El Pleno debatió durante casi dos horas las mociones sobre los apartamentos Don Pepe. | Arguiñe Escandón

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep rechazó ayer instar al Govern a que realice modificaciones en la Ley de Urbanismo de Balears (LUIB) para que se puedan autorizar obras de reparación en el edificio A de los Apartamentos Don Pepe. Los grupos PSOE, Unidas Podemos y Ara Eivissa votaron en contra de la moción presentada por el PP, a la que votaron a favor el resto de grupos.

El punto de debate se trató conjuntamente con una moción del grupo Vox, que solicitaba instar al Ayuntamiento a pedir fondos al Govern para indemnizar a los vecinos si se derriba el edificio. La moción también fue rechazada tras plantear el equipo de gobierno una transaccional que la concejala de Vox, Pino Vidal, no aceptó.

El portavoz del PP, Javier Marí, planteó que la respuesta que necesitan los vecinos no son parches ni ayudas económicas, sino que les dejen vivir en sus casas, «algo que sería posible si el Parlament aprobara la modificación legislativa que el PP lleva un año proponiendo, y que no es más que un calco del artículo 108 de la Ley catalana de Urbanismo, que permite autorizar obras de rehabilitación de edificaciones fuera de ordenación, siempre que sea para la salvaguarda de la vida de las personas».

La moción del PP planteaba también que el Ayuntamiento explore todas las alternativas posibles para poder dar a los vecinos una licencia, algo que el propio Marí reconoció que no es posible con la legislación actual.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, aseguró que se habían estudiado todas las vías posibles para dar una solución a los vecinos antes de llegar a la actual situación, en la que se ha iniciado un expediente de ruina y se ha ordenado el desalojo del edificio. «El Ayuntamiento no quiere derribar los edificios, pero los expedientes tienen consecuencias», indicó el alcalde, que recordó que con los informes actuales el Ayuntamiento tiene la obligación de desalojar los apartamentos.

Entre las opciones estudiadas mencionó que se había planteado recalificar un terreno como suelo urbano, cederlo para que se hiciera un edificio plurifamiliar y que a modo de cooperativa los vecinos pudieran hacer sus viviendas. Esta opción se estudió con el Consell, según dijo Guerrero, y se vio que era inviable jurídicamente. Confesó que el anterior alcalde, Josep Marí, había planteado incluso conceder la licencia de obra sin informes y dimitir al día siguiente.

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Respecto al cambio legislativo, recordó a Marí que el PP ya conocía la situación jurídica del edificio en 2013 y no se hizo nada por plantear esta modificación en la LOUS, aprobada por el PP en 2014 ni se planteó para la LUIB en 2017. «No se puede acreditar la legalidad de ninguno de los edificios», le recordó Guerrero que decía el informe de 2013 con el que Javier Marí autorizó el cambio de ventanas para insonorizar las viviendas por la cercanía del aeropuerto.

Indicó que la opción de compra del edificio A de los Don Pepe, planteada por el Ayuntamiento a los vecinos, estaba más allá de las obligaciones municipales y se preguntó por qué el Consell no ha planteado comprar el edificio, habiendo comprado otros espacios como Sa Coma por interés público. «El Consell no está haciendo nada, todavía no se ha dirigido a nosotros por este tema», criticó Guerrero.

En cuanto a la valoración del edificio, recordó que se había hecho por un perito independiente y aseguró que, de plantearse, se estudiaría otra valoración, pero «nadie la ha presentado».

Pidió a todos los grupos lealtad en esta situación tan complicada para los vecinos y no crear «falsas esperanzas» y defendió la legitimidad de los vecinos a impugnar las decisiones del Ayuntamiento.

Por parte de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats pidió «diálogo, sentido común» y poner a trabajar con agilidad a los servicios sociales. Instó al Ayuntamiento a solicitar un tercer informe a través de unos técnicos aceptados por los vecinos y la municipalidad sobre la posibilidad de reparar el edificio, dado que el informe municipal dice que no es viable y el encargado por los vecinos que sí lo es.

Consideró además que debía hacerse también un informe que cerrase el debate sobre si es, o no, jurídicamente viable la reparación y en caso de ser viable valorar exactamente cuanto costaría la misma.

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