El conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, presentó ayer un balance de la gestión de su departamento en 2020 en el que destacó el notable aumento en la tramitación de expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas como producto del incremento de la inspección que llevó a cabo su conselleria durante el pasado año.
El conseller, que compareció junto a la directora insular Naihara Cardona, destacó el alto rendimiento de la Comisión Insular de Urbanismo y reveló que los expedientes de investigación de disciplina urbanística abiertos en 2020 fueron 80, la misma cifra que en 2019, pero por encima de los 69 del año 2018. En contraste, destacó que los 20 expedientes sancionadores y los de restablecimiento tramitados este pasado año alcanzaron los 6.051.340 euros, frente a los 546.425 de 2019 y los 120.047 en 2018.
Juan destacó la «eficiente gestión» de su conselleria y la progresiva agilización de los trámites, «aprovechando los recursos que tenemos y trabajando con mucha ilusión para desbloquear los miles y miles de expedientes que estaban en los cajones. Como ejemplo de ello, puso el caso de las 1.500 cédulas de habitabilidad expedidas en 2020, «poniendo los expedientes al día y terminando con un retraso de más de 11 meses, que estaba siendo denunciado reiteradamente por todos los colegios profesionales». El conseller y vicepresidente primero destacó que en 2020 se resolvieron 85 expedientes urbanísticos en suelo rústico, de los que 79 eran de nuevas viviendas, de los cuales la mayoría fueron favorables.
Un Consell «más eficiente»
«En la situación actual, es muy importante movilizar inversión privada, y la administración no debe ser un obstáculo ni una piedra en el zapato de quien quiera poner en marcha un proyecto», recalcó Juan, que resumió el objetivo clave de la conselleria: «Trabajar mejor con los mismos recursos, es decir, un Consell más eficiente, que es lo que merecen los ciudadanos de Ibiza, ya que detrás de cada expediente hay proyectos de vida, ilusiones e inversión económicas importantes».
En cuanto a la lucha contra el intrusismo, el Consell inició en 2020 un total de 52 expedientes y ha resuelto 23 de años anteriores. En el balance del año, se destaca que que en 2016 se abrieron solo 9, 11 en 2017, 16 en 2018 y 28 en 2019. Las sanciones en tramitación por intrusismo en 2020 superaron el millón de euros (concretamente, 1.040.000 euros), mientras que 2019 la cuantía fue de 271.780 euros; en 2016, 40.000 euros; en 2017, 80.000 y en 2018, un total de 319.400 euros.
Alquileres ilegales y vallas
Con respecto a los anuncios de alquiler turístico ilegal en plataformas online, la primera institución insular retiró el año pasado un total de 164 de los 185 detectados. Y en cuanto a vallas publicitarias, fueron desmanteladas cerca de 100, de las cuales la mitad se ubicaban en la carretera de Sant Antoni y un 34% en la del aeropuerto.
Naihara Cardona explicó que «se están resolviendo peticiones de autorización de vallas publicitarias que estaban olvidadas en un cajón desde 2015 con el objetivo de poner toda esta demanda al día».
En el apartado de Ordenación Turística, la conselleria resolvió cerca de 900 declaraciones responsables de estancias turísticas en viviendas unifamiliares para llevar a cabo la actividad, «que también estaban pendientes de resolver desde hacía años», según Juan, quien recordó asimismo que «la presentación de una declaración responsable habilitaba a la comercialización turística de la vivienda, así que este retraso no ha provocado que nadie con derecho a hacerlo no pudiera realizar la actividad». El conseller destacó que había más de 900 viviendas para inscribir, «pero hoy ya está al día el registro, y eso ofrece una seguridad jurídica».
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