Uno de los más duros con este enfoque es el vicepresidente de la CAEB, José Antonio Roselló. Este señaló: «Si partimos de la base del orden público para luchar contra la pandemia, creo que ha habido tiempo suficiente para haber impulsado una reforma del código penal». «Estamos en una situación muy grave y creo que las multas administrativas por este tipo de conducta deberían tener categoría penal», añadió.
Para Roselló es muy importante que en el contexto actual los cuerpos y fuerzas del estado puedan entrar en un domicilio privado con autorización judicial si se está cometiendo una fiesta. «No tiene sentido que la Guardia Civil tenga que estar toda la noche haciendo guardia delante de una casa esperando a que salgan los participantes de la fiesta para poder identificarlos y sancionarlos. Tener toda la noche una patrulla ahí plantada...», argumentó.
«Estamos en una situación excepcional que algunos comparan con una situación de guerra por sus efectos en la economía, el PIB no caía tanto desde la Guerra Civil. Es una situación excepcional y hay que aplicar medidas excepcionales y considerar que estas fiestas y botellones tuvieran la categoría de delito contra la salud publica», afirmó Roselló, que quiso poner en valor las dificultades que se encuentra la Policía y la Guardia Civil para hacer frente a estos infractores.
Por esto, para Roselló es fundamental esta reforma del código penal: «Ahora te ponen denuncias administrativas. Esto va por el derecho administrativo que es muy garantista y se puede liar mucho el tema antes de que haya una resolución. La gente lo sabe y por eso se salta la normativa. Además, hay una larga cola de denuncias y ya veremos si se pueden cobrar todas. Por eso se necesitan sanciones más fuertes y efectivas. No es lo mismo un procedimiento administrativo que pasar por delante de un juez». «Es una opción un poco drástica, pero vivimos tiempos excepcionales», concluyó.
Aumento de fiestas
En una línea muy similar se manifestó José Luis Benítez de Ocio de Ibiza. Desde su asociación llevan mucho tiempo pidiendo este cambio legislativo, algo que también se hizo desde la patronal del ocio española Spain Nightlife. Esta solicitó al Ministerio de Justicia, a través de un escrito, la reforma del código penal «para castigar las conductas imprudentes susceptibles de causar contagios como organizar o acudir a fiestas ilegales». «La tipificación de dicho delito elevaría el grado de cumplimiento de las normas, reduciría los contagios y permitiría el funcionamiento de los locales legales», continuaba dicho escrito.
Benítez suscribió estas palabras y mostró su total apoyo a una reforma del código penal que cree le daría un poco de aire a un sector que agoniza en estos tiempos de pandemia.
Confesó que el ministerio les dio respuesta y les dijo que este tipo de incumplimientos podrían ser constitutivos de delito por imprudencia grave causare, que va desde los tres meses a los tres años de prisión, pero para que esto se diese tendría que haber contagio, de no ser así, es una infracción administrativa.
Desde Ocio de Ibiza se ponen en el pellejo de los cuerpos del estado que ven con frustración «como persiguen estas conductas, se enfrentan a ellos para que luego se quede en un procedimiento administrativo que muere en un cajón».
Además, Benítez mostró su preocupación por lo que pueda ocurrir tras la Semana Santa con la llegada del buen tiempo: «Como no les pasa nada, cada día hay más fiestas ilegales y botellones». «Por el bien de la sociedad ibicenca necesitamos que se cambie la ley», resumió.
Mala imagen
En relación a esto último, desde Fomento de Turismo, Alejandro Sancho, lamentó que «este tipo de conductas dañan la imagen de Ibiza». «Estas fiestas tienen descontrol y son un importante foco de contagios», añadió, antes de señalar que le ve poco sentido a que la Guardia Civil sepa que se está celebrando una fiesta en una villa y no pueda entrar.
«Es un tema complicado, pero si las leyes se deben cambiar para poder perseguir esto, así se debería de hacer», aseguró con rotundidad Sancho.
Mensaje similar que el pronunció el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo: «Estoy totalmente de acuerdo en utilizar todo el poder del estado, incluyendo cambios legislativos, para perseguir este tipo de infracciones, que ya no solo hacen daño en lo económico a las empresas legales, si no que ahora mismo son foco de infección segura».
También desde el Consell d’Eivissa, el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, mostró su apoyo a «todo lo que sea perseguir el intrusismo y actuaciones que atenten contra la salud en estos momentos». «Si endurecen el código penal para perseguir estas conductas, es una buena opción», resumió.
3 comentarios
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El domicilio debe de ser inviolable y sólo con la intervención de un juez y en defensa de un bien superior puede alterarse, lo contrario es muy peligroso y lleno de malos ejemplos en la historia. Prefiero que esperen a que salgan de una fiesta ilegal a que entren en una casa, con cualquier disculpa... da mucho miedo!!
Endurecer el código penal para acabar con las fiestas ilegales????? Y por que no se endurecen tales penas para acabar con la impunidad con la que actúan los políticos de turno? Se empieza a estar hasta los CO-JO-NES de tanta permisividad con algunos especímenes que pululan por estas islas y de que los medios de comunicación les extiendan la alfombra roja para que se rían de la sociedad.
La libertad de individuo por encima de todo! Si no el gobierno con la escusa del coronavirus Podria entrar en cualquier casa matar a la gente y hacerlos desaparecer y estarian amparados por la ley, seria imposible demostrar lo contrario , BASTA de pisotear los derechos fundamentales