Cómo es posible que una empresa, Serveis Marítims Port Eivissa, SL, se lleve el concurso de la entonces Ibiza Nueva, ahora Marina Ibiza, con males artes (1), recurriendo Autoridad Portuaria de Baleares, el organizador de concurso, a artimañas para alterar el resultado entre 2006 bajo presidencia de Joan Verger (PP) y 2008 bajo presidencia de Francesc Triay (PSOE) y con Xico Tarrés (PSOE) de alcalde y en el Consejo de Administración; (2) incumpla las bases del concurso sistemáticamente, desde el primer momento y con la soberbia típica de quien se sabe amparado, ya que éstas indican expresamente y, por lo tanto, sin ningún género de duda, que no se podía ampliar ni un metro cuadrado ni moverlo de sitio y que solo están permitidas obras de demolición; (3) desafíe y desprecie la disciplina urbanística municipal, ya que el PGOU impide conceder licencias de obras municipales sin un plan especial aprobado y licencias de actividad a aquellos locales que están fuera de ordenación, como todo el mundo sabe y, por si no lo sabe, quedó meridianamente acreditado en la sentencia de Marina Puerto Tarraco en los años 90, tan famosa que incluso ha sido objeto de tesis universitarias; (4) todo ello con la imprescindible implicación de Autoridad Portuaria de Baleares que trató de camuflar las irregularidades de al menos seis edificios de nueva planta, que albergan una decena de negocios bajo la treta de que las irregularidades no son tal, ya que cuentan con autorizaciones de ocupación temporal y de que son edificios desmontables sin que el Ayuntamiento de Ibiza hiciera nada para evitarlo cuando todo el mundo sabe que no son autorizaciones que merezcan la calificación de temporal ni edificios desmontables, condición que no les exime, además, de obtener licencia de obras; obtenga, gracias a su impoluta gestión, además, una innecesaria y repugnante ampliación de la concesión (5) con el voto a favor del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, quien, además, aplaude con las orejas la diligente gestión de la concesionaria gracias a que ha tirado un muro, sin licencia, para integrar el puerto con la ciudad cuando, en cambio, el Ayuntamiento (6) se había opuesto, en este caso con razón, un año antes a que el vecino, Marina Botafoc, ejecutara un proyecto discutible porque, entre otras cosas, faltaban un Plan Especial y una Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP) que también es imprescindible para Marina Ibiza…?
Sí, todos pensamos lo mismo... La única respuesta a esta pregunta es que ha habido una formidable coincidencia de intereses que nunca se da cuando se trata de personas anónimas que quieren ampliar la terraza de su casa cumpliendo a rajatabla la normativa. Tantas prerrogativas solo están al alcance de los muy poderosos y, por lo tanto, muy bien conectados con el poder.
Cuentan las crónicas de la época que el inefable y populista alcalde democrático heredado del franquismo de Alaior (Menorca), el ya fallecido Antonio Pons Timoner, justificó una parcelación en suelo rústico ilegal del núcleo conocido como La Argentina en que los vecinos «tenían permiso» del alcalde aunque «no licencia». Marina Ibiza tenía permiso de Autoridad Portuaria de Baleares y del Ayuntamiento de Ibiza, pero no licencias que ampararan su intervención.
No tenemos datos para determinar cuáles han sido las razones y las cuantías que han permitido la fechoría, pero sí suficientes elementos para concluir que sin la inestimable implicación de Autoridad Portuaria de Baleares y, cuando menos, la permisividad del Ayuntamiento de Ibiza las nuevas edificaciones y características edificaciones que hoy configuran Marina Ibiza no se habrían podido hacer.
Interés particular.
No habría pasado nada si no se hubieran hecho porque no responde a ningún interés general que haya tres restaurantes más o cinco tiendas de lujo más en Ibiza, eso solo es un interés particular del dueño del local y del explotador del negocio.
La respuesta de los que tienen algo que decir es decepcionante a la par que indicativa y sospechosa, ya que en lugar de explicarnos qué está pasando aquí han optado por no contestar y por tratar de desviar la atención, sin éxito.
No le interesa a nadie.
Al PSOE no le interesa este asunto, al PP no le interesa este asunto, a Podemos no le interesa este asunto y a Ciudadanos, tampoco, a pesar de que, aparentemente, no tiene nada que perder. Tampoco al resto de medios de comunicación cuyo silencio es tan cómplice como el vergonzoso de los partidos. Por sus obras les conoceréis.
Es curioso que el PSOE monte un pleno extraordinario por las obras de una piscina sin licencia de un entonces concejal en la oposición de Sant Antoni y anime a una moción de censura por ello, y el PP de Vila no haya enviado ni un comunicado ni hecho un twit ni haya avanzado si llevará el asunto al próximo Pleno.
Algo gordo.
El tiempo de las bombas de humo, de las conspiraciones y de justificar el desmán con enfermizas campañas mediáticas de acoso se acaba porque los hechos son irrefutables, lo que está forzando ciertos movimientos que no hacen más que abonar la tesis inicial de que aquí está pasando algo gordo, muy gordo, del que todavía no sabemos muchas cosas.
Por ejemplo, aún nos falta saber cuánto ha pagado oficialmente una empresa que gana cuatro millones de euros al año por seguir explotando un negocio con irregularidades consentidas otros 6,8 años más, información que hace semanas que Autoridad Portuaria debe de estar buscando, cuando para responder únicamente hace falta enseñar el acuerdo del Consejo de Administración, del que entonces formaban parte también Pilar Costa y Marc Pons, para aclararlo, y los informes que sí muestra de Marina Botafoch.
«Tenemos un problema».
