Fachada de la vivienda. | Ayuntamiento de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha conseguido constatar diversas irregularidades urbanísticas en una vivienda gracias a la autorización para realizar la entrada a la misma después de que se impidiese el acceso a los técnicos municipales y la Policía Local en diferentes ocasiones desde 2018.

Se trata de un recurso extremo al que el ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir ante la actitud del dueño de la misma. Este mismo recurso se solicitará en otros cuatro casos si los titulares de las viviendas no aceptan el requerimiento por escrito que se les va a presentar tras haber pedido el permiso de acceso a sus propiedades en varias ocasiones.

La decisión del Consistorio de recurrir a los juzgados se ha adoptado para poder combatir la realización de obras ilegales, algunas de las cuales podrían tener como objetivo adaptar espacios de las casas para la realización de fiestas u otras actividades ilegales. Esta voluntad de la propiedad de obstaculizar la labor inspectora será tenida en cuenta a la hora de fijar la cuantía de las multas que se puedan imponer tras las inspecciones.

Varias peticiones
Se trata de la primera de las peticiones de este tipo que ha formulado el Consistorio, ha sido autorizada y ya se ha producido la inspección por parte del celador de Obras.
Se trata de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Gomis que ya había sido denunciada por los vecinos en noviembre de 2018.

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Ese mismo mes la denuncia llegó a los Servicios Técnicos Municipales y se procedió a realizar una visita a la vivienda sin que se permitiera el acceso.

En numerosas ocasiones se intentó contactar con la propiedad para acordar una inspección voluntaria, siendo esto intentos infructuosos.

En julio de 2019 se hizo un escrito en que se informaba a la propiedad de que, si no concertaba una visita, estaría incurriendo en una infracción grave de la Ley 12/2017 de Urbanismo por obstaculizar la actividad inspectora del Ayuntamiento.

Ilegalidades
Hace pocas semanas llegó la autorización del juzgado y, finalmente, en la primera quincena de junio un celador de obras pudo acceder a la vivienda, una casa unifamiliar en la que se ha podido constatar que se había ejecutado una piscina sin licencia, se había reconvertido un garaje en vivienda y se habían realizado trabajos de reforma interior. Ahora, dentro del expediente sancionador abierto, se procederá a realizar una valoración de los trabajos, cantidad que se tomará como referencia para fijar la multa, además de la obligación de deshacer los trabajos realizados y asumir los costes de la tramitación judicial.