En la Conferencia de Presidentes se abordó también la nueva Ley de Consells en su última versión, tras la modificaciones realizadas fruto de las alegaciones de los propios consells y del dictamen del Consell Consultiu que se emitió en julio.

El texto tendrá ahora que llevarse al Parlament para su debate y aprobación final, que el Govern espera que se haga en el primer trimestre de 2022.

La norma anterior era del año 2000 y no incluía muchos de los cambios surgidos del último Estatuto de Autonomía de 2007, entre ellos la creación del Consell de Formentera.

El nuevo texto busca recoger la naturaleza local y autonómica de los consells, explicó el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, algo que «se hacía necesario para desarrollar competencias con la máxima eficacia.

«Será importante que esta ley se apruebe con el espíritu que ha sido concebida, una posición compartida entre Govern y los cuatro consells», valoró la presidenta del Govern, Francina Armengo.

Indicó que el objetivo es «agilizar» la labor de trabajo de los cuatro consells que «permite adecuarla a su realidad». Destacó además que «por fin» se recogerá la existencia del Consell de Formentera que lleva «muchos años funcionando de manera extraordinaria.

La norma supondrá modificaciones en el funcionamiento del Consell, la forma de desarrollar algunas de sus competencias o la simplificación de algunos aspectos como la potestad reglamentaria, que hasta ahora suponía un procedimiento muy complejo para la elaboración de reglamentos.

En la reunión el Govern también dio cuenta de la solicitud que se ha hecho al Estado para que se modifique la Ley de Bases de Régimen Local para que incluya la figura de los consells como instituciones que tienen la doble vertiente autonómica y local.