El plan de ayudas a las empresas, una chapuza

Desde estas páginas hemos calificado que los empresarios que han sido obligados a cerrar sus negocios reciban 1.500 euros al mes como máximo, si no tienen acta contra el covid abierta, en cuyo caso queda excluidos, por centro de trabajo, con un máximo de dos, con independencia del número de trabajadores y de los metros cuadrados del establecimiento, de insuficiente.

La consellera ibicenca del Govern balear y portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, asegura en la entrevista que publicamos hoy que el Ejecutivo ha hecho el máximo esfuerzo posible, lo que es un falsedad, como otra cualquiera, fácilmente rebatible cuando ella misma reconoce, como si fuera una hazaña, que no han hecho recortes para liberar recursos prescindibles a otras tareas más necesarias.

En las economías familiares y en las economías empresariales se hace recortes para disponer recursos cuando son necesarios para acometer una empresa de mayor importancia. Cuestión de prioridades.

Siendo muy relevante que la aportación de los recursos públicos autonómicos sea escuálida, lo más relevante, en cualquier caso, es el desprecio con el que Francina Armengol trata a los negocios a los que ha obligado a bajar la persiana en aras de la salud pública, algo que nadie discute, ya que, a día de hoy, estos recursos no son más que un anuncio en la prensa para tratar, de forma infructuosa por otra parte, de calmar los ánimos del personal.

El Govern, forzado por la presión social y de los socios de Més per Mallorca y de Unidas Podemos, articuló un plan con el objetivo de presentar a los miembros del Plan de Reactivación un paquete de ayudas que calmara los ánimos y que en realidad, a día de hoy, es una filfa.

Ni son 100 millones de ayudas, ya que la mitad son préstamos, una parte bonificaciones obligatorias, ni es el Govern, ya que la mitad de los recursos son de los consells y de los ayuntamientos.

El Govern, con un presupuesto de 5.881,5 millones de euros para 2021, sin hacer recortes porque eso es muy de Rajoy y Bauzà, pone 15 millones para que los consells tramiten las ayudas a los negocios obligados a cerrar y otros 10 para un plan de ayudas de los ayuntamientos para aquellos negocios afectados pero que no se han visto obligados a cerrar.

De los 103 millones del plan de ayudas, bonificaciones y préstamos, el Govern pone 25, 15 para el plan de los consells y 10 para el plan de los ayuntamientos.

El resto son bonificaciones, la mayoría de ellas obligadas, ya que la norma obliga, como es lógico, a no cobrar por los servicios no prestados, y la mitad préstamos blandos, algo que está muy bien pero que dista mucho de ser una ayuda directa.

Dicho en otras palabras, el Govern se garantiza la foto, se atribuye la paternidad y el mérito y los demás ponen el mismo dinero, hacen el trabajo y se exponen a las críticas que generará la tramitación de las ayudas, que generará.

Una jugada maestra de marketing que no recibirá críticas porque patronal y oposición están en modo lealtad institucional.

La portavoz del Govern dice que las ayudas no tienen condicionalidad, a pesar de que sí lo parece a tenor del anuncio hecho.

Como el Govern no ha enviado aún el borrador del convenio, no sabemos si finalmente se mantendrá la exigencia de que la ayuda sea lineal y de que queden excluidos los negocios que tengan un acta por incumplimiento de las medidas anti covid, medida que genera muchas dudas jurídicas, ya que no se trata de sanciones firmes, luego cuestiona el principio de presunción de inocencia.

El presidente de la Generalitat Valenciana, el de la Commonwealth mediterránea, Ximo Puig, que, como Armengol, gobierna con separatistas, tuvo la delicadeza de anunciar su plan de ayudas, bautizado como Plan Resiste, para la hostelería el mismo día que entraron en vigor, no como aquí, donde tuvimos que esperar a una tumultuosa protesta en Palma.
Como dice Pilar Costa, nunca serán suficientes las ayudas para paliar el sufrimiento, algo que es indiscutible, como también lo es que es más justo incluir una proporcionalidad de 200 euros por cada empleado como han hecho los valencianos.

El Consell d’Eivissa espera que el Govern introduzca mañana una modificación legislativa que le permita tramitar las ayudas cuando no tiene competencias para ello y poder firmar cuanto antes el convenio con la Comunidad que les garantice los 2,35 millones prometidos para poder lanzar la convocatoria de ayudas la semana que viene.

La candidatura de Illa es un despropósito. Se mire por donde se mire, que Salvador Illa siga siendo ministro de Sanidad cuando en realidad es candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña es un despropósito.

Quienes han sido candidatos alguna vez o han participado alguna vez en una candidatura electoral saben que es incompatible ser candidato a una comunidad autónoma con cualquier otra responsabilidad, máxime si esta es estar al frente de un ministerio que lucha contra una pandemia.

Por mucho que cuente con un partido primoroso en el que todo funciona como un reloj, lo que seguramente no es el caso del PSC, un candidato se preocupa de la confección de las listas de los que le acompañarán en la candidatura, del eslogan, del programa electoral, del diseño de los actos, de lo que hacen los adversarios..., todo ello incompatible con dedicarse al 101% como dice, a su puesto de ministro.

Si Salvador Illa es tan, tan, tan, tan importante para hacer frente a la pandemia, algo que es discutible, como para no abandonar el cargo el mismo día que se anunció su candidatura, debería quedarse al frente de la empresa hasta lograr el éxito definitivo. Y si no lo es, debería haber dejado el Ministerio hace días.

Eso supondría que estamos en un país serio, en el que la vacunación se ejecuta con precisión cirujana y no se adelanta el primer desgraciado que pasa por ahí, sea alcalde, sea consejero de sanidad, sea director de hospital, administrativo o general del Ejército.

Hagamos como nos recomendó el coordinador de Salud Mental de Baleares, Oriol Lafau, a quien recurrió el Ejecutivo para lanzar un mensaje de esperanza, y vivamos al día, como hacen los niños.