El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y la directora insular, Nahira Cardona, ayer en la presentación de las conclusiones del plan piloto llevado a cabo este agosto contra las fiestas ilegales. | Toni Planells

Ayer se presentaron las conclusiones del plan piloto que el Consell d’Eivissa puso en marcha durante el mes de agosto desde el departamento de Lucha contra el Intrusismo.

Un equipo de rastreadores estuvieron durante el mes de agosto infiltrándose en fiestas ilegales, para poder desarticularlas, y en caso de no ser posible, recabar las pruebas pertinentes para que ayuntamientos y Govern balear, uno en materia de actividades y otro en materia de Covid, puedan imponer las sanciones pertinentes.

La falta de efectivos policías diluyó su trabajo porque en realidad el dispositivo solo abortó una fiesta, si bien logró tener efectos disuasorios.

Conclusiones
El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, reconoció que el fenómeno de las fiestas ilegales «ya existía antes y probablemente sigan existiendo tras la época Covid, pero este año, fruto del cierre de las discotecas regladas se ha generalizado».

El conseller explicó que se han extraído tres conclusiones significativas de las investigaciones de los detectives: falta de efectivos policiales en los municipios ibicencos, la necesidad de elaborar un cambio normativo para poder actuar de manera ágil y efectiva y el hecho de que ninguna de las viviendas investigadas se encontraran registradas como alojamiento turístico.

Falta de efectivos policiales
La principal de las conclusiones gira en torno a la falta de efectivos policiales e instó a todas las fuerzas políticas del Parlament a aporyar aquellas iniciativas que sirvan para aumentar las plantillas de policías locales y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ibiza.

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Otra conclusión derivada de la investigación pone sobre la mesa que ninguna vivienda de las investigadas fuera turística. En este sentido el conseller recordó que «las fiestas ilegales en cuanto a incumplimiento de la normativa autonómica Covid-19 y de la Ley de Actividades no son en ningún caso una infracción competencia del Consell, pero lejos de dar la espalda a los ayuntamientos hemos decidido actuar y ayudar. Ahora el Govern balear y los consistorios deberán instruir estas denuncias y hacer las investigaciones adecuadas».

Continuidad
Mariano Juan ha calificado la prueba piloto, que ha tenido un coste de 15.000 euros de «muy satisfactoria» y ha adelantado que «todos los ayuntamientos, por unanimidad, han pedido su continuidad el próximo año».

Siete fiestas clandestinas y 29 denuncias
Fueron siete las fiestas ilegales en las que los investigadores se infiltraron durante el mes de agosto, cuatro de ellas en Sant Josep, dos en Sant Antoni y otra más en Santa Eulària. Ninguna de las villas estaba registrada como vivienda turística.

En estas fiestas se pudieron recabar los datos de hasta 29 personas, 17 relacionadas con la recaudación y 12 con la logística, que han sido denunciadas a los ayuntamientos correspondientes, al Govern balear por el incumplimiento de la normativa Covid-19.

También se procederá a presentar las denuncias pertinentes a la Agencia Tributaria en el caso de las personas encargadas de la recaudación.

Una de las fiestas clandestinas pudo ser abortada gracias a la labor de los investigadores, sin embargo la falta de efectivos impidió que las Policías Locales pudieran actuar, pese a haber estado avisadas por parte de los investigadores.