Carolina Escandell y Santi Marí durante la rueda de prensa. | DANIEL ESPINOSA

El Consell d’Eivissa destinó 6,2 millones de euros a actuaciones directas en materia de Bienestar Social para paliar los efectos de la COVID-19 en 2020. La consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos, Carolina Escandell, dio cuenta ayer de las actuaciones que llevó a cabo el departamento que dirige a lo largo del año pasado.

Un año marcado por la pandemia que obligó a la administración «a adaptarse muy deprisa a las situaciones que han ido surgiendo y atender a las necesidades sociales de forma rápida y efectiva», señaló Escandell, motivo por el que quiso iniciar su intervención con un agradecimiento al personal de su departamento y del Consell en general.

El departamento de Bienestar Social ejecutó actuaciones en 2020 por un valor de 26,4 millones de euros, de los que cinco millones corresponden a importes comprometidos y autorizados pero todavía pendientes de ejecución o pago. Si se considera el gasto ejecutado y comprometido, en 2020 se destinó un 43% más que en 2019 a Bienestar Social, cuando se ejecutaron 18,5 millones de euros.

En materia de subvenciones, ayudas y conciertos, Escandell resaltó la línea extraordinaria de 300.000 euros para entidades por la pandemia, que se sumaron a los 900.000 euros que se destinaron este año para este fin. También quiso destacar la aportación de 100.000 euros a los bancos de alimentos de Cáritas y Cruz Roja, «en la que se deberá seguir trabajando, dado que el suministro de alimentos se ha revelado como una de las grandes necesidades durante esta crisis».

También se han llevado a cabo acciones para incentivar el empleo en colaboración con el Govern a través del programa SOIB reactiva, por el que Consell contratará temporalmente a 96 personas. El primer turno de estos contratos de cuatro meses se inició el 30 de diciembre con 35 incorporaciones, muchas de ellas a trabajos relacionados con los servicios sociales, pero también en áreas como la administración, cocina, intendencia o limpieza. «Se ha buscado siempre que las incorporaciones sean en áreas en las que la persona tenga conocimiento con el doble beneficio de aportar experiencia laboral y ofrecer unos ingresos a personas desocupadas», explicó Escandell.

Respecto a la Oficina de la Dona, según Escandell, la pandemia ha provocado necesidades sobrevenidas cuantificadas en unos 200.000 euros. Explicó que se ha logrado regularizar la lista de espera de atención a usuarias y se han aumentado las plazas residenciales.

También en materia de igualdad, avanzó que se trabaja con los ayuntamientos en la creación de un Servicio de Atención Integral a personas del colectivo LGTBI.

También la atención a menores requirió en 2020 de medidas extraordinarias a raíz de la llegada de pateras y las medidas COVID. Esto implicó acelerar la reforma y puesta en marcha del Pabellón 208 de Sa Coma para reforzar el centro Padre Morey, que supuso una inversión de 500.000 euros. El nuevo espacio requirió de una amplación de plantilla en 12 personas.

Por su parte, el director insular de Bienestar Social, Santiago Marí, informó de los trabajos realizados para la puesta en marcha de un Plan Insular de Infancia y Adolescencia que actualmente está en fase de elaboración, que se prevé finalice este año y se pueda implementar en 2022.

En el balance del año 2020, también, Escandell también puso sobre la mesa la atención a la sección de Drogodependencias y Unidad de Conductas Adictivas, que se declaró como servicio esencial «a pesar del conflicto competencial con el Govern”; así como que entre otras acciones, el pasado año se adjudicó el nuevo contrato de acogida residencial de menores por dos años con una inversión total de 5,5 millones.

Personas sin hogar
Entre las inversiones comprometidas por parte de Bienestar Social está la construcción del Centro Polivalente de Sa Joveria, con un coste de 1,5 millones de euros, que todavía está en fase técnica de redacción del proyecto. Escandell manifestó que la previsión es que esté contruido durante el primer semestre de este año.

Respecto a la posibilidad de poner de nuevo en marcha un centro provisional como el que se habilitó en el polideportivo de Sa Blancadona si se diera un nuevo confinamiento, Escandell recordó que en su momento se tomó la medida a petición de los ayuntamientos, dado que se trata de una competencia municipal.

«En este momento los ayuntamientos nos dicen que tienen su situación ordenada, pero el Consell hará siempre lo que sea necesario cuando sea necesario».