Fachada de la sede del Consell de Formentera.

El sindicato UGT denunció ayer la contratación por parte del Consell de Formentera de unos servicios técnicos de informática a un trabajador en excedencia, lo que supone el incumplimiento de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El sindicato exigió una solución para este suceso o anunció que se reserva el derecho de emprender las acciones pertinentes.


Según consta en el registro de contratos menores del portal de Transparencia del Consell de Formentera, la institución insular contrató a un técnico para «realizar cambios de configuración en caliente del sistema de redes y troncal», para lo que se contrataron los servicios «de especialistas para apoyar al personal del área de tecnologías de la información y la comunicación». Se trata de una contratación que desde UGT indican que «no tendría mayor transcendencia si no fuera porque ésta se ha abonado a un trabajador del área de Nuevas Tecnologías que se encuentra en situación de excedencia».


El contrato se hizo a mediados de febrero por un importe de 3.484,80 euros, mientras la persona contratada empezó a trabajar para una plataforma digital de compraventa como ingeniero de redes. El representante de UGT en Formentera, José Ramón Mateos, señaló a la consellera de Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, Vanessa Parellada, como la responsable de esta contratación irregular. La ley establece que el personal que ha tenido un cargo en la administración no podrá desepeñar actividades privadas [...] en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.


Mateos señaló que no se trata de un descuido, sino que la consellera actuó a sabiendas de que se estaba cometiendo esta irregularidad, «lo que pasa es que tal vez pensó que, al ser un contrato menor, pasaría desapercibido».


Subrayó que la denuncia no es por externalizar la realización de un servicio, algo que es perfectamente legal, siempre que se haga por el cauce adecuado. «Lo que no es de recibo es que se contrate a la misma persona que hacía estas tareas en el Consell hasta hace un par de meses, cuando lo prohíbe la ley. Esta no es una empresa privada, es la administración pública y si tienes carencias en una área cúbrela como establece la ley».
UGT Formentera recordó que la justicia se ha manifestado contraria a la gestión de dicha Consellera hasta en tres ocasiones y mediante sentencia durante su etapa de Consellera de Personal en la pasada legislatura. Es por ello que lamentaron que, a pesar de gestionar actualmente otra Conselleria, su incumplimiento de la ley se reitera siendo una constante en su gestión y demostrando de este modo su incapacidad para el ejercicio público y especialmente para la administración del dinero público.


Por otra parte, reclamaron que los actos perpetrados por la Conselleria se pongan en conocimiento de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes Balears; de la Oficina de Transparencia de la CAIB y de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.