La empresa Serveis Marítims Ports d’Eivissa S.L. (SEMAR) rechazó a la empresa asignada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para realizar los trabajos de valoración de la concesión durante el proceso de ampliación de la concesión que concluyó en diciembre de 2016.
En marzo de 2015 el organismo portuario comunicó a la empresa American Appaisal España S. A. que había sido preasignada para la realización de los trabajos de valoración de la concesión y le instó a que, en un plazo máximo de tres días, presentase una declaración responsable sobre la inexistencia «de causas de incompatibilidad o conflicto de intereses en relación con ese concreto concesionario o grupo empresarial al que pertenece», con el objeto de garantizar que no hubiera motivos que impidieran que pudiese hacerse cargo de esa valoración.
American Appaisal España cumplió con el trámite requerido por la APB, por lo que el ente portuario dio conocimiento a ambas empresas de la asignación definitiva para la realización de la valoración de la concesión.
Sin embargo, el 13 de abril Serveis Marítimos Ports d’Eivissa presentó un escrito ante la Autoridad Portuaria por lo que renunciaba a los servicios de la empresa adjudicada y solicitaba la asignación de una nueva empresa.
Un día después el organismo portuario vuelve a iniciar el proceso, pero esta vez realizando el encargo previo de incompatibilidad a la compañía Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios S.L., que finalmente resulta la elegida para realizar la valoración de la concesión.
El 19 de mayo SEMAR presenta el acuerdo y carta de encargo con la citada empresa para la realización de los trabajos de valoración, en la que se definía el alcance d ellos trabajos, el equipo humano asignado a los mismos, los honorarios y el plazo para su realización.
Ya en el mes de septiembre, Pricewaterhousecoopers presenta a la APB el informe final en el que se evalúa la diferencia de valor entre la concesión ampliada y la concesión sin ampliar. Sin embargo, el ente portuario detectó incorrecciones en los importes de las tasas y en los importes de las mejoras de tasas que SEMAR había tomado para realizar el cálculo, por lo que devolvió el informe a la empresa auditora para que realizase uno nuevo aplicando las correcciones.
Finalmente, en febrero de 2016 la auditora vuelve a presentar el informe, que en esta ocasión recibe el visto bueno de la Autoridad Portuaria, que lo remite a Puertos del Estado. Este organismo emite informe favorable el 14 de julio de 2016.
Sin embargo, toda esta más que extensa tramitación no sirvió de nada ya que, finalmente, el proyecto ejecutivo que aprobó la Autoridad Portuaria nada tenía que ver con el proyecto básico inicial y para el que se hizo el informe económico-financiero.
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