El conseller balear de Vivienda, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ junto al alcalde de Vila, Rafa Ruiz. | Daniel Espinosa

El Ayuntamiento de Ibiza adjudicó a dedo y sin pedir presupuestos a otras empresas a MT Assessoria Jurídica i Econòmica SLP, propiedad de la familia del secretario general de la Federación Socialista d’Eivissa (FSE) y conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet, al menos tres contratos menores desde el año 2017.

Según los datos que a los que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, dichos contratos están relacionados con la realización de auditorías internas para verificar el cumplimiento de la norma ISO 14001 en las playas del municipio. En el año 2017 la suma abonada a la asesoría ascendió a 6.483,29 euros, en 2018, a 5.299,80 euros y en 2020, a 6.352, 20 euros.

Desde este rotativo se ha tratado de conocer qué sucedió con la auditoría interna correspondiente al año 2019, ya que es obligatoria una al año, pero al cierre de esta edición el Ayuntamiento de Ibiza no había facilitado el dato de si se realizó, qué empresa la llevó a cabo y cuándo se ejecutó.

MT Assesoria Jurídica i Econòmica fue fundada por Jordi Marí Tur, hijo de Agustinet y en la actualidad diputado autonómico en el Parlament balear por el PSOE, en octubre de 2014. Hasta su toma de posesión como diputado fue el administrador único de la empresa.

El 30 de agosto de 2019, y para cumplir la ley de incompatibilidades de cargos públicos, la administradora única de la empresa pasó a ser Margalida Tur Prats, secretaria de organización de la Agrupación de Sant Josep de la FSE-PSOE, madre de Jordi Marí Tur y esposa de Josep Marí Ribas.

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Desde 2017
El Consistorio dirigido por el socialista Rafa Ruiz reconoció que llevaba trabajando desde 2017 con esta empresa porque «reúne todos los requisitos legales para poder realizar este trabajo».

Además, según destacaron las mismas fuentes municipales, el contrato que actualmente hay en vigor con dicha empresa «es menor, que por ley se puede hacer de manera directa por importe de hasta 18.000 euros más IVA y ni siquiera llega a la mitad de ese importe».

En realidad, con el último cambio normativo, el tope son 15.000 más IVA.

Única oferta
Ha venido siendo práctica habitual que las administraciones se curaran en salud y pidieran más de un presupuesto para el mismo trabajo. La norma eran tres presupuestos, aunque no era una obligación.

Una instrucción de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, obliga a que «de acuerdo con el principio de competencia, y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos».

Según destacaron desde el Ayuntamiento de Vila, en el caso de «contratos de servicios de entre 5.000 y 15.000 euros (IVA aparte), cabe la adjudicación directa con informe técnico justificativo» sin necesidad de pedir más presupuestos.

Una norma para mantener la responsabilidad medioambiental

La norma ISO 14001 es un estándar internacionalmente aceptado que indica cómo poner en marcha un sistema de gestión medioambiental efectivo.

Está diseñado, entre otras cosas, para ayudar a las organizaciones y empresas a tener éxito comercial sin pasar por alto sus responsabilidades medioambientales.

El objetivo principal de la norma ISO 14001 es la mejora de la gestión de todos los aspectos ambientales, ayudando a las organizaciones a controlar consumos, gestionar residuos, vertidos y emisiones atmosféricas, así como la mitigación de riesgos ambientales.

Vila ignoró al resto de asesorías medioambientales de la isla

El Ayuntamiento de Ibiza ignoró sistemáticamente, desde el año 2017, al resto de empresas que se dedican en la isla de Ibiza a asesorar y auditar la aplicación de la norma ISO 14001.

Con realizar una simple consulta con cualquier buscador de Internet surgen un mínimo de cinco empresas de la isla que se dedican a esto mismo y que, al igual que MT Assessoria Jurídica i Econòmica SLP, tienen una amplia cartera de clientes y una dilatada y reconocida experiencia en el sector.

En este sentido, desde el Consistorio aseguraron que los contratos «los proponen y gestionan los técnicos» y que los políticos, únicamente, los ratifican.