«Sería deseable tener un único plan de urbanismo para toda la isla»

—¿Qué impacto ha tenido por el momento el decreto del Govern para agilizar la tramitación administrativa y fomentar la actividad en el sector de la construcción?

—A priori no se ha reflejado un impacto directamente. Piensa que los plazos de tramitación son tan largos que no hemos visto todavía un impacto. Incluso de aquellos plazos en los cuales, porque por ejemplo la 2/2020 que aquellas construcciones en suelo urbano que sean legales, presentando un proyecto técnico visado en 15 días se puedan iniciar las obras, todavía no tenemos constancia de que en lo que va de año, porque es una medida que solo se permite en 2021, se hayan presentado proyectos en este sentido. Sí que es verdad que hay gente que se ha interesado, pero todavía deben estar en ello.

—¿Qué ha faltado para que estas medidas de fomento de la reforma se apliquen?

—Faltar no ha faltado nada, la medida está aprobada. Quizá un poco de conocimiento por parte de los colegiados, no todos están al día de esta posibilidad. En el colegio trataremos de dar más información al respecto. También en la sociedad, aquellos que tienen pensado hacer alguna actuación y que sencillamente presentando un proyecto y una declaración responsable podrían iniciar las obras, quizás no saben que existe esta alternativa. Una vivienda en suelo urbano se puede reformar completamente presentando un proyecto técnico visado y en 15 días se pueden iniciar las obras.

—¿Han tenido algún efecto las medidas en las esperas de años de algunos municipios para obtener licencias?

—Durante el confinamiento, hubo un periodo en los meses de mayo y junio que las licencias comenzaban a salir con mayor agilidad. Pero parece que fue un espejismo, porque cuando volvió a abrir todo vimos que no sólo la situación no ha mejorado sino que estamos empeorando en muchos temas de tramitación.

—¿Cree que la creación de un consorcio insular en materia de Urbanismo sería positivo?

—Nosotros de hecho ya habíamos propuesto en diversas ocasiones estos años que un consorcio pudiese tratar no solamente el rústico, sino incluso el urbano. Tenemos que entender que estamos en una isla muy pequeña de 575 kilómetros cuadrados en el que hay cinco municipios y cinco planemientos distintos con cinco planteamientos distintos. Eso nos parece un poco absurdo, porque en teoría no tiene que ser tan diferente construir una vivienda unifamiliar en Santa Eulària, en Sant Antoni o Sant Josep. Abogamos porque se haga un ejercicio de simplificación y agrupación de criterios, incluso de clasificaciones urbanísticas y criterios de interpretación. Esto facilitaría mucho y agilizaría la obtención de licencias.

—¿Ve disposición de la administración para hacer esta unificación?

—Se trata de un tema complejo. Lo deseable desde nuestro punto de vista es eso, que se unificase toda la normativa y que tuviésemos un único plan general. Del mismo modo que tenemos un único plan territorial y todo el suelo rústico se gestiona con un único documento. Ya sé que hay cinco municipios, pero tenemos un ejemplo con Formentera. Ellos tienen un Consell y Ayuntamiento con un único plan general y con su propio plan territorial lo solucionan todo. La gestión que se está haciendo allí en este sentido funciona bien.

—El Govern ha decidido promover el alquiler por encima de la venta respecto a la VPO, ¿es una medida adecuada?.

—Desde el Colegio de Arquitectos siempre hemos planteado que la vivienda de protección oficial debería ser siempre en régimen de alquier. Lo creemos así porque al final esta vivienda puede servir en un momento dado para una persona o una familia, pero más adelante puede decidir cambiar a una vivienda mejor y esa misma vivienda puede ir a parar a otra familia que lo necesita. Con ese mismo alquiler, el Govern puede autofinanciar potenciales nuevos proyectos de viviendas de las administraciones. Al final la estrategia de vivienda pública debe ser de alquiler para disponer de la posibilidad de ayudar a las familias que lo precisen.

—¿La posibilidad de expropiar viviendas para dedicarlas al alquiler social ayudará a solucionar el problema de vivienda?

—Entendemos que medidas como la expropiación de 56 de viviendas, en comparación con todo el número de viviendas que existe en Baleares es un número ridículo. Creo que esta medida no soluciona el problema. Creo que son necesarias políticas, por ejemplo, como la que se ha aplicado en Portugal, donde aquellos que no aumentaban los precios del alquiler se les beneficiaba fiscalmente, en Viena el sector público tiene una oferta de vivienda del 60% y cada año se construyen alrededor de 9.000 viviendas privadas. Es por ello que en Viena hay una oferta tan grande que los precios del alquiler siempre son bajos, porque la oferta es mayor que la demanda.

—¿Qué opina respecto a la medida implementada para desbloquear las VPO de Ca n’Escandell?

—Desde el colegio siempre hemos creído que hacer según que tipo de leyes o decretos ad hoc para estas cuestiones como el de Ca n’Escandell quizás no sea lo más adecuado. Lo ideal sería que los planes generales fueran capaces de permitir políticas a corto, medio y largo plazo en estas cuestiones. Que no sea necesario hacer estas intervenciones tan radicales, como es hacer un decreto expresamente para esta cuestión. Creo que eso quiere decir que el urbanismo no se está haciendo correctamente o incluso que el urbanismo que tenemos no se usa para aquello que se ideó.