El cortafuegos que el PSOE envía al BNP para no dar la cara, Emilio Pérez Echagüe, en un ataque de decencia, lo reconoció el pasado miércoles: «Tenemos un problema que nos sobrepasa» y «nos estamos enterando de muchas cosas a través de Periódico de Ibiza y Formentera» que «está haciendo un trabajo muy eficiente». Nada que ver con el infame comunicado en el que el PSOE trató de matar al mensajero ante sus militantes del que di cuenta el pasado domingo.
El presidente de Autoridad Portuaria, el ex presidente de la Comunidad, Francesc Antich, en quien confió Francina Armengol para infundir respeto a la Fiscalía y a los otros licitantes que se creía se dedicaban a intoxicar y manchar el buen nombre del ente en los tribunales, no quiere ser entrevistado, ni tampoco aclarar el oscuro caso que hemos destapado y que tiene pinta de todo menos ejemplar, ya que huele a tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas y un sinfín de ilícitos que ponen los pelos de punta. Habla en silencio, no obstante, con su propuesta de cesar al director de la Autoridad Portuaria, Juan Carlos Plaza, quien este sábado tampoco quiso hablar con nosotros y quién sabe si es una cabeza de turco. Ya se sabe que en estos casos y máxime con un misterioso secreto de sumario, todo lo que digan puede ser utilizado en su contra.
No sabemos qué ha motivado a Antich a convocar un consejo de administración para cesar al principal directivo del ente en estos momentos. Plaza pasó la noche en los calabozos como el anterior presidente Joan Gual de Torrella, quien tampoco ha querido dar su versión de los hechos. Como se ha prorrogado el secreto del sumario, no sabemos qué está investigando la jueza y, por lo tanto, si la formidable transformación ilegal de Marina Ibiza forma parte de las pesquisas. Lo que sí sabemos es que debería ser investigada porque apesta más que las aguas mal depuradas que Vila vierte en el puerto.
Respuesta decepcionante.
El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, se vio obligado a dar explicaciones el pasado jueves gracias a que José María De Lamo, el redactor que está detrás del caso, se plantó en el Ayuntamiento de Sant Josep y esperó hasta que finalizara el Consell d’Alcaldes. Su respuesta fue escueta, decepcionante y forzada.
No nos esperaba. Ruiz informó de que había expedientes de disciplina urbanística abiertos desde hace tiempo. No desveló cuántos, ni desde cuándo ni por qué ni en qué estado están. Curiosa respuesta, ya que no fue lo que dijo el PSOE a sus militantes ni tampoco es lo que nos consta. Antes de emitir un juicio sobre esta declaración y de concluir que o bien engañó a los militantes o bien engañó a la opinión pública, esperaremos a que el gobierno municipal amplíe y aclare esta información y/o en su defecto que PP y Cs hagan su trabajo y pidan la información por el conducto oficial.
Creo que el alcalde mintió y que no es verdad que existan dichos expedientes de disciplina urbanística en curso. Además, si existieran, no han sido tramitados en tiempo y forma. La activa en Twitter pero poco más concejala de Urbanismo, Elena López, tiene una magnífica oportunidad para ponerme colorado y callarme la boca aclarando todos los pormenores de los supuestos expedientes. La invito a que lo haga. Ella nos denigró por haber desvelado la comida secreta de Armengol y también por el fraccionamiento de los contratos a la empresa de la familia de Josep Marí Ribas Agustinet, pero guarda un sepulcral y elocuente silencio en este caso.
El puerto es mío.
Las empresas que acceden a las concesiones de Autoridad Portuaria son siempre las mismas y forman una suerte de superliga de adjudicatarios que se hacen millonarios, más, gracias a su habilidad para llevarse los concursos.
Estas concesiones son negocios muy rentables y muy sencillos de gestionar, me perdonarán sus brillantes directivos, ya que tienen muy poca competencia debido a las fuertes barreras de entrada, mucha demanda, gracias a los atractivos que pone el destino, todo ello en un entorno de precios regulados y publicados en el BOE. Así que la clave es llevarse el concurso. El resto, coser y cantar. Y si no pagas, no pasa nada, como los listos que han dejado un pufo de 10 millones gestionando las grandes esloras.
El Grupo de Empresas Alonso Marí (GEAM) ha entrado en este selecto grupo de la mano de los mallorquines de IPM Group. Hoteleros, navieros, agentes de viajes y empresarios de transporte de pasajeros por carretera entraron en este lucrativo negocio no hace muchos años.
Es conocida su participación en la primera concesión de los amarres para grandes esloras de lo que entonces era el muelle comercial con un 25% y junto a junto a Ocibar SA, Varadero Port de Denia SL (Grupo Empresas Matutes) y Marina de Formentera, de Ángel Bustos, quien también acabó gestionando, junto a otros dos socios, Marina Botafoch tras adquirir las participaciones de la familia Fajarnés. Esta concesión está en manos de Ocibar.
EAM explota, a través de Tanit Ibiza Port SA, el Varadero Ibiza, y Marina Port Ibiza (antes Ibiza Magna), 85 amarres ubicados entre el muelle de Formentera y el edificio de es Martell, técnicamente la Dársena de Poniente y el Contramuelle de Poniente.
¿Se llevará la concesión de las grandes esloras? El tiempo lo dirá.
3 comentarios
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NO TIENEN VERGUENZA, PERO SI MUCHA CARA
Una más y a esperar que escampe, que ya queda poco, ¡ Ánimo Rafa se fuerte !
Que la prensa esté todavía dando vueltas y mareando la perdiz a tanta ilegalidad es alucinante, hay que exigir la dimisión del alcalde de Vla y todo lo que venga detrás , ya esta bien de hacer la vista gorda ante impunidad consentida de todos los sectores de esta isla empezando por la prensa, dimisiónes ya!!!!!de todos los que estén involucrados en todo este matoneo que seguro que muchos han mamado de todo esto.