Una plantación de almendros en suelo rústico, en Santa Agnès.

Fue una de las promesas de campaña de Vicent Marí, la derogación del Plan Territorial Insular (PTI) aprobado in extremis en la anterior legislatura por la coalición PSOE-Podemos. Pasado el ecuador de la legislatura, con una pandemia de por medio, nada se ha hablado de este tema y nada se ha avanzado en firme. Desde el Grupo PSOE en el Consell quisieron recordarlo en el pleno insular del mes de julio con una moción de control.

«Dos semanas después de su investidura anunció la derogación inmediata de la modificación del PTI, ¿por qué no se ha hecho esta derogación?», preguntaba el portavoz del PSOE, Vicent Torres.

Marí replicó que la derogación anunciada implica modificar el PTI de forma consensuada, para acabar con las «reformas pendulares» de este documento que han ido realizando tanto el PP como el PSOE. Anunció que este mes de agosto o en septiembre, tras dos años de escasa actividad en este tema, harán llegar a los socialistas «propuestas» sobre este documento.

Unas propuestas que, según explicaron fuentes del PP, consistirán en las «líneas verdes y líneas rojas» del PTI, sobre las que se quiere empezar a trabajar en la segunda quincena de agosto.

El objetivo es definir el campo de juego en el que trabajar, para lograr un acuerdo, «tenemos que romper esta dinámica, que es la misma que sufrimos con la ley de educación a nivel Estatal», apuntaron estas fuentes.

En el PP, el grupo mayoritario dentro del Consell, consideran que este acuerdo es posible con el PSOE, «al menos con un sector del PSOE», también con Ciudadanos, con quien gobiernan la institución, pero lo ven mucho más complicado, sino imposible, con Unidas Podemos.

Indican que la problemática, del mismo modo que en la ley de educación, está en unos pocos puntos. Si en la ley de educación es la religión y con cuántas asignaturas se puede repetir curso, en el caso del PTI estos puntos de conflicto son, básicamente, los usos posibles en suelo rústico, las áreas de prevención de riesgo (APR) de incendios y las segregaciones.

Aseguran que este tema ya se ha tratado en reuniones con dirigentes socialistas y existen puntos de encuentro en los que se podría trabajar. Sin embargo, confiesan que, tanto en el PP como en el PSOE, existen sectores que no quieren ceder en determinados aspectos y «habrá que ver que sector pesa más».

«Al final son tres temas en los que tenemos que mover un poco los límites para llegar a un texto con el que todos estemos de acuerdo», consideran. Sin embargo saben que será un trabajo complejo que requerirá de cesiones.

Unas buenas palabras que ahora faltará ver si se convierten en hechos. En otoño se podrán ir conociendo detalles.

El PSOE califica como «un bunyol» el reglamento de simplificación administrativa
El portavoz del PSOE en el Consell consideró en el pasado pleno que el reglamento de simplificación administrativa, que se encuentra en fase de aprobación inicial, es «un bunyol» hecho «sin diálogo, sin consenso y sin acuerdo». Torres le pidió al presidente del Consell una rectificación en su actitud para cumplir con las promesas de su discuros de investidura de «acuerdo, diálogo y mano estendida. El presidente del Consell le recordó que sí se hicieron reuniones con el PSOE para su elaboración. «Usted no vino, pero vinieron sus compañeros», le replicó Marí, que indicó que se trata de un texto para cuya elaboración se ha hablado con los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, con los ayuntamientos y con los técnicos municipales, a los que se pidió cuáles eran los puntos en los que se debía hacer una modificación «para simplificar el funcionamiento de la administración.

Aseguró que el reglamento no elimina los controles de legalidad. «Es un reglamento que ha estado en exposición pública, se han presentado 19 alegaciones, las resolveremos y todavía se pueden introducir cambios antes de la aprobación definitiva». Para Marí se trata de un ejemplo de participación.