Joan Serra Mayans, titular de Serra Mayans Assessors. | Marcelo Sastre

La situación de crisis sanitaria iniciada el pasado mes de marzo del 2020, y que actualmente aún continúa, está provocando el hundimiento de la actividad ejercida tanto por autónomos como por las pequeñas y medianas empresas, que han visto descender su facturación a números sin precedentes o reducirse a cero, debido a las restricciones y, como consecuencia de ello, han visto agotados todos sus fondos, ahorros, etc.

Con el fin de paliar estos efectos se han lanzado ayudas, como las de tipo por cese de la actividad o por reducción de ingresos para los trabajadores autónomos, pero estas «no han sido suficientes para evitar las dificultades de muchos negocios y se han quedado cortas», explica Joan Serra Mayans, titular de Serra Mayans Assessors, que exceptúa los ERTE como «el único instrumento útil y que, por suerte, ha tenido numerosas prórrogas».

Para Serra Mayans, también han sido insuficientes las medidas adoptadas ante la necesidad de mantener las estructuras empresariales a flote, para poder dotar de liquidez a autónomos y empresas (diferentes líneas de avales ICO, diferenciándose entre los avales de liquidez y los destinados a la inversión; y contando también con los avales ISBA en el ámbito autonómico de las Baleares), que en la mayoría de los casos, «las entidades han destinado a sus clientes VIP o a refinanciar sus propias operaciones».

Recientemente, en relación con los avales ICO, se ha aprobado la ampliación de los plazos de carencia que, generalmente, se concebían a 12 meses, pudiendo ahora ampliarse por 12 meses más, siendo el máximo de 24 meses. Asimismo, se incluyen las ampliaciones en el periodo de amortización, que pasa de 5 años a 8 años como máximo, «aunque aún hay que ver cómo lo hacen las diferentes entidades bancarias».

En cuanto a las ayudas fiscales, Serra Mayans advierte de que «no existen», quitado de lo aprobado el pasado 13/3/2021, el reciente Decreto Ley 1/2021 que prevé una medida fiscal que consiste en la reducción del 95% en el impuesto sobre actos jurídicos documentados con el fin de facilitar a autónomos y empresas la devolución de los préstamos ICO e ISBA. «A fin de cuentas nada relevante», lamenta.

Ayudas insuficientes
En el ámbito autonómico de las Islas Balears han sido varias las ayudas aprobadas «desde ayudas directas al sector de la restauración o préstamos como el antes mencionado de ISBA, hasta ayudas destinadas a sufragar los costes de compra y a la instalación de los sistemas de purificación de aire y medidores de CO2, necesarios para establecimientos que cuenten con espacios interiores», apunta Serra Mayans que, por otro lado, considera «insuficientes» las ayudas locales de las diferentes instituciones dirigidas a los autónomos, como la del Consell d’Eivissa. Además, añade que será «residual» la convocada el 18/03/2021 por el Consell de Formentera que deja fuera a muchas empresas por «los muchos requisitos que simultáneamente tienen que cumplirse para poder ser beneficiarios, además de por el planteamiento de solicitudes establecido».

Serra Mayans reitera que estas medidas son insuficientes debido a la gran pérdida de facturación en comparación con periodos anteriores, pero que resultan «aún más insuficientes cuando a día de hoy se mantienen otro tipo de gastos, como pueden ser el IAE, los impuestos de basuras, incineración o alcantarillado para los periodos en los que los establecimientos estaban cerrados».

«Hemos puesto a disposición de nuestros clientes las ventajas del mundo digital a todos los niveles»

También añade que en el ámbito fiscal, con la gran mayoría de hoteles cerrados, el Govern Balear «sólo ha acordado extender la suspensión del pago anticipado del impuesto sobre las estancias turísticas», ingreso que anualmente se tenía que realizar en el mes de septiembre basándonos en las previsiones de ingresos para todo el año. «Esta extensión para el ejercicio 2021 se ha acordado sin perjuicio de la obligación de la presentación y el ingreso de la autoliquidación de la cuota del año 2021 en 2022», añade Mayans.

Urgen más medidas
Ante un horizonte no muy bien definido, perdida la temporada 2020 y con la incertidumbre de la del 2021, las empresas necesitan más que nunca que se les bajen cotizaciones sociales, las cuotas y extender los ERTES más allá del 31 de mayo. «Es urgente suspender cualquier incremento impositivo o creación de nuevos impuestos y reducir el IVA. También necesitan que los bancos sean ágiles y que colaboren en las reestructuraciones de deuda o con una quita, como ellos fueron rescatados cuando lo necesitaron. Les ayudaría mucho», insiste Serra Mayans que añade que con los impuestos «se necesita una moratoria y aplazamientos de impuestos hasta mínimo el 30 de junio porque no hay liquidez para afrontarlos, porque los autónomos y las pymes están gastando todos sus ahorros y reservas en sobrevivir».

Un trato de confianza
La crisis sanitaria también ha afectado a las asesorías, que han vivido «difíciles momentos» con la constante publicación de normativas de aplicación inmediata y con redacciones ambiguas y en muchos casos cargadas de contradicciones. «Han convertido a las asesorías en servicios esenciales, y nos han trasladado la responsabilidad de muchas tareas que corresponden a las Administraciones públicas», manifiesta.

Sin embargo esta puesta a prueba, que ha sido un examen en toda regla, ha servido en Serra Mayans Assessors para proporcionar a sus clientes un trato personalizado y de confianza, que siempre necesitan, pero en estos momentos, más que nunca, ya que «se encontraban impotentes y perdidos».

Desde Serra Mayans Assessors han buscado soluciones óptimas y reales a esta nueva realidad, pero sobre todo ágiles, y sin querer olvidar nunca el trato personal que les caracteriza. Además, han puesto a disposición de sus clientes todas las ventajas del mundo digital a todos los niveles, como teletrabajo, reuniones con clientes por videoconferencia y entrega y recepción digital de documentación con los clientes (tendencia a cero papel).

También se han convertido en autoridad acreditada para emitir firmas digitales a las empresas y particulares, a efectos de que puedan acceder a todos los trámites ante las Administraciones públicas telemáticamente, en ocasiones por ser obligatorio, y en otras porque agiliza la resolución del trámite.