Para valorar hasta qué punto se han cometido irregularidades es fundamental que se haga público el acuerdo de ampliación de la concesión del puerto de Ibiza.

El pasado 12 de abril, el Periódico de Ibiza, asociado a Ultima Hora, abría su edición con un titular que acusaba a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y al Ayuntamiento de Vila de permitir obras ilegales desde hace décadas en la concesión de Marina de Ibiza. Al día siguiente, el presidente del Colegio de Arquitectos decía que «casi todo es ilegal» en el puerto. El titular del 14 decía que el alcalde de Ibiza «empuja a Marina Ibiza a ejecutar obras ilegales». Después que la concesión se prorrogó siete años pese a los incumplimientos; que muchos de esos negocios, además de no tener licencia de obras tampoco tienen la de actividad… Así durante 18 días consecutivos.

En resumen, hablamos de que la APB, la misma de la que un juez afirmó que sufre de «corrupción sistémica», concedió en 2007 a Marina Ibiza la explotación de una zona portuaria con la prohibición expresa de aumentar volúmenes, pese a lo cual las edificaciones se incrementaron un veinte por ciento, según dos consultoras.

Observen: edificamos ilegalmente, en contra de lo establecido en la concesión, nada menos que en la primerísima línea del mar, que es donde más impacto ambiental tiene y, por supuesto, donde es más negocio. En castigo, en 2016 se le amplía temporalmente la adjudicación y se le permite la legalización de obras.

Recuerden que el funcionario jefe de la división de Explotación de la Autoridad Portuaria de Baleares en su momento le había confesado al fiscal anticorrupción que la oferta inicial de la empresa ganadora de esta concesión, la misma que tiene la mitad del puerto de Palma, «no era la más adecuada y debía tener una puntuación mínima».

Para medir el espanto que provocaron estas portadas, baste decir que diez días más tarde incluso el Partido Popular reaccionó, lo que nos permite ver la gravedad de los hechos. No obstante, esto no bastó para que IB3, siempre preocupada por la actualidad, reparara en estas noticias. Al fin y al cabo nada que no nos pudiéramos haber imaginado.

La historia del periodismo habla de que somos un poder, que nadie aguanta dieciocho portadas no desmentidas sin que haya una crisis, sin que el Parlament se revolucione, sin que la gente se subleve. Pero no, hay que reescribir los libros: aquí no ocurre nada. Nunca. No somos el cuarto poder. Ni un poder, siquiera. Somos impotentes.

Este es el primer escándalo que estalla en la prensa desde que Francesc Antich llegó a la presidencia de la APB, prometiéndonos transparencia. Yo, lejos de criticarle su silencio, pienso que tenemos que reconocer que su gestión es transparente: el silencio ante dieciocho portadas es elocuente; mucho más que dieciocho ruedas de prensa. Se entiende todo.

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Durante décadas, cuando los puertos dependían del ministerio de Obras Públicas, el presidente de nuestros puertos no cobraba sueldo. Y no había corrupción. Hasta que las autonomías consiguieron burlar la Constitución: desde los noventa, aunque la titularidad de los puertos sigue siendo estatal, las autonomías hacen y deshacen, nombrando a los gestores.

Así que hemos introducido nuestras prácticas tradicionales, para lo que hemos acudido a los mejores especialistas: al frente de los puertos estatales en Baleares han estado un presidente del Partido Popular y dos secretarios generales del Partido Socialista. Los ‘pata negra’. Un abogado amigo, muerto de risa, me contaba que la policía nunca se puede equivocar de cajón buscando papeles: en absolutamente todos hay ‘tomate’.

La empresa que se beneficia de todas estas anomalías había ganado su primer concurso con el Partido Popular y ha seguido ampliando su alcance con la izquierda porque a nuestros partidos les va el consenso y el diálogo. Hay para todos, de manera que no hay que desesperar.

Gaceta Náutica, una publicación especializada en asuntos marítimos, supongo que creyendo al presidente Antich cuando declaró que con él a los puertos llegaba la transparencia, pidió por escrito las actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria del 7 de mayo de 2018 y del 29 de julio de 2020. Antich les contestó que «la publicidad de las actas afecta la confidencialidad y secreto que se exigen al proceso y decisiones del consejo de administración». Exacto, Xesc, la transparencia hace referencia al color del tapizado de las sillas o a cuánto azúcar se ponen los consejeros, no a lo que deliberan, que es un secreto de estado. Ahora empiezo a entender mejor la transparencia.

Al menos, si queda alguien sensato en esta autonomía, mantengan a Aena fuera del alcance de nuestros líderes locales. No por nacionalismo español, sino para que los aeropuertos funcionen.

Por otro lado desde Autoridad Portuaria de Baleares tampoco están muy por la labor de poner algo de luz sobre la situación del puerto. Uno de los ejes fundamentales para conocer o valorar hasta qué punto se han cometido irregularidades, especialmente en el puerto deportivo Marina Ibiza, es hacer público el acuerdo de ampliación de la concesión de este enclave a la empresa Servicios Marítimos Ports d’Eivissa S.L.

Un documento que, al igual que otros de las mismas características, debería estar publicado en el portal web del organismo portuario o, incluso, en el BOE. Sin embargo no hay huella de este texto por ninguna parte y, pese a las numerosas peticiones realizadas por este rotativo y a que se trata de un documento público, la negativa es la única respuesta que hemos recibido.