—¿Qué plantean ustedes para afrontar este problema?

—El problema de vivienda pasa por muchos factores. Un primer factor podría ser el que muchos pisos se utilicen como pisos turísticos. Eso es un problema porque estas viviendas salen de algún modo del mercado y se les da un uso distinto del que se pensó cuando se construyeron. A mi parecer es algo que se debería perseguir, no puede ser que la gestión que se ha hecho para tener un suelo disponible para vivienda acabe siendo para un uso turístico.

También es cierto que tenemos un porcentaje de vivienda de primera ocupación muy pequeño, nos pasa como en Madrid o en Barcelona, en Baleares tenemos viviendas de segundo uso o de uso turístico en un porcentaje muy elevado y eso provoca que existe menos vivienda de primera ocupación. Eso quiere decir que hay vivienda disponible durante la mayoría del tiempo que no se utiliza. Al ser un lugar turístico y estacional es algo que sucede así, pero debemos plantearnos como tratar este asunto.

Tenemos mucha vivienda pero mucha no está ocupada permanentemente. Habría que valorar cuántas viviendas tenemos, cuál es nuestro techo poblacional, si es razonable crecer más o no, si hay que construir más vivienda o no. Nos gustaría indagar más en esta cuestión y hacer una reflexión profunda de cuál es la situación de la vivienda para darle una solución precisa, quirúrgica, que probablemente sean varias que lleven a solucionar el problema.

—En algunas comunidades autónomas se está promoviendo la transformación de bajos comerciales en viviendas, ¿sería una opción para Ibiza?

—Esta sería una de las medidas que se podría estudiar. Quizá en algunas zonas podría llegar a tener sentido, siempre y cuando en estos bajos comerciales pueda garantizarse un asoleamiento, una ventilación. Es una opción a revisar, se deberían dar una serie de condiciones pero es una de las medidas que se deberían tomar.

—Un tema quizá más delicado, por el uso de suelo rústico que implica, es la construcción de VPO en suelos en transición, ¿es valorable?

—Esta es otra de las 30 o 40 medidas que quizás haría falta evaluar políticamente para solucionar el problema de falta de vivienda en Baleares. Se me ocurren otras tantas. En algunas zonas debería evaluarse aumentar la densidad con más alturas, que es algo que no consumiría más suelo. Habría que buscar una estrategia adecuada para ver en qué zonas se pueden tomar este tipo de medidas y que no tenga demasiado impacto y exista aceptación. Insisto, hay muchas opciones que se pueden explorar. Incluso aquellas que no impliquen construir como es el control de los usos turísticos. Si gran parte de la vivienda que se construye con un uso residencial acaba siendo para el uso de segunda residencia o turístico, acaba habiendo una anomalía. Con respecto a edificios plurifamiliares con uso turístico, creo que debe haber un mayor control y se debe perseguir mucho más. Esas viviendas deberían pasar al mercado.

—¿Por qué no se trabaja más la rehabilitación?

—Creo que desde hace unos años a esta parte se trabaja bastante. De hecho hemos podido ver como en nuestras gráficas de visado, históricamente y sobre todo durante la burbuja inmobiliaria teníamos un porcentaje muy elevado de obra nueva respecto a la rehabilitación, reforma o ampliación. Tras la anterior crisis económica se le dio la vuelta a estos números y proporcionalmente se está trabajando más en rehabilitación, reforma y ampliación. Esto quiere decir que se está construyendo menos y se está reformando el parque inmobiliario existente. Se trata de algo que también hemos visto en el sector hotelero, se ha reformado una gran parte de la planta hotelera a través de medidas políticas que incentivaban estas ampliaciones y modernizaciones. En materia de vivienda creo que debe promoverse más. La medida de la ley 2/2020 de reforma de viviendas de suelo urbano, que permite iniciar proyectos en 15 días ayudaría muchísimo a que la gente realmente quisiera hacer estas obras.

—A nivel constructivo, ¿qué ha supuesto la COVID?

—Bueno, estamos viviendo una pandemia que debe servir para darnos cuenta de que necesitamos contar con unas calidades arquitectónicas mucho mejores de lo que se han venido construyendo en los últimos años. Ahora nos damos cuenta de lo importante que es tener en casa un espacio donde puedas acceder al exterior, es importante tener un espacio en el que poder trabajar… deberíamos aprender de todas estas cuestiones que han surgido a raíz de la pandemia y en las próximas construcciones y diseños de vivienda se tengan en cuenta todas estas cuestiones. En cuanto a viviendas en locales comerciales, es una opción a revisar, se deberían dar una serie de condiciones pero es una de las medidas que se deberían tomar.

—El Colegio de Arquitectos quedó como única parte personada en el caso Huertas, resuelto hace pocos días, ¿considera que ha habido una pena adecuada?

—Hicimos un comunicado de prensa al respecto en el que fuimos muy estrictos para tratar un tema delicado. El tema estuvo judicializado 16 años. Desde nuestro punto de vista nos ha faltado ayuda por parte de la fiscalía en materia de investigación. Después de que el principal imputado falleciese creemos que el acuerdo que se alcanzó es la mejor opción que había. Tal y como está hecha la ley, ese era el mejor acuerdo al que se podía llegar.