PSOE y PP frente a Cs y Podemos en la modificación de la ordenanza del taxi

El segundo teniente de alcalde y concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, votó en contra de este cambio por considerar que la redacción de este artículo es «ambigua y genera inseguridad jurídica».

«Creo que el Ayuntamiento tiene que ser valiente, hacer una modificación de la ordenanza, pero que sea clara. En la que se concrete si los titulares de la licencia de taxi podrán ejercer otra actividad o no», señaló Martín, que criticó que se hubiera impulsado esta modificación sin consenso con los demás municipio. Afeó además la postura socialista en este tema. «Sabemos que hay intereses particulares, favores a devolver y, a veces, interesa tener una norma en el limbo, que sea interpretable por un lado o por el otro», censuró el concejal naranja.

Joan Torres, concejal de Movilidad, defendió frente a su compañero de equipo de gobierno que el texto únicamente adapta la normativa local a la autonómica. Recordó que esta modificación de la ordenanza se hizo para incluir la uniformidad, pero que se ha aprovechado el proceso para actualizar este punto a la normativa autonómica a petición de una asociación de taxistas de Sant Antoni. «Si cualquier partido quiere aclarar este punto, le invito a que se lleve el tema al Parlament para que se hagan las modificaciones o el desarrollo necesario que haga falta. Pero lo que hacemos a día de hoy es adaptar este artículo literalmente a lo que dice la ley autonómica», insistió.

Falta de consenso
Por su parte, Unidas Podemos recriminó las prisas de los grupos municipales que han apoyado la aprobación de la nueva ordenanza para taxis en el municipio, y que hayan «obviado la falta de consenso entre los diferentes municipios de la isla». «Esta ordenanza tiene tantas lagunas que ni tan siquiera el equipo de gobierno ha podido llegar a un acuerdo para su aprobación, se trata de un hecho muy preocupante», señaló Fernando Gómez, concejal de Unidas Podemos en Sant Antoni.

En su segundo turno de réplica, Torres apeló a la intervención del secretario para que clarificase la contradicción que existe entre el reglamento nacional y la ley autonómica en este aspecto.

Prevalece la norma autonómica
El secretario de la Corporación recordó que la competencia de Transporte Terrestre está transferida a la Comunidad Autónoma conforme al Estatuto de Autonomía y que, por tanto, la norma autonómica prevalece sobre el reglamento estatal. «El reglamento nacional se aplicaría con carácter supletorio, cuando existe una laguna. Lo que deberíamos ver es si debemos entender que este artículo deja una laguna que pueda ser cubierta por el reglamento de 1979 o no. Tengo mi opinión pero por lo que dice la ley yo lo veo claro», dijo, sin concretar este aspecto.

Para el portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, el artículo está bien claro. El que calla otorga, dio a entender, por lo que el articulado portmanyí dejaría abierta esta posibilidad de poder ejercer otra actividad además de la del taxi siempre que se cumpliera con las normas de prestación del servicio. A pesar del sentido de su voto consideró poco adecuado que se decidiera de forma unilateral en cada municipio cómo se presta este servicio, que en un 80% se ofrece fuera de los términos municipales e indicó a Martín que llamase al conseller de Transportes para que unificase este tema, algo que el conseller tampoco podría hacer al tratarse de una competencia municipal.
El debate concluyó con la votación y los bloques improbables: PSOE, PP, PxE por un lado y, frente a ellos, Ciudadanos y Unidas Podemos.