la UIB fue director general de Presupuestos cuando José Vicent Marí Bosó era conseller, advierte de la canallada y avisa de que su grupo votará en contra.


Finalmente, en un ataque de decencia que deja a las claras la improcedencia de la iniciativa, los socialistas retiran la enmienda, se aprueba la presentada por Més per Menorca que es dotada por el fondo de contingencia, es decir, los fondos que el Govern se reserva para emergencias.


Siendo grave que el Govern y Més per Menorca hayan montado una operación para engañarnos, tratándonos de tontos, con el único objetivo de fabricar un titular y una foto y apuntarse un tanto, no es, ni de lejos, lo peor porque en realidad lo que el PSOE quería era quedarse con el dinero que le corresponde a Ibiza.


Sigamos. Esta operación mosquea y mucho a Javier Torres, el conseller insular de Movilidad, porque se da cuenta de la treta y de que el supuesto fondo covid y su supuesta inyección extra para el transporte público se trata en realidad del dinero que Madrid envía a las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia en el sector del transporte público. 800 millones de euros de los que a Baleares le tocan 11 millones en base a los criterios de cálculo establecidos por Fomento, básicamente por kilómetro y población.


Los consells y el Govern, competente en transporte público en Mallorca, lo tenían claro: Formentera 300.000 euros (curiosamente); Ibiza 2,7 millones de euros; Menorca 1,4; y Mallorca 5,9.


Durante el viernes confirmamos este extremo. Tras evasivas iniciales y subterfugios de Hacienda y Movilidad, finalmente la evidencia es tan aplastante que no le queda más remedio al Govern que reconocer que no hay fondos extra, que el dinero de Madrid es el mismo que el de la enmienda y que, en consecuencia, en un ejercicio de trilerismo parlamentario, el Govern ha puesto negro sobre blanco una propuesta que perjudica claramente a Ibiza y beneficia escandalosamente a Menorca, todo ello aderezado con un manto de engaño.


Así pues, si no cambian las cosas, algo que no hay que descartar de quien ofrece tres versiones diferentes en tres días consecutivos, el Consell de Menorca recibirá 600.000 euros más de los que le corresponde para compensar a las empresas de transporte público y el de Ibiza, 500.000 menos porque en lugar de aplicar los criterios del Ministerio de Fomento para el reparto se aplican los de la Ley de Financiación de los Consells, que son los que benefician a unos y perjudican a otros. Y aún podría haber sido peor, si se llega a aprobar la enmienda socialista.


Para rematar el ataque y la afrenta, de postre siete millones de euros más para inversiones en Menorca. En los próximos días conoceremos a qué proyectos ha dejado sin blanca Rosario Sánchez para compensar a los separatistas, ya que esto de los presupuestos es un juego de suma cero, lo que se incrementa para pagar determinadas partidas se ha de restar de otras.


Armengol, quien solo exige el cumplimiento de los compromisos a los demás y no ha dado muestras nunca de querer aportar el 30% de la financiación comprometida a la planta de triaje de Ca na Putxa, al contrario de lo que ha sucedido en las otras islas donde el Govern ha cofinanciado este tipo de instalaciones, dijo el jueves que los siete millones de euros extra no deben considerarse un trato de favor y que el Govern invierte allá donde hace falta, como queda demostrado al haber sido añadidas las partidas a cambio de dos votos necesarios para el trámite parlamentario de aprobación de las cuentas.


Rosario Sánchez se reunió el viernes con el Consell d’Eivissa y trató de apagar el incendio con el compromiso de palabra de que Ibiza recibirá lo que tenga que recibir, viniendo a decir que la enmienda pactada con Més per Menorca era poco más que papel mojado, salvo para que el Consell de Menorca reciba 600.000 euros más. ¿Qué credibilidad tiene quien es capaz de perpetrar una fechoría como la relatada? Para mí, ninguna.

Arranz desaparecido. El doctor Arranz ha explicado en varias ocasiones a quien le ha querido escuchar que los test de antígenos no sirven para identificar asintomáticos y que solo son válidos para diagnosticar enfermos de covid con síntomas entre el primer y quinto día del contagio. Por este motivo, no son aconsejables para cribados masivos por la sencilla razón de que no localizan asintomáticos. Salvando las distancias, son como la toma de temperatura, probablemente es mejor que nada, pero no responden al objetivo.


A pesar de ello, el Gobierno envió miles de kits de test rápidos a los aeropuertos para aquellos extranjeros que entren en España sin haberse hecho la PCR en origen 72 horas antes de volar, el Govern los ha utilizado en el cribado masivo de sa Pobla y ahora los utilizará para los viajeros nacionales en determinados casos.


No le hemos podido preguntar a Javier Arranz sobre las razones científicas que avalan este repentino cambio de criterio porque, coincidencia o no, el Govern lleva semanas sin convocar una rueda de prensa con el experto, tal como ha venido siendo habitual.

Yates de gran eslora. Después de que este periódico publicara el informe que había encargado el alcaldepresidente Pep Tur Cires sobre los ingresos que podría obtener Ports IB si destinara el muelle comercial al atraque de grandes yates, el portavoz de PxE y teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, confesó en la TEF lo que algunos intuíamos.


No podemos obligar a Ports IB a no poder explotar el muelle y la estación marítima y me parece bien ubicar grandes yates en el muelle comercial, algo que, a su entender, es compatible con el carácter de puerto refugio.


Mantener el carácter de puerto refugio de Sant Antoni es una línea roja que nadie debería osar traspasar. No parece que sea lo más razonable tener que andar quitando barcos de 60 y 80 metros y dejarlos fondeados en la bahía, sus correspondientes trenes de fondeos, guías y boyas, para que puedan atracar de urgencia ferris, todo ello en plena emergencia y quién sabe si en medio de un temporal, porque ya se sabe, las desgracias nunca vienen solas. Como poco, merece un estudio muy profundo y un plan de contingencia para que sea creíble esta opción.


Al final, resulta que no se trataba de salvar la bahía, ni de recuperar la zona para el pueblo, ni de preservar la posidonia, ni de evitar las olas, ni tampoco los ruidos y las incomodidades y que toda esta operación de engaño masivo estaba diseñada a cambiar los ferris por las grandes esloras, algo que no solo es legítimo, sino que probablemente genere más valor para la bahía, para Ports IB y para el Club Náutico.


Si ése era el punto final, habría sido mejor, al menos más honesto, no aprovecharse de los tontos útiles que se lo han creído de buena fe, decirlo de primeras, todo el mundo lo hubiera entendido, redactar el plan de contingencia que avalara la capacidad de respuesta en el caso de que el puerto de Vila quedara inoperativo y buscar el máximo consenso.
El miércoles conoceremos el veredicto del Consejo de Administración de Ports IB que pondrá fin a uno de los culebrones de este final de año.