El presidente del Consell, Vicent Marí, saluda al alcalde de Sant Josep. | Marcelo Sastre

Contundencia contra los incívicos y aplicación del decreto sancionador que recoge multas de hasta 600.000 euros para las infracciones graves. La grave situación que aflora en la Islas con una incidencia calificada de «muy grave» o «crítica» requieren del máximo compromiso social y si éste no se da, más controles y más sanciones. La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, advirtió en la conferencia de prensa que serán «contundentes» con los incívicos y con la aplicación del decreto sancionador aprobado el 10 de julio.

Castro desgranó el balance de aplicación de las medidas impuestas. Así, desde la entrada en vigor del decreto se han registrado 1.394 denuncias en Ibiza (1.252 a particulares y 142 a establecimientos) y 150 denuncias en Formentera (3 a establecimientos y 147 a particulares). En el conjunto de las Islas Baleares las denuncias interpuestas ascienden a 6.564.

Asimismo, en Ibiza se han tramitado 225 expedientes con propuestas de sanción por un total de 360.001 euros, apuntó Castro.

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Entre los incumplimientos más reiterados, se encuentran la falta de uso de la mascarilla, por parte de los particulares, e incumplimientos de aforos, de toque de queda y falta de distancia social, en los establecimientos, según relató la consellera de Administraciones Públicas del Govern balear.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, advirtió que se aumentarán los controles en aquellos puntos que se identifiquen como «prioritarios» por parte de los ayuntamientos y resto de instituciones.

«No tenemos policías o guardias civiles en cada calle y por ello la responsabilidad personal es imprescindible», apuntó Calvo, antes de enfatizar que «nos estamos jugando muchas vidas. Los incumplimientos nos ponen en riesgo e incrementan las posibilidades de muerte. Se trata de frenarlos cuanto antes y evitar muertes por la irresponsabilidad», remarcó.

Calvo agradeció la colaboración entre administraciones e insistió en que la prioridad de la Policía y de la Guardia Civil es trabajar para garantizar el cumplimiento de unas medidas dirigidas a combatir la pandemia.