El conseller de Movilidad y Vivienda y presidente del ente Ports IB, Josep Marí Ribas, dio cuenta de este acuerdo que implicará también la puesta en marcha de una serie de medidas para mejorar la calidad ambiental de la bahía de Sant Antoni, estimadas en 3,1 millones de euros. Marí Ribas se desplazó a la sede de Ports IB en el puerto de Sant Antoni para mantener la reunión telemática del Consejo de Administración.
Explicó que el acuerdo incluye la aprobación de una serie de limitaciones al tráfico de buques comerciales de línea regular. Únicamente podrán transportar viajeros y sus vehículos, el tráfico de mercancías no estará permitido y la eslora máxima de las embarcaciones será de 65 metros. «Esta decisión implica la eliminación del tráfico de vehículos pesados en el puerto, que creo que fue lo que abrió esta polémica», consideró Marí Ribas.
Se establecen también una serie de limitaciones en materia de velocidad y ruido de los ferris para reducir el oleaje y las molestias acústicas en la bahía. Las embarcaciones deberán reducir su velocidad a 12 nudos cuando estén a 3 millas del puerto y a 7 nudos cuando estén a una milla. En materia de ruido deberán cumplir con las limitaciones que establecen las ordenanzas de Sant Antoni.
Por otra parte, quiso señalar que la alternativa de cerrar el puerto al tráfico comercial era inviable legalmente al tratarse de un puerto de interés general. Señaló que por motivos de seguridad, emergencia o fuerza mayor, el puerto podrá dar cabida también a barcos de mayor eslora.
Para evaluar el impacto de las medidas aprobadas y estudiar futuras mejoras, se comprometió a poner en marcha una comisión de seguimiento del puerto de Santa Antoni, en la que participará tanto el Ayuntamiento de este municipio como el de Sant Josep, para evaluar las necesidades de la bahía de Portmany.
Inversión
En cuanto a las medidas aprobadas para mejorar el puerto, la estimación que ha hecho Ports IB es destinar 360.000 euros a actuaciones medioambientales y 2,7 millones de euros a la mejora de la movilidad.
Entre las actuaciones ambientales está prevista la limpieza del puerto para eliminar lodos acumulados a lo largo de los años por los vertidos de la bahía, la instalación de sensores para controlar tanto la calidad del agua como la contaminación atmosférica y acústica y un plan para trabajar en la eliminación de los vertidos irregulares en toda la bahía y el control de los fondeos ilegales.
En materia de movilidad, el conseller subrayó que las actuaciones que se hagan se acordarán siempre con el Ayuntamiento de Sant Antoni, dado que cualquier modificación en el tráfico del puerto tendrá una incidencia en el municipio.
Entre las posibles actuaciones que puso sobre la mesa está la apertura de la calle Madrid para que se convirtiese en la vía de salida del puerto o el cierre en la zona portuaria al tráfico rodado unas determinadas horas del día para potenciar su uso peatonal.
También la mejora de la pavimentación de la zona del dique para generar una continuación de la zona de paseo.
Reacciones políticas
El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, valoró que el acuerdo es «la peor medida que se podía tomar», dado que hace inviable para las navieras operar con ferris. Consideró que hubiera sido más adecuado cerrar al tráfico comercial y utilizar la zona de atraque del dique para la náutica deportiva. «No hay justificación para esta medida y con lo que nos quedamos es con un espacio desaprovechado», lamentó.
En el extremo contrario, Simón Planells, portavoz de PSOE-Reinicia, se mostró satisfecho con el acuerdo. «No es lo que buscábamos, pero partíamos del atraque de buques de más de 90 metros de eslora. Ahora se reduce a 65 y llegará una importante inversión para la bahía y el municipio» indicó. Quiso señalar que su partido sigue siendo contrario al atraque de ferris y seguirá abogando porque sea así en el futuro.
El conseller de Transportes y miembro del consejo, Javier Torres, manifestó su satisfacción respecto a las inversiones propuestas en la bahía, algo que se había pedido desde Ciudadanos. Por contra se mostró muy crítico con la limitación de esloras en el tráfico comercial. «Dentro del Consejo hemos preguntado si había un informe técnico que justificara esta decisión y no hay nada. Se trata de una decisión difícil de justificar, sobre todo porque las navieras ya indicaron que para poder operar era necesario que se permitieran esloras de 70, 75 u 80 metros».
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