David y Almudena, ante la escalera del piso del que fueron desalojados. | Toni Planells

Almudena Medrano y David Tenza fueron desalojados de su piso en la escalera 2 del edificio A de los Apartamentos Don Pepe hace cerca de un año. Pasaron dos meses en los apartamentos Bon Sol, tras los que recibieron otra ayuda de «dos o tres meses para el alquiler», según cuenta David, por parte del Ayuntamiento. Ahora viven de alquiler en el edificio B de los mismos apartamentos. Allí pagan 700 euros. Además de los pagos de la comunidad, del seguro, «no hacemos más que pagar, pagar y pagar», se queja Almudena con enfado.

La familia está sufriendo los estragos de la crisis económica derivados de la pandemia. «Con los problemas que ha habido en el SOIB y con los ERTE, hemos llegado a estar tres meses sin cobrar, como tantas otras familias», lamenta Tenza. Además, asegura que dentro de poco deberán retomar la hipoteca de su piso en la escalera desalojada. «Por el tema del covid, como estamos en ERTE, lo hemos podido aplazar un año, pero ya mismo nos tenemos que volver a poner. Son unos 450 euros. El problema es que a la hora de pedir la hipoteca hicimos las cuentas de lo que podíamos pagar para organizarnos la vida. Con lo que no contábamos era con tener que afrontar eso, más los 700 euros de alquiler, además luego hay que comprar comida, pagar la luz, agua, ropa...», lamenta David.

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La hipoteca
En 2006 corrían otros tiempos. Vivíamos en un mundo en el que una persona trabajadora podía acercarse a un banco y pedir una hipoteca. Además, era bien recibida por el director de la sucursal, que le ofrecía todas las comodidades de pago para poder afrontar una decisión crucial en la vida: comprarse su vivienda. Entonces, también era habitual que el director del banco ofreciera a sus clientes una suma más elevada de la que se pedía al principio para que la familia pudiera comprarse un vehículo o amueblar el piso, por ejemplo. «Vivir por encima de nuestras posibilidades», se llamó a esta actitud pocos años después.

De esta manera, la pareja se acercó a la sucursal de la Banca March en Sant Jordi, en noviembre de 2006. Allí, aseguran que les atendió el director de la sucursal, que les ofreció las facilidades que necesitaron y que, además, les ofreció elevar un poco más la hipoteca para comprarse un coche. Lo habitual en esa época. Entre las facilidades que les ofrecieron en el banco, también estaba el servicio del tasador: «Si quieres, tenemos uno que trabaja habitualmente con nosotros y que por 200 euros te puede hacer la tasación», asegura David que le dijo quien le atendió. «Un tasador tiene la obligación de ir al Registro de la Propiedad y ver que está todo en regla antes de valorar la vivienda, y en nuestro caso no vio nada», asegura David indignado.

Su indignación, aparte de por las razones obvias, es por un detalle llamativo, si no perverso, de esta historia. Según asegura la pareja, la persona que dirigió estos trámites como director de la sucursal se trata de la misma persona que unos años después dirigiría como alcalde los trámites para echarles de la misma vivienda y hoy es conseller de Vivienda del Govern balear: Josep Marí Ribas Agustinet. «La misma persona que me dio el préstamo es la misma que me echó», lamenta David.