Imagen de una fiesta en el Usuahïa, uno de los locales que Ibiza de Noche quiere que sea investigado.

Nuevo capítulo en la pugna que mantiene la Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone) contra los beach clubs y hoteles musicales de Ibiza agrupados en torno a la patronal mayoritaria Ocio de Ibiza. Abone y su delegación en la isla, denominada Ibiza de Noche, de la que forman parte algunas discotecas y locales musicales del West de Sant Antoni, anunció ayer su intención de investigar y verificar las licencias de actividad con las que cuentan determinados establecimientos hoteleros y de ocio de la isla que ofrecen una programación regular de conciertos y espectáculos abiertos al público.

A juicio del presidente de Abone, Jesús Sánchez, estos negocios estarían contraviniendo una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que avaló la prohibición de celebrar actuaciones abiertas al público en el ático de un céntrico hotel de Palma, el Saratoga. Esta sentencia argumenta que una sala de conciertos no se puede considerar servicio complementario al del alojamiento cuando se ofrece también al cliente no alojado.

Sánchez, que lidera esta asociación balear de la que forma parte Ibiza de Noche, considera que la aplicación de esta sentencia en Ibiza «permitiría trabajar en igualdad de condiciones a todo el sector del ocio». Por este mismo motivo, el presidente de Abone solicita al Govern balear que aclare cómo aplicará a partir de ahora la Ley 8 / 2012, la regulación del turismo en las islas, que significó un cambio en la industria del ocio en Ibiza al permitir que los hoteles y beach clubs pudieran realizar actividades de entretenimiento musical en sus zonas exteriores, abriendo así un espacio al negocio del ocio diurno en un momento de crisis económica. El éxito que han cosechado desde entonces los citados negocios, pandemia aparte, ha perjudicado notablemente a las discotecas y locales que sí cuentan con licencia de conciertos, según Sánchez.

Una ley «ambigua»
En este sentido, Abone precisó en un comunicado que se ha dirigido a los servicios jurídicos de la Conselleria de Turismo, Trabajo y Modelo Económico del Govern balear «para que nos expliquen con claridad cómo se va a aplicar la Ley de Turismo» a partir de esta sentencia del caso Saratoga, un dictamen al que se aferra esta patronal en su pugna contra los establecimientos de ocio diurno, la mayoría de los cuales forman parte de la asociación Ocio de Ibiza, que engloba a la maoría de las primeras empresas y marcas de entretenimiento de Ibiza.

En opinión de Sánchez, esta ley turística «se aplica con una ambigua interpretación que ha abierto la puerta a que, durante estos años, determinadas empresas e incluso administraciones hayan consentido que se ofrezcan servicios complementarios a modo de sala de fiestas».

La sentencia -añade- aclara el concepto de servicio complementario y dice que con una licencia principal de alojamiento se pueden ofrecer servicios complementarios sin licencia, «pero siempre que estén dirigidos exclusivamente al público alojado». Para Abone, la sentencia del caso Saratoga «no deja espacio a la ambigüedad», y por ello solicita la aplicación de la misma por parte de las administraciones, «para poner fin a una reivindicación histórica y que ha favorecido la competencia desleal».

Regulación «para todos»
El presidente de Abone recalcó ayer que las discotecas han sido el único sector que se ha visto obligado a cerrar por decreto desde el primer día de la pandemia, «y ya sabemos que ahora hay asuntos que no son prioritarios para las instituciones, pero, en cuanto se pueda recuperar cierta normalidad, es necesario que se regulen las actividades de todos, y queremos saber si hay negocios que solo tienen licencia principal para alojamiento o restauración y están incumpliendo las normas al programar actuaciones musicales abiertas, y además con la gente pagando entrada».

En la última reunión telemática que Jesús Sánchez mantuvo con el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, el pasado 15 de febrero, éste «se comprometió a regular y dar normalidad al sector del ocio en la isla», según recuerda el portavoz de esta patronal balear, la antigua Asociación de Discotecas de Baleares.

En el encuentro, Sánchez pidió al presidente una «fluida interlocución» para analizar periódicamente la situación epidemiológica de la isla y considerar la posibilidad de reabrir los negocios «cuando se den las mejores condiciones».

También le trasladó la preocupación de los empresarios y la «dramática situación» en que se encuentran los bares y discotecas «como consecuencia del cierre por imperativo legal» desde hace ya un año «sin ningún tipo de ingresos y afrontando todas sus obligaciones tributarias e impositivas, además del pago de alquileres, facturas de luz o primas de seguros».

En la citada reunión, Marí abogó por el debate «para buscar el equilibrio entre todas las actividades y poner límites», asegurando que, en el caso del West End, «el Govern balear ha optado por utilizar el instrumento de la prohibición, que debería haber sido el último recurso